SANTO DOMINGO.- Los abogados de Conrado Pittaluga, Ángel Rondón y César Sánchez, tres de los imputados en el caso de los 92 millones de dólares que la empresa Odebrecht asegura haber pagado entre 2001 y 2014 para adjudicarse los contratos para construir obras de infraestructuras del Gobierno, solicitaron este viernes la libertad “pura y simple” de sus clientes, o una medida de coerción “menos gravosa” que la prisión preventiva. del Gobierno.
Eric Raful, Santiago Rodríguez y Joaquín Zapata, abogados de Pittaluga, alegaron violaciones constitucionales y legales, principalmente por la vulneración de derechos fundamentales, falta de motivación y de pruebas en contra de de su cliente.
Asimismo, pidieron a los jueces Miriam Germán Brito, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hiroito Reyes y Esther A. Casasnova que revoquen la prisión preventiva en contra de su defendido que ordenó el magistrado de la Instrucción Especial de la Suprema, Francisco Ortega Polanco.
Argumentaron que Pittaluga no representa peligro de fuga y que tiene arraigo suficiente para justificar su puesta en libertad.
El propio Pittaluga aseguró en la audiencia que se presentará a todas las audiencias que exija el proceso.
Defensa de Rondón
De su lado, la defensa del empresario Rondón, integrada por los abogados Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Manuel Fermín Cabral también sostuvieron que su cliente tiene suficiente arraigo y que no representa peligro de fuga.
Delgado cuestionó, asimismo, el “aparatoso” operativo para arrestar a Rondón y la presencia de los medios de comunicación en la residencia del imputado.
Rondón negó haber pagado sobornos a funcionarios y legisladores para que favorecieran la aprobación de préstamos para la construcción de obras adjudicadas a Odebrecht.
“Si alguno de los que están aquí, exlegisladores o exfuncionarios dicen que yo les he entregado un peso para obtener un proyecto, que se paren y pasen al frente y se lo confirmen a ustedes. No, no lo he hecho, lo que he recibido ha sido producto de mi trabajo y puedo justificarle a ustedes dónde los tengo invertido”, acotó el empresario en la audiencia.
Dijo que se encontraba con su familia de vacaciones en Estados Unidos cuando anunciaron la investigación del caso Odebrecht.
Indicó que ha acudido a la Procuraduría General de la República cada vez que lo han requerido y que está en disposición de seguir acudiendo al tribunal cuantas veces lo citen.
“He dicho que yo me autoimpuse una medida de coerción de más o menos cinco meses en mi casa, porque hasta cuando voy a mi finca he pensado si le pido autorización a la Procuraduría, porque está camino al Aeropuerto, por el temor que digan que se va fuera del país”, acotó.
Manifestó que jamás ha hablado o ha admitido que recibió 92 millones de dólares “porque eso no lo he recibido yo, y se lo dije a la Procuraduría, que si está buscando el soborno, por ahí no es que está, porque yo no lo he recibido”.
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