Rubén Bichara
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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, consideró prioritario renegociar los contratos con los generadores de energía y corregir la sobreindexación en los precios de compra y venta a las distribuidoras de electricidad.
Dicha renegociación le ahorraría al Estado alrededor de US$500 millones cada año, según Bichara.
El funcionario citó un caso que pone de referencia para justificar que sí es posible lograr una renegociación con los generadores. Señaló que Palamara-La Vega accedió a renegociar y hoy es una empresa que reporta ganancias, mientras que desde que se hizo efectivo el acuerdo (2006) el Estado se ha ahorrado aproximadamente US$240 millones. Solo el año pasado el ahorro fue de US$56 millones.
Bichara tiene entre sus metas inmediatas una reorientación de las hidroeléctricas, y una mejoría en la gestión de demanda de las distribuidoras, a fin de mantener los horarios de servicio que se establezcan con los diferentes sectores, lo que a su juicio repercute en una mejoría del servicio. Paralelamente tratar de iniciar los proyectos de construcción de las plantas a carbón.
Un reto que considera importante es adecuar muchas de las líneas de transmisión que no permiten evacuar completamente toda la electricidad generada en las hidroeléctricas, así como trabajar fuerte en corregir la sedimentación para estabilizar la producción energética.
El funcionario está consciente de que el sector eléctrico pasa por uno de sus peores momentos en la historia con un déficit que terminará sobre los US$1,500 millones este año, mientras que las pérdidas aún están alrededor de 38% y una necesidad de inversión para la rehabilitación de las redes.
Para el próximo año, la CDEEE está solicitando un subsidio de US$1,200 millones, lo cual obedece al proceso para transparentar los recursos que deberán destinarse al sector, según una información reseñada en el Listín Diario..
Respecto al pacto eléctrico, Bichara consideró que este proceso deberá parecerse a “una fiesta con traje”, en la que todos los entes deberán llevar (aportar) sus ideas para sacar una conclusión aplicable y sostenible en el tiempo que dé con la solución al problema financiero del sector.
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