Francisco Ortega Polanco
Santo Domingo, 30 may (EFE).- El juez dominicano Francisco Ortega, tras una audiencia de cinco horas, decidió aplazar para este miércoles el conocimiento de las medidas de coerción contra un grupo de funcionarios, políticos y empresarios implicados en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tomó la decisión para que los abogados de los involucrados puedan acceder a las copias del expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público.
Ortega, además, mantuvo la decisión de mantener en prisión a los inculpados, rechazando los argumentos de la defensa.
Otra decisión que tomó el juez de la SCJ, fue la de rechazar la nulidad del proceso como solicitaron algunos abogados, bajo el alegato de que uno de los acusados estaba fuera del país, además de que no había sido citado.
Ortega escuchó los alegatos del Ministerio Público, que en una primera intervención solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo, entre quienes se encuentran el ministro de Industria y comercio, Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y expresidente del Senado, Andrés Bautista.
El reclamo de la mayoría de los abogados defensores, fue el de que ni ellos ni sus clientes conocían el expediente formulado por la Procuraduría General de la República, cuyo responsable, Jean Alain Rodríguez, anunció este lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, que aseguró haber pagado 92 millones de dólares en el país en concepto de sobornos para acceder a obras públicas.
A la audiencia también se presentaron los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del PRM, Alfredo Pacheco, quienes se incluyen en el grupo de acusados por supuesta corrupción, pero quienes gozan de jurisdicción privilegiada por sus condiciones de legisladores, por lo cual no pueden ser apresados, a menos que sus respectivas cámaras les retiren ese privilegio.
Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Entre los apresados figuran también, el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en República Dominicana; los exvicepresidentes ejecutivos de la estatal Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Roberto Rodríguez y Máximo De Óleo Ramírez, exfuncionario de la CDEEE.
Además, el exdiputado Rudy González; el abogado Conrado Pittaluga, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien está fuera del país y hoy informó que regresará para enfrentar las acusaciones.
Las acusaciones han estremecido a la clase política dominicana, pues entre los involucrados figuran altos dirigentes de los dos principales formaciones políticos del país, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el PRM.EFE
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