Por ORION MEJIA
EL AUTOR es periodista y abogado . Reside en Santo Domingo.
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Juan Bolívar Díaz ni Huchi Lora no representan peligro para la dominicanidad ni han obrado de forma tal que merezcan el calificativo de traidores a la patria. Simplemente, esos y otros colegas no están de acuerdo o se oponen a la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad, a lo que tienen absoluto derecho.
Carece de sentido, por consiguiente, que alguien se querelle por ante el Ministerio Publico bajo el alegato de que esos comunicadores incurren en violación a la ley penal por emitir juicio de valor contrario a ese fallo del juez constitucional o por coincidir con instancias supranacionales que proponen sancionar a República Dominicana por la puesta en vigencia de esa sentencia.
Huchi y Juan Bolívar han hecho bien en poner en auto a la fiscalía si creen sentir que su integridad física peligra a causa de las opiniones que han emitido. Más aun, todos nosotros debemos reclamar de las autoridades que garanticen la vida de esos prestigiosos profesionales, así como la de cualquier otro ciudadano que se considere en igual situación de peligro.
La defensa y el respeto al derecho de esos colegas a disentir sobre un tema tan trascendente es lo que nos confiere autoridad moral para exponer nuestro respaldo al contenido de la sentencia que ha pronunciado el juez de control constitucional y de exigirle a esos y a otros ciudadanos que también respeten a quienes no compartimos sus opiniones.
Es injusto e imprudente acusar a tan reconocidos profesionales de traidores a la patria, primero, porque no lo son ni lo han sido nunca, y segundo, porque con ese tipo de afrenta se hace daño a la causa promovida por quienes creen defender el gentilicio dominicano ante una recrudecida campana de descredito.
En todas las encuestas y sondeos que se han realizado ha quedado demostrado que más del 90 por ciento de la población respalda la sentencia de referencia y que también apoya el compromiso del Gobierno de cumplir con ese estatuto con estricto apego a los derechos de las personas que resulten afectada, que no son 200 ni 400 mil, sino menos de 23 mil.
En vez de tildar a Huchi y a Juan Bolívar de traidores a la patria, lo que debería enfrentarse en el plano teórico es la aberración que ha postulado la socióloga Rosario Espinal sobre un supuesto “incendio migratorio”, que según ella promueve el Gobierno, o el criterio de nuestro embajador en Haití, que ha dicho que los dominicanos somos algo así como racistas patológicos.
Por oponerse a esa sentencia no se incurre en ningún tipo de traición a la patria, por lo que no hay razón para que los afectados intenten compararse con Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios, pero tampoco es justo equiparar con Pedro Santana a quienes respaldan ese fallo, ni tampoco tildarlos de racistas o xenófobos. A la República la defienden hoy buenos y verdaderos dominicanos, una hermosa expresión de Juan Pablo Duarte.
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