SAN JOSE, Costa Rica.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró culpable a la República Dominicana por la muerte a manos del Ejército de siete haitianos.
El caso conocido como "Nadege Dorzema contra República Dominicana" o "La masacre de Guayubín"se refiere a la muerte a balazos de los haitianos en la madrugada del 18 de junio de 2000, en la frontera con Haití, cuando intentaban entrar de forma irregular en un camión para buscar trabajo.
"El Estado dominicano violó el derecho a la vida" de los siete inmigrantes haitianos por el uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza contra ellos, indica el fallo de la Corte IDH, publicado en su página de internet.
La sentencia, con fecha del 24 de octubre, indica que los jueces dieron por acreditado que "agentes dominicanos abrieron fuego indiscriminado" contra el camión durante una persecución luego de que el vehículo no se detuviera en un puesto de control.
Los disparos provocaron la muerte de cuatro personas" y con la "posterior volcadura del camión, perdió la vida otra y varias más corrieron para salvarse y fue en ese momento cuando los agentes abrieron fuego provocando la muerte adicional de dos personas, señala el fallo.
Los jueces también comprobaron que con la prueba recopilada "no se desprende ningún indicio de que los inmigrantes estuvieran armados o hubieran accionado algún tipo de agresión contra los agentes".
Durante el proceso el Estado dominicano argumentó que el camión embistió al retén militar y que existían sospechas de que transportaba drogas, ya que no atendió las señales de pare.
Los jueces ordenaron el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial para los familiares de los fallecidos y para diez personas que resultaron heridas.
La Corte también encontró culpable al Estado dominicano por violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, libertad personal y no discriminación.
Los jueces ordenaron a la República Dominicana investigar y castigar a los culpables de estos hechos y determinar el paradero de los cuerpos de los fallecidos, repatriarlos y entregarlos a sus familiares en Haití.
El Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso y capacitar a sus Fuerzas Armadas en el tema de no discriminación, realizar una campaña mediática sobre los derechos de los inmigrantes y adecuar su legislación en lo relacionado al uso de la fuerza para que no se repitan hechos similares.
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