Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
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MEXICO.- Representantes del Estado dominicano negaron la existencia en su país de un patrón de expulsiones masivas de haitianos entre los años 1994 y 2000, como denunció su contraparte en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Durante la audiencia, Paola García Rey, del equipo acusador, dijo que "las expulsiones de las víctimas de este caso no son hechos aislados", como alegan los abogados del Estado dominicano.
En la presentación de los alegatos finales del caso, García Rey sostuvo que, "de acuerdo con la prueba presentada a lo largo de este proceso, entre 1994 y 2000 (...) existía un patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana en República Dominicana".
Durante la audiencia, Paola García Rey, del equipo acusador, dijo que "las expulsiones de las víctimas de este caso no son hechos aislados", como alegan los abogados del Estado dominicano.
En la presentación de los alegatos finales del caso, García Rey sostuvo que, "de acuerdo con la prueba presentada a lo largo de este proceso, entre 1994 y 2000 (...) existía un patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana en República Dominicana".
Recordó que al Estado le corresponde demostrar que los hechos no sucedieron, no a las víctimas. "El Estado se ha limitado a negar los hechos, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba de descargo", apuntó, y lo justificó en el hecho de que "no existe ningún registro oficial de estos acontecimientos".
En representación de las supuestas víctimas, Francisco Quintana, abogado del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó que este caso "se refiere a la discriminación racial estructural e institucional que existe en República Dominicana".
"Esta situación afecta a la población negra y, de manera específica, a los dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana, y a los migrantes haitianos en territorio dominicano", indicó.
En representación de las supuestas víctimas, Francisco Quintana, abogado del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó que este caso "se refiere a la discriminación racial estructural e institucional que existe en República Dominicana".
"Esta situación afecta a la población negra y, de manera específica, a los dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana, y a los migrantes haitianos en territorio dominicano", indicó.
Recordó que de las 27 alegadas víctimas implicadas en el caso "Tide Méndez", 22 de ellas eran dominicanos y las 5 restantes haitianos.
"Es importante señalar que 12 de ellas eran niños y niñas en el momento de la expulsión", apuntó.
"Es importante señalar que 12 de ellas eran niños y niñas en el momento de la expulsión", apuntó.
Aseguró, asimismo, que "entender la discriminación racial en la República Dominicana es un ejercicio muy complejo" y se apoyó en lo dicho ayer por el perito costarricense Carlos Quesada, quien señaló que ese país "se diferencia de otros de la región por la negativa absoluta de este problema".
"El Estado forma parte también del problema de la discriminación racial cuando no previene, tolera e incurre en actos de discriminación directa", agregó.
"El Estado forma parte también del problema de la discriminación racial cuando no previene, tolera e incurre en actos de discriminación directa", agregó.
Reconoció "el derecho que tienen los Estados de regular y controlar el ingreso de personas extranjeras a su territorio".
Sin embargo, señaló que desde la Opinión Consultiva número 18 de la CorteIDH ha quedado establecido que "las medidas adoptadas con este fin tienen como límite el respeto y garantía de los derechos humanos".
Sin embargo, señaló que desde la Opinión Consultiva número 18 de la CorteIDH ha quedado establecido que "las medidas adoptadas con este fin tienen como límite el respeto y garantía de los derechos humanos".
VIDEO DE SESION DE ESTE MIERCOLES
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