SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público (MP) es el órgano del Estado responsable de la custodia y manejo de los bienes incautados por mandato de las leyes, decretos y resoluciones vigentes, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona.
Explicó que tomando en cuenta esas normativas fue creada la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, la cual tiene bajo su custodia bienes de 45 casos que involucran 317 inmuebles, de los cuales 82 permanecen bajo custodia del Comité de Antilavado de Activos y su antigua oficina de administración.
Reveló que “en más de una ocasión le hemos solicitado al director de Bienes Incautados, Laureano Guerrero, la entrega de dichos bienes con manda la ley, para completar el proceso, pero aún no hemos recibido respuesta”.
Dijo que los ingresos mensuales por arrendamiento de propiedades recibidos por la Unidad de Custodia y Administración de Bienes incautados del MP es de 1 millón 145 mil, más 4 mil 400 dólares y otros RD$251 mil que reciben anual.
Miranda Villalona llamó a las diversas instituciones del Estado vinculadas al tema que están en la obligación de respetar las disposiciones legales vigentes, ya que cualquier interpretación contraria a la ley lo único que hace es distraer la atención en la persecución del crimen, muy especialmente el organizado.
“Si se quiere volver al pasado, habría que modificar la ley, lo cual sería una decisión del Congreso y del Presidente de la República, mientras tanto la ley debe cumplirse”, expresó.
Con esta declaraciones el funcionario responde a Guerrero, quien anunció que someterá al procurador, Francisco Dominguez Brito, ante el Tribunal Constitucional (TC), por alegadamente violar la Ley 72-02, que ordena el envío de las incautaciones a la entidad que dirige.
Guerrero denunció que el Ministerio Público, fiscales, políticos y funcionarios se quedan con casi todos los bienes incautados al narcotráfico.
Acusó a Francisco Dominguez Brito de quedarse con casi el 100 por ciento de los bienes incautados a los narcotraficantes.
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