Violencia haitiana e incitación de los grandes
periodista.
Las autoridades, a todos los niveles, no pueden dejar pasar por alto lo que ha sucedido en Pedernales, cuyos pobladores pretendieron tomar la justicia en sus manos para expulsar a los haitianos que en cantidades impensadas han ocupado esa provincia completa, no sólo el municipio cabecera.
La reacción ante el asesinato de una pareja atribuida por los habitantes a delincuentes haitianos es entendible, si bien no es la forma correcta de proceder frente a la comisión de delitos en los que frecuentemente incurren ciudadanos del vecino país.
El envío de tropas que por orden del presidente Danilo Medina han ido a imponer el orden en Pedernales, es una reacción oportuna pero no suficiente, puesto que de no adoptarse medidas duraderas posiblemente volverán a presentarse situaciones que comprometan la tranquilidad, la seguridad y el orden público en esa ciudad.
La muerte de los esposos Julio Reyes Pérez y Neiva Feliz Urbáez es un suceso que pudiera considerarse aislado si tomamos en cuenta que todos los días se producen homicidios en todo el territorio nacional, incluso con la participación de ciudadanos haitianos. Ese no es el problema.
Y ni siquiera lo es la cada vez más abundante presencia de ilegales del vecino Estado que se apoderan de espacios dominicanos generando la natural y lógica indignación de los dueños de este territorio, que somos los herederos del sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella.
El problema es más que eso, y debemos conectarlo con la incesante prédica de Gobiernos e instituciones extranjeros que mantienen una agitación, a veces sutil y otras destemplada, contra las políticas que se adoptan de este lado en defensa del interés nacional y de incitación a que los ciudadanos de la parte occidental de la isla de Santo Domingo se consideren merecedores de lo que existe en la porción oriental.
Es justamente lo que ocurre cuando se producen pronunciamientos como el formulado por la que dentro de pocos días asumirá como embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, quien durante su audiencia de confirmación en el Senado volvió a recurrir a la mentira de los apátridas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y algunas ONG son permanentes agitadores que utilizan el mismo argumento mentiroso de que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional creó miles de apátridas al despojar a los haitianos de “su nacionalidad dominicana”, la cual nunca tuvieron.
Ha sido esta irresponsabilidad y el uso consciente de una mentira lo que ha ido alimentando situaciones potencialmente explosivas, en razón de que una población irregular que cree haber sido despojada de derechos, tiende a reaccionar de manera violenta en procurar de recuperarlos. En realidad, poco conflictos han estallado.
periodista.
Las autoridades, a todos los niveles, no pueden dejar pasar por alto lo que ha sucedido en Pedernales, cuyos pobladores pretendieron tomar la justicia en sus manos para expulsar a los haitianos que en cantidades impensadas han ocupado esa provincia completa, no sólo el municipio cabecera.
La reacción ante el asesinato de una pareja atribuida por los habitantes a delincuentes haitianos es entendible, si bien no es la forma correcta de proceder frente a la comisión de delitos en los que frecuentemente incurren ciudadanos del vecino país.
El envío de tropas que por orden del presidente Danilo Medina han ido a imponer el orden en Pedernales, es una reacción oportuna pero no suficiente, puesto que de no adoptarse medidas duraderas posiblemente volverán a presentarse situaciones que comprometan la tranquilidad, la seguridad y el orden público en esa ciudad.
La muerte de los esposos Julio Reyes Pérez y Neiva Feliz Urbáez es un suceso que pudiera considerarse aislado si tomamos en cuenta que todos los días se producen homicidios en todo el territorio nacional, incluso con la participación de ciudadanos haitianos. Ese no es el problema.
Y ni siquiera lo es la cada vez más abundante presencia de ilegales del vecino Estado que se apoderan de espacios dominicanos generando la natural y lógica indignación de los dueños de este territorio, que somos los herederos del sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella.
El problema es más que eso, y debemos conectarlo con la incesante prédica de Gobiernos e instituciones extranjeros que mantienen una agitación, a veces sutil y otras destemplada, contra las políticas que se adoptan de este lado en defensa del interés nacional y de incitación a que los ciudadanos de la parte occidental de la isla de Santo Domingo se consideren merecedores de lo que existe en la porción oriental.
Es justamente lo que ocurre cuando se producen pronunciamientos como el formulado por la que dentro de pocos días asumirá como embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, quien durante su audiencia de confirmación en el Senado volvió a recurrir a la mentira de los apátridas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y algunas ONG son permanentes agitadores que utilizan el mismo argumento mentiroso de que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional creó miles de apátridas al despojar a los haitianos de “su nacionalidad dominicana”, la cual nunca tuvieron.
Ha sido esta irresponsabilidad y el uso consciente de una mentira lo que ha ido alimentando situaciones potencialmente explosivas, en razón de que una población irregular que cree haber sido despojada de derechos, tiende a reaccionar de manera violenta en procurar de recuperarlos. En realidad, poco conflictos han estallado.
Sí existe un tratado de extradición con Haití
periodista y diplomático. Reside en Haití.
A raíz de los acontecimientos de Pedernales, donde fueron asesinados los esposos Julio Reyes Pérez y Neida Urbáez, supuestamente a manos de un nacional haitiano, hay voces que vuelven a insistir en que no existe un tratado de extradición con Haití.
Si bien es cierto que el convenio bilateral de extradición de 1874, incluido en el tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación, perimió consumido por el tiempo, hay un poderoso instrumento multilateral vigente que obliga a los dos Estado de la isla, bajo el principio jurídico universal Pacta sunt servanda.
Se trata de la Convención de Uruguay, firmada el 26 de diciembre de 1933 y donde estuvieron representados República Dominicana y Haití, que firmaron sin ninguna reserva.
República Dominicana estuvo representada por el embajador Tulio Manuel Cestero, mientras que por Haití asistieron Justin Barau, Francis Salgado, Edmond Mangonés y Antoine Pierre-Paul.
Este instrumento ha sido usado recurrentemente como base jurídica en el engranaje de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en las sentencias sobre extradición.
El artículo 1 de ese tratado dice así: Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
- Que el Estado requiriente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado.
- Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de libertad.
El Estado al que se le requiere la extradición sólo podría negarse a concederla cuando concurran tres situaciones:
1.-Cuando haya prescrito la acción penal
2.- Cuando el individuo haya cumplido su condena en el país del delito
3.-Cuando el individuo inculpado haya sido o esté siendo juzgado en el Estado requerido por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición.
4.-Cuando se trate de delito político
5.-Cuando se trate de delitos puramente militares o de religión
En la era de Trujillo este instrumento fue usado con frecuenta entre los dos Estados y más recientemente el caso del coronel Jean Cols Remeau, en el año 2000. Acusado de violación de los derechos humanos, el individuo se había refugiado en territorio dominicano, fue requerido por las autoridades haitianas y el gobierno dominicano se lo entregó, haciendo uso de la Convención de Uruguay.
sp/am
periodista y diplomático. Reside en Haití.
A raíz de los acontecimientos de Pedernales, donde fueron asesinados los esposos Julio Reyes Pérez y Neida Urbáez, supuestamente a manos de un nacional haitiano, hay voces que vuelven a insistir en que no existe un tratado de extradición con Haití.
Si bien es cierto que el convenio bilateral de extradición de 1874, incluido en el tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación, perimió consumido por el tiempo, hay un poderoso instrumento multilateral vigente que obliga a los dos Estado de la isla, bajo el principio jurídico universal Pacta sunt servanda.
Se trata de la Convención de Uruguay, firmada el 26 de diciembre de 1933 y donde estuvieron representados República Dominicana y Haití, que firmaron sin ninguna reserva.
República Dominicana estuvo representada por el embajador Tulio Manuel Cestero, mientras que por Haití asistieron Justin Barau, Francis Salgado, Edmond Mangonés y Antoine Pierre-Paul.
Este instrumento ha sido usado recurrentemente como base jurídica en el engranaje de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en las sentencias sobre extradición.
El artículo 1 de ese tratado dice así: Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
- Que el Estado requiriente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado.
- Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de libertad.
El Estado al que se le requiere la extradición sólo podría negarse a concederla cuando concurran tres situaciones:
1.-Cuando haya prescrito la acción penal
2.- Cuando el individuo haya cumplido su condena en el país del delito
3.-Cuando el individuo inculpado haya sido o esté siendo juzgado en el Estado requerido por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición.
4.-Cuando se trate de delito político
5.-Cuando se trate de delitos puramente militares o de religión
En la era de Trujillo este instrumento fue usado con frecuenta entre los dos Estados y más recientemente el caso del coronel Jean Cols Remeau, en el año 2000. Acusado de violación de los derechos humanos, el individuo se había refugiado en territorio dominicano, fue requerido por las autoridades haitianas y el gobierno dominicano se lo entregó, haciendo uso de la Convención de Uruguay.
sp/am
Preocupante masificación mano de obra extranjera
Cada cierto tiempo el tema de la mano de obra extranjera se debate en los medios de comunicación, por el no cumplimiento de parte de los constructores del artículo 135 del Codigo de Trabajo y el visible aumento de obreros haitianos en las construcciones que se realizan. Realidad que resulta muy grave y preocupante, porque ya tiene raíces profundas de árboles grandes y frondosos.
El gobierno debe abocarse a la conformación de un equipo interinstitucional con todos los actores que tienen que ver con dicho sector, con mira a aumentar la mano de obra dominicana. Debe implementar políticas tendentes a incentivar a los jóvenes a que participen en el sector de la construcción, como una forma de atraer la atención a un sector que genera más de trescientos mil empleos y una gran parte no son ocupados por trabajadores nacionales, por tanto, el impacto positivo no es posible verse en la economía dominicana.
Si el gobierno no toma parte en esto, no habrá solución alguna sobre este tema. Debe implementar una política de promoción a través de los diferentes medios de comunicación, incentivando a los trabajadores a percibir este importante nicho como una oportunidad de empleo.
El sector construcción que mantiene cada año un crecimiento muy activo y que aporta, según el Gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu, el 9% de PIB, es uno de los pocos sectores donde se puede crecer empezando desde obrero, hasta llegar a maestro constructor, y algunos trabajadores hasta llegan a ser profesionales del área.
Bajo estas circunstancias, es totalmente imposible cumplir con el 80/20 (80% trabajadores nacionales y 20% extranjeros) establecido en el artículo 135 del Código de Trabajo, aunque se apliquen y aumenten las sanciones. Es duro decirlo y también escucharlo, en este momento no hay suficientes trabajadores dominicanos motivados para cumplir con esta necesaria disposición. Pero con una política clara de motivación, poco a poco pudiera incrementarse la cantidad de obreros nacionales.
Siempre ha habido mucha preocupación en los sectores que componen el sector unido de la construcción, integrado por el Codia, la Cámara Dominicana de la Construcción, Acoprovi, entre otras, por situaciones que han pasado con relación a la participación de trabajadores haitianos, quienes tienen ubicados bufetes de abogados para someter a contratistas por prestaciones laborales inexistentes.
No es verdad como dicen algunas personas, que se prefiere a trabajadores haitianos porque se le paga mucho menos que a un nacional, en estos momentos, esa aseveración no es cierta, aunque tuvo asidero en años pasados, y sin lugar a dudas contribuyó al desplazamiento del trabajador dominicano y al aumento del extranjero.
La Asociación de Maestros constructores (AMACOA) estuvo trabajando en la captación de obreros y albañiles dominicanos, con mira a que se motiven a trabajar en ese importante sector, pero no han recibido el apoyo del gobierno para seguir incentivando y organizando a los trabajadores nacionales.
¡Se necesitan menos palabras y más acciones o en unos pocos años la construcción estará de manera total en manos de extranjeros, incluyendo ahora venezolanos!
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