El excandidato presidencial de la derecha, Henrique Capriles
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Caracas, 7 may (PL).- La oposición venezolana presentó este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un nuevo recurso de impugnación contra los comicios del 14 de abril último, en esta ocasión dirigidos a elementos específicos del proceso.
Según la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el reclamo se orienta a las votaciones en cinco mil 729 mesas, además de 21 mil 562 actas de escrutinio automatizadas.
Asimismo, apunta a los actos de totalización, adjudicación y proclamación que devinieron del mismo proceso
La escogencia de las citadas mesas se sustenta en argumentos sobre presuntos hechos de violencia a los electores, inconsistencias entre las actas de escrutinio y las papeletas de verificación, entre otros elementos.
Esa posición contrasta con las auditorías realizadas hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos resultados fueron avalados en su momento por los testigos de todas las organizaciones políticas, incluyendo las opositoras.
El excandidato presidencial de la derecha, Henrique Capriles, ya había presentado un primer recurso de impugnación la pasada semana.
En esa ocasión solicitó la recusación de la presidenta de la sala constitucional del TSJ, Jhannett Madriz, y del vicepresidente Malaquías Gil, en un movimiento con el cual pretenden desconocer de antemano la imparcialidad de la máxima instancia judicial.
En tal sentido, Capriles expresó que ese órgano está controlado por el partido de gobierno, aunque no ofreció argumentos de consideración.
La jornada de sufragio arrojó el triunfo del socialista Nicolás Maduro en la contienda por la presidencia, con el 50,6 por ciento de los votos emitidos (siete millones 586 mil 251).
Por su parte, Capriles -derrotado por el Comandante Hugo Chávez el 7 de octubre pasado- quedó con el 49,12 por ciento (siete millones 361 mil 512 votos).
La derecha desconoció desde el primer momento los resultados, en una posición que generó hechos de violencia por parte de grupos de esa afiliación política, los cuales costaron la vida a nueve personas y daños materiales a diversas entidades públicas.
En caso de un dictamen adverso en las instancias nacionales, los sectores de la oposición indicaron que podrían acudir a organismos internacionales.
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