Jueces del Tribunal Superior Electoral
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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó este martes a la JCE depositar ante la secretaría del juzgado la resolución que ordena el cierre de las oficinas electorales en el exterior.
La medida fue adoptada durante el conocimiento del recurso de amparo interpuesto por la filial de Nueva Jersey del Colegio de abogados de la República Dominicana
La audiencia fue aplazada para el próximo martes a las 10 de la mañana, a los fines de que la JCE deposite dicho recurso.
El tribunal, presidido por el magistrado Mariano Rodríguez, tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por los abogados de la Corporación de Partidos Políticos de América Latina (COPOLA) y la Filial de New Jersey del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
Asimismo, el TSE, integrado además por José Manuel Hernández Peguero, Marino Mendoza, Mabel Feliz y John Guiliani, fijó para el martes 26 de este mes el conocimiento del recurso de amparo presentado por los abogados Valentín Medrano y Darío Nin, quienes buscan con dicho recurso la reapertura de esas oficinas.
Tras reenviar la audiencia, el TSE pidió al abogado de la JCE, Pedro Reyes Calderón depositar la referida resolución el lunes 25 al mediodía, para que los abogados que presentaron el recurso de amparo tomen conocimiento de la pieza que dispuso de manera unilateral cerrar las oficinas de registro para votantes en el exterior (OPREE), las oficinas civiles, centros de cedulación y oficinas de servicios administrativos en los Estados Unidos y Europa.
Los abogados sostienen, en la instancia, que los ingresos provenientes de los dominicanos en el exterior a través de las remesas superan los ingresos recaudados por el Estado en la República Dominicana, lo que resulta extraño la razón por la que quieren privarle le derecho que le consagra la Constitución y las leyes.
Expresan en la instancia que la acción llevada a cabo por la JCE afecta sensiblemente el derecho ciudadano de los impetrantes en términos personales y de forma colectiva de la comunidad dominicana en el extranjero, “constituyendo una puñalada trapera al derecho de igualdad, de elegir y ser elegible y del ejercicio de la ciudadanía consagrados en la Constitución de la Republica y la Ley electoral”.
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