La real lucha anti corrupción
“La marcha verde se desploma”. Con ese titular publiqué un análisis político en las páginas de Listín, el 23 de noviembre del año pasado, en el que demostraba que la irracional radicalización anti gobierno, anti PLD y sus dirigentes, que desplegó un grupito que quiso acaparar y politizar con ideas anti sistema el movimiento social en ciernes, había llevado al abismo lo que debió ser una gran lucha social contra la corrupción y la impunidad en el país.
Los populistas de la política, en República Dominicana y la generalidad de Latinoamérica involucrados en el controvertido caso Odebrecht, han tratado de montarse en la ola anti corrupción para desplegar conspiraciones, anarquizar sociedades y derrocar gobiernos, como ocurrió en Brasil y en Guatemala, sin importar los estados entren en crisis económicas y sociales por sus irracionales aberraciones anti todo. Ha quedado más que demostrado que la lucha contra la corrupción no debe afectar la actividad económica de una nación sino, por el contrario, sanearla. A los políticos y conspiradores esto poco les preocupa.
Lo saben bien políticos, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, o Lenín Moreno, de Ecuador, cuyas vendettas contra los contrarios han sumido sus sociedades en problemas económicos y sociales por la politización de la lucha contra la corrupción. Colombia y México siguen la misma línea, mientras naciones como Estados Unidos, que tiene mucha experiencia en estos casos, han desarrollado políticas donde se castiga penalmente a ejecutivos e imponen multas a empresas que colaboran con la justicia, pero garantizando siempre que las inversiones no se vayan por el sumidero, como los casos Siemens, Rolls Royce, Haliburton, Odebrecht, entre otras.
Panamá y República Dominicana han seguido la ruta trazada por Estados Unidos, con acuerdos que buscan la preservación de las actividades económicas, mientras la justicia realiza su labor con la persecución y juicio de los imputados en acciones de corrupción.
República Dominicana ha aprovechado el tema Odebrecht para fortalecer sus leyes y reglamentos anti corrupción -como la ley de lavado- pese a que el grupito de bullangueros anti sistema prefiere los paredones frente al Altar de la Patria para materializar los paredones morales que aplican a diario, en el desahogo de sus frustraciones.
La sociedad, la autoridad, no les ha comprado el grito de ‘tierra arrasada’ de los que politizando la lucha contra la corrupción no hacen más que pervertirla, intentando crear una crisis social con una desestabilización de la economía, dejando a medio talle las inversiones y proyectos que son, a fin de cuentas, un verdadero patrimonio nacional.
Violencia haitiana e incitación de los grandes
Las autoridades, a todos los niveles, no pueden dejar pasar por alto lo que ha sucedido en Pedernales, cuyos pobladores pretendieron tomar la justicia en sus manos para expulsar a los haitianos que en cantidades impensadas han ocupado esa provincia completa, no sólo el municipio cabecera.
La reacción ante el asesinato de una pareja atribuida por los habitantes a delincuentes haitianos es entendible, si bien no es la forma correcta de proceder frente a la comisión de delitos en los que frecuentemente incurren ciudadanos del vecino país.
El envío de tropas que por orden del presidente Danilo Medina han ido a imponer el orden en Pedernales, es una reacción oportuna pero no suficiente, puesto que de no adoptarse medidas duraderas posiblemente volverán a presentarse situaciones que comprometan la tranquilidad, la seguridad y el orden público en esa ciudad.
La muerte de los esposos Julio Reyes Pérez y Neiva Feliz Urbáez es un suceso que pudiera considerarse aislado si tomamos en cuenta que todos los días se producen homicidios en todo el territorio nacional, incluso con la participación de ciudadanos haitianos. Ese no es el problema.
Y ni siquiera lo es la cada vez más abundante presencia de ilegales del vecino Estado que se apoderan de espacios dominicanos generando la natural y lógica indignación de los dueños de este territorio, que somos los herederos del sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella.
El problema es más que eso, y debemos conectarlo con la incesante prédica de Gobiernos e instituciones extranjeros que mantienen una agitación, a veces sutil y otras destemplada, contra las políticas que se adoptan de este lado en defensa del interés nacional y de incitación a que los ciudadanos de la parte occidental de la isla de Santo Domingo se consideren merecedores de lo que existe en la porción oriental.
Es justamente lo que ocurre cuando se producen pronunciamientos como el formulado por la que dentro de pocos días asumirá como embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, quien durante su audiencia de confirmación en el Senado volvió a recurrir a la mentira de los apátridas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y algunas ONG son permanentes agitadores que utilizan el mismo argumento mentiroso de que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional creó miles de apátridas al despojar a los haitianos de “su nacionalidad dominicana”, la cual nunca tuvieron.
Ha sido esta irresponsabilidad y el uso consciente de una mentira lo que ha ido alimentando situaciones potencialmente explosivas, en razón de que una población irregular que cree haber sido despojada de derechos, tiende a reaccionar de manera violenta en procurar de recuperarlos. En realidad, poco conflictos han estallado.
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