Ramfis Domínguez Trujillo
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MIAMI.- Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del generalísimo Rafael L. Trujillo Molina, insistió este viernes en la inconstitucionalidad de una ley dictada en 1962 y que ha sido esgrimida por la Procuraduría General de la República Dominicana para reactivar la prohibición de realizar actividades Trujillistas.
Domínguez, hijo de la señora María de los Angeles Trujillo Martínez (Angelita), emitió una amplia declaración de prensa en la que critica la actitud del procurador Francisco Domínguez Brito y advierte que es “indetenible” el proyecto de rescatar la memoria trujillista.
Para robustecer sus criterios –que se estima cuentan con el aval de su madre- Domínguez Trujillo formula fuertes cargos contra el fenecido presidente del Consejo de Estado, Rafael F. Bonelly, en cuyo ejercicio se emitió la ley antitrujillista. También formula serias acusaciones contra el general Antonio Imbert Barreras, participante directo en el atentado a tiros que costó la vida a Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961.
Domínguez Trujillo dice que “El pasado martes, 19 de marzo del 2013, el Procurador General de la República Dominicana, emitió la resolución 0001140, donde instruye formalmente a todas las dependencias de esa institución, a tomar “todas las medidas necesarias para prohibir todas las manifestaciones tendentes a exaltar, promocionar, promover y reivindicar la imagen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, hasta tanto devenga una disposición judicial o legislativa que exprese lo contrario”. Es realmente deplorable que luego de más de 50 años de ejercicio democrático, estemos queriendo imponer a fuerzas, métodos de absoluta intolerancia”.
Manifiesta que “la anacrónica disposición (5880-60) a la que pretenden otorgar vigencia, fue promulgada por el Consejo de Estado en 1962 con la intención de erradicar todo sentimiento Trujillista en el país, con el concomitante propósito de disimular su vulgar despilfarro del extraordinario caudal que legó el gobierno del Generalísimo Trujillo y de encubrir la amplia colaboración de algunos integrantes del régimen”.
Es ahí cuando lanza fuertes dardos contra Bonelly e Imbert, quienes fueron funcionarios en el régimen de Trujillo, y contra Luis Amiama Tió, involucrado de lleno en el complot. De ellos solo el segundo está vivo.
CRIMEN MAS GROSERO
Volviendo a la ley antitrujillista del Consejo de Estado, Dominguez Trujillo expresa: “Sin embargo, el crimen más grosero recóndito detrás de este decreto, fue la malversación de la inmensa fortuna que legó la denominada “Era de Trujillo” al pueblo dominicano. Esta “monstruosidad jurídica” dio inicio al robo más insolente y ciclópeo de toda nuestra historia; la repartición de más de 50 empresas y propiedades estatales que pasaron a manos privadas, terrenos de la CEA que fueron pillados, y las propiedades y bienes de toda la familia Trujillo que fueron saqueados, todo a beneficio de un pequeño grupo de potentados”.
Destaca que “este fue el verdadero propósito de la disposición 5880-62 que hoy reclaman, para así proteger sus considerables intereses. Pretenden afianzar su vigencia con la complicidad de las autoridades, para evitar que las verdades incontrovertibles de la era se conozcan. El empeño de desacreditar a la figura del Generalísimo Trujillo es de tal magnitud, que sus detractores no escatiman en incurrir en mentiras garrafales para cumplir sus ignominiosos propósitos. Ultrajan al pueblo dominicano, desestimando que todas las hazañas alcanzadas en este periodo de tanta trascendencia, hablan por sí solas de la grandeza de nuestro pueblo dominicano”.
RESPETO A LA LEY
Observa que “a pesar de las manipulaciones de este, cada día más pequeño grupo de neo-anti-Trujillistas recalcitrantes que pretende detener nuestra labor, queremos dejar inequívocamente claro que, este proyecto es indetenible. El apoyo que hemos recibido es abrumador y es a su vez prueba fehaciente de la necesidad imperiosa de nuestra función. Continuaremos trabajando normalmente fuera del territorio nacional, y dentro del país, seguiremos desempeñando este proyecto histórico-cultural, a título personal, y siempre apegado a las leyes de la República Dominicana. Como nieto de quien organizó y fortaleció la institucionalidad de nuestro sistema jurídico, nos corresponde respetar la jurisprudencia, como lo hemos hecho siempre, a pesar de que estas violen nuestros derechos fundamentales”.
En ese sentido informa que “conforme la disposición de la Procuraduría General de la República Dominicana de hacer cumplir la improcedente ley 5880-62, y afirmando de nuevo que esta quedó abrogada por el artículo 6 y el artículo 49 de nuestra Carta Magna, declaramos nuestro respeto a la institucionalidad de nuestra jurisprudencia, y no a la vergonzosa resolución emitida por esta dependencia. Con este fin, y a partir de la emisión de esta nota de prensa, cesaremos toda referencia específica al nombre particular del Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina en todas nuestras intervenciones dentro del territorio nacional. Esta disposición se cumplirá al pie de la letra hasta resolver esta anomalía legislativa como corresponde”.
josepimentelmunoz@hotmail.com
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