JUAN BOLIVAR DÍAZ periodista.
RD: todas las posibilidades
Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.
Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.
No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario administrativo de la Presidencia, luego secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el Metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.
El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “El Métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.
Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.
Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que solo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.
Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.
Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.
Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de Gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vinculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el Metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.
Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.
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| JUAN T Hperiodista y abogado. |
Alicia en el país de los corruptos
El Informe de Alicia Ortega sobre la inmensa fortuna acumulada por el ingeniero Diandino Peña desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió el poder en 1996, como ha ocurrido con otros dirigentes, terminó con su cargo en el gobierno al ser cancelado por el presidente Danilo Medina, sorprendiendo a muchos que ven en esa acción una jugada política.
Es la primera vez que ante una denuncia, bien documentada como la que presentó El Informe, el mandatario actúa consecuentemente como lo prometió durante la campaña del 2012. No basta con la cancelación. Procede ahora la intervención del Ministerio Público.
Los analistas dicen que en otras ocasiones, tras denuncias similares, el presidente no hizo lo mismo. Y es cierto. Afirman que ahora la intención era quitar del medio a uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente de la República y presidente del PLD, candidato sempiterno, Leonel Fernández.
Diandino es un hombre de Leonel. Una de sus alcancías, dicen muchos.
Esos argumentos no le quitan validez ni trascendencia al programa de televisión de Alicia. Al contrario, le da mayor significación. Tanto ella como los demás periodistas, organizaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición tienen que continuar con sus denuncias sobre corrupción y pedir al mismo tiempo, como lo hace el Movimiento Verde, el fin de la impunidad.
Los documentos presentados por Alicia después de una minuciosa investigación de meses, no dejaban lugar a dudas sobre lavado de activos, evasión de impuestos y perjurio en la declaración jurada de bienes, lo que amerita la intervención del Ministerio Público.
Tan abrumadores fueron los documentos, que Alicia bien pudo prescindir de la entrevista con el señor Peña, que parecía incriminarse ante cada pregunta luciendo torpe y temeroso, sorprendido ante las evidencias presentadas. (Le dio un ataque temporal de alzhéimer)
El antiguo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), responsable de la construcción del Metro de Santo Domingo con un costo de dos mil millones de dólares, pero que antes ocupó posiciones de mayor relevancia en el organigrama del Estado, no supo o no pude defenderse. Terminó victimizándose acusando a la periodista de haberlo engañado llevándolo a una encerrona, cosa que ella negó.
Para mí lo importante no fue la entrevista. Alicia pudo prescindir de ella sin que El Informe perdiera su impacto. (Supongo que la hizo para darle derecho a defenderse y aclarar las imputaciones que les hacían los documentos obtenidos después de una larga pesquisa, lo cual revela su profesionalidad)
Dicen los defensores de Diandino en los medios de comunicación que detrás del “Informe” hay intereses económicos y políticos relacionados con el gobierno que buscan hacerle daño a Leonel Fernández para que los “vientos no soplen a su favor” ahora que Danilo Medina está en el piso y no podrá reelegirse.
En la política, como en todo lo demás, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Sé que los dueños de los medios de comunicación tienen sus intereses. Sé que no hay independencia ni imparcialidad en la prensa.
Ahora bien, -insisto- lo verdaderamente importante no es la entrevista, es pedir una investigación exhaustiva sobra la revelación que ha hecho Alicia Ortega sobre las empresas y los bienes que no figuran en la declaración jurada de bienes. Lo importante es saber por qué, si todo es transparente, Diandino tiene tantas empresas en el extranjero y por qué se vale de terceros para ocultarlas, (Testaferros)
Para mí la mala de la telenovela no es Alicia, es Diandino. Ella no tiene nada que probar, es él quien tiene que probar, ante los tribunales que es inocente, que su fortuna no es fruto de la prevaricación, del tráfico de influencias, el desfalco y otras formas ilegales de robarle el dinero al pueblo.
Espero que la lucha contra la corrupción continúe. Que no caiga solo el ingeniero Peña, de ser culpable, sino muchos otros que no pueden justificar sus bienes, que obviamente se enriquecieron al amparo del poder. No solo Diandino merece ser cancelado y sometido a la justicia. El peso de la ley y la condena moral de la sociedad debe recaer sobre muchos otros.
periodista.ORION MEJIA
El color de la corrupcion
El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.
La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.
Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con absoluto decoro.
La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.
Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.
Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.
Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.
La economía dominicana creció en los últimos tres años en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva la indigencia.
Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.
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