Max Puig, Eduardo Estrella y Minou Tavárez
SANTO DOMINGO.- Los dirigentes opositores Max Puig y Eduardo Estrella cuestionaron el proceso iniciado contra 14 personas por el caso de los sobornos que habría entregado la empresa Odebrecht.
Sin embargo, la también dirigente opositora Minou Tavárez Mirabal opinó que dicho proceso es “un hito” en la historia del país que revela “el nacimiento de una nueva época y el despertar del pueblo dominicano”.
Puig, presidente del Partido Alianza Por la Democracia (APD), dice que un primer análisis del expediente del caso Odebrecht revela que “está plagado de serias contradicciones y demuestra una completa falta de rigor, además de caracterizarse por sus enormes lagunas y ausencia de datos e implicados fundamentales”.
Indica que “la ausencia de informaciones cruciales da a entender que el acuerdo con Odebrecht tuvo como propósito fundamental asegurar la impunidad de la empresa brasileña y sus ejecutivos, a fin de lograr que estos últimos aseguraran la cobertura de altos funcionarios del gobierno dominicano en ejercicio implicados en la trama ilegal”.
“Se observa, igualmente, que el expediente ha sido manipulado para inculpar a dirigentes políticos opositores, con la pretensión manifiesta de desacreditar y debilitar las fuerzas políticas opositoras. Esto es evidente en el caso de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, señala.
Puig considera que “hasta prueba en contrario, Andrés Bautista es un hombre serio” y que su detención obedece al propósito del gobierno de confundir a la opinión pública y diluir responsabilidades que recaen sobre algunos de sus principales funcionarios ejecutivos.
Dice que el propio expediente señala de manera expresa, en su página 14, que la adjudicación del contrato para la construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina fue otorgada mediante el pago de sobornos.
“Queda claro que los responsables directos del proyecto de las antiambientales plantas de carbón de Punta Catalina son los primeros que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados”, puntualiza.
Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, calificó como grave que hasta la fecha no se hayan iniciado las auditorías técnicas y financieras a las obras envueltas en los escándalos de sobornos.
A su juicio, en las sobrevaluaciones está la gran estafa al pueblo dominicano y por ello los responsables deben ser llevados al banquillo de los acusados.
“Al gobierno es al que más le conviene transparentar las plantas de Punta Catalina, obra de mayor costo y envergadura en la cual Odebrecth ha intervenido en el país”, agrega.
A su juicio, esta última obra es la primera a la cual se le debe realizar, sin más demora, una auditoría técnico-financiera, antes de hacerle nuevos desembolsos de fondos.
Sobre los sometimientos del caso de Odebrecth, apuntó que “no se ve muy claro el interés de las autoridades de llevar un proceso transparente y llegar hasta las últimas consecuencias”.
Minou Tavárez Mirabal, presidenta de Opción Democrática, se preguntó: “¿Cuándo se había visto en el país a cinco miembros del Comité Central del partido de gobierno, entre ellos un ministro, siendo imputados y conducidos a prisión?”.
A su juicio, esto es un hito, resultado de las presiones sociales a través del movimiento de la Marcha Verde, que “ha puesto en el centro del debate nacional el fin de la impunidad”.
“Ese acontecimiento con todo y sus visos de espectáculo, independientemente de las aristas y los cuestionamientos que podamos tener no lo habíamos visto nunca y debemos convenir en que es un paso de avance, atribuible precisamente a la demanda firme del pueblo dominicano de ponerle fin a la impunidad.
Dijo que “aquí a nadie se le va a ocurrir creer que Medina tenía interés en sancionar culpables y hacer justicia”.
Declaró que la oposición dominicana, además de estar apoyando el reclamo de los dominicanos que se castigue a los corruptos, debe seguir “coordinando acciones para evitar que “el desastre electoral del 2016 vuelva a repetirse y no dormirse en demandar que el Consejo Nacional de la Magistratura designe un Tribunal Superior Electoral que deje de ser un comité de base del PLD, que actúe apegado a las leyes y que la aprobación de la reforma a la ley electoral y de la ley de partidos políticos sirvan para garantizar la construcción del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país”.
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