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SANTO DOMINGO.- La juez presidenta de la Quinta Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Eunice Minaya, aceptó la petición de amparo interpuesta por más de noventa notarios, los que manifestaron su inconformidad con las elecciones del Colegio Dominicano de Notarios.
Los notarios alegan graves violaciones a los derechos fundamentales a elegir y ser elegido y el derecho al voto, a la igualdad, y a una elección libre y democrática a lo interno del ese gremio.
En un auto que consta de dieciséis páginas, fechado el pasado 4 de diciembre, la magistrada acogió la instancia dirigida por el grupo de notarios encabezado por Teófilo Rosario Martínez, pasado candidato a las elecciones del Colegio Dominicano de Notarios el pasado 27 de octubre, expresando que la instancia cumplía con los requisitos exigidos “al tenor de la legislación vigente para la materia de amparo, esto es la ley 137-11”, fijando la audiencia del recurso para el martes 11 de diciembre del presente año.
En uno de sus considerandos, expresa que de acuerdo al artículo 72 de la Constitución, toda persona tiene derecho a una “acción de amparo para reclamar ante los tribunales por sí o por quien actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos fundamentales, noprotegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos de conformidad con la ley”.
La instancia de petición de amparo de fecha 27 de noviembre del 2012, firmada por Nicolás Familia de los Santos, abogado de los accionantes junto a Miriam Paulino y Marcos Jesús Colón, expresa que se le violaron los derechos de elegir y ser elegidos libremente al 76% de los notarios que conforman la matrícula del Colegio Dominicano de Notarios.
“Esto constituye un atentado a la democracia a lo interno del gremio y un mal precedente para el ejercicio en el país del Estado de derecho que debe imperar en el ámbito de las organizaciones sociales”, expresan.
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