Eduardo Jorge Prats
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SANTO DOMINGO.- La fracción que encabeza el ex presidente Hipólito Mejía en el PRD tendrá que someterse a la legalidad y a la institucionalidad, ya que ni la militancia de esa organización ni la sociedad dominicana aceptarán la imposición de un poder malvado sobre la vigencia de la Constitución y las leyes.
El abogado Eduardo Jorge Prats dijo que la posición de "la facción de Mejía" de que el Tribunal Superior Electoral no tiene jurisdicción para conocer de los recursos que le han sido presentados, es un recurso infundado, ya que esa instancia fue creada para dirimir los conflictos al interior de los partidos.
"La decisión de suspender a Miguel Vargas como presidente del PRD y de otros dirigentes en sus respetivos cargos de dirección, no envuelve un simple caso de medidas disciplinarias, sino la violación de derechos constitucionales y acciones para desplazar a dirigentes que fueron elegidos por una convención nacional y, en el caso de Vargas, por un plebiscito en el que contó con el respaldo de más del 97 por ciento de los militantes perredeístas", explicó.
Indicó que se se trata de un conflicto por el control de la dirección del PRD, y es una competencia legal y legítima del TSE conocer de este tipo de conflictos.
Agregó que la dirección del PRD y sus abogados defenderán la legalidad e institucionalidad hasta donde sea necesario "aunque se tome el tiempo que se tome, sin hacer caso a presiones ni amenazas de ningún tipo”.
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