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OPINIONES


La regularización desafía al Gobierno y la sociedad
Por JUAN BOLÍVAR DIAZ
Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde este lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.
El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.
Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.
El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.
Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.
El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.
El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.
18 meses sin deportaciones
El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.
Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.
Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..
El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.
Que impere la racionalidad
El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.
Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.
Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.
El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.
El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.
Más de medio millón
Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.
Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).
Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.
Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.

Los grandes olvidados, los trabajadores dominicanos
Por MANUEL NÚÑEZ
1.Pensar el mundo con categorías inútiles
Hace treinta años, el mundo se debatía en un enfrentamiento ideológico y militar entre dos concepciones de la sociedad. La que representaba el bloque socialista de la Unión Soviética (URSS) y los países satélites de la Europa de Este; a esa plataforma se agregaba China y los países de la antigua Indochina (Vietnam, Laos y Camboya) y la porción opuesta la encabezada EE. UU ylas potencias de Europa Occidental, cuya influencia era predominante en América latina y en la mayoríade países subdesarrollados del mundo.
En gran medida, este período conocido como la Guerra Fría (1947-1989), marcado por conflictos bélicos atroces en los países de la periferia, como lo fueron las guerras de América Central (Nicaragua, El Salvador, Guatemala) y las guerras en África, Asia y el Oriente Medio eran guerras de expansión ideológica. En muchas partes del mundo, los hombres fueron a la guerra para hallar la redención, para construir los sueños y fundar la gloria,ydescubrieron, en muchos casos,funestas pesadillas.
La mayoría de nuestros políticos y dirigentes sociales formaron sus concepciones del mundo en esas refriegas. Pero ese mundo se desplomó en 1989 con la caída del muro de Berlín,el hundimiento de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista, y la transformación deChina en el más dinámico centro del capitalismo mundial.
El mundo que quedó atrás todavía se mantiene vivo en muchas cabezas. Hay gente que observa las realidades presentes con las categorías inútiles, obsoletas, de un pasado sepultado por los hechos, de un mundo que dejó de existir.
¿Cuál es el rostro del presente?
El lindero en el cual podíamos construir la prosperidad de los trabajadores, de los profesionales y de todos los dominicanos es la nación. Sólo dentro de ese espacio de soberanía, dentro de ese territorio independiente podemos salvar a los dominicanos de la desnacionalización del empleo, de la fragmentación de la sociedad, del abandono de los trabajadores Sin soberanía la nación queda convertida en un noble sentimiento; se vuelve inmaterial. Sin soberanía se impondría el intervencionismo internacional, los traidores, la sumisión del pueblo, la injusticia contra nuestros ciudadanos,y la voluntad del concierto de fuerzas que quieren resolver los problemas de Haití a expensas de la República Dominicana.
En todo ese tejemaneje los trabajadores dominicanos han sido los grandes olvidados. Olvidados por los políticos, y por todos aquellos que se habían proclamado como sus redentores, sindicalistas, intelectuales, todos han permitido la suplantación del trabajador dominicano y, en grandes proporciones, su exclusión de todos los mecanismos de supervivencia. Se olvidaron del compromiso de dignificar a los hombres y mujeres que son el centro de gravedad de la nación. Sobre ese mundo de esperanzas cayó un manto de nieblas.
El porvenir de los trabajadores dominicanos ha sido echado a los perros. Excluidos de los empleos de la construcción. Desterrados de las grandes inversiones del campo. Expulsados de los trabajos informales y, ay, excluidos de los empleos que se crean con las grandes inversiones del Gobierno:  infraestructuras, escuelas, carreteras etc. La solución al colapso y el naufragio de la sociedad haitiana se construye sobre la tragedia y la destrucción de la República Dominicana.
Hasta ahora los economistas y los sociólogos se han limitado a darnos explicaciones sobre la naturaleza de la inmigración haitiana. Que sean falsas o verdaderas, poco importa. De lo que se trata es de salvar a los dominicanos de las funestas consecuencias de la desnacionalización del trabajo. Guárdense su dialéctica. No puede concebirse el porvenir del país, prescindiendo de los trabajadores dominicanos.
2.La trágica fragmentación de la sociedad dominicana
La primera víctima del desplazamiento de poblaciones desde Haití a República Dominicana son los trabajadores. Se hapasado brutalmente de la ocupación a la suplantación. Como en la fábula atribuida a Bertolt Brecht, primero vinieron por el campesino, y como los políticos se habían olvidado del campo, se apoderaron de todos los empleos de la agricultura. Luego vinieron por los trabajadores de la construcción; pero como los líderes no eran albañiles ni carpinteros, sino burócratas, se apropiaron de todos los empleos creados por las grandes obras públicas y privadas. Luego vinieron por los trabajadores de los servicios (guardianes, empleados del turismo, conserjes de los edificios) y ocurrió lo que ya había ocurrido otras veces.Entonces las ONG se propusieron dar el gran zarpaz suplantar a todos los buhoneros: vendedores ambulantes, vendedores de frutas, trabajadores por cuenta propia. Se introdujeron, posteriormente, en las universidades dominicanas en proporciones no aceptadas por ningún país, y a la chita callando comenzaron a suplantar a los médicos, a las enfermeras.
Nuestro país se haya amenazado por el ejército de desempleados más grande del continente (70% de la población haitiana),con el salario más bajo (89 dólares mensuales: los salarios primarios en nuestro país oscilan entre 149 dólares y 249 dólares). Obligados a competir con esta masa humana,dispuesta a destruir el valor del salario y a convertir el crecimiento económico que ha tenido nuestro país en agua de borrajas. ¿Cuáles razones humanitarias justifican la invasión desordenada de todos esos desempleados para devorar la poquísima prosperidad que hemos construido penosamente en los últimos cincuenta años? ¿Qué puede justificar que un país, con un desempleo endémico tenga que abrir sus fronteras, que no pueda aplicar sus leyes de migración y, además, se le acuse de los peores crímenes, cuando intenta preservarle el porvenir a su población? ¿Qué tipo de defensores de los derechos humanos son éstos que condenan a los trabajadores dominicanos--- sin empleo, sin medios para ganarse la vida-- a la delincuencia, a la prostitución, al juego, al narcotráfico y a la emigración ilegal?
A ellos no los mueven los derechos humanos, sino el proyecto de deshacer a la República Dominicana y llevar a cabo un experimento geopolítico en  la isla de Santo Domingo. Poner a su clase empresarial al servicio de un proletario extranjero. Olvidarse del patriotismo que nos obliga a tomar la decisión de preservarles el bienestar a nuestros trabajadores
¿Qué harán todos miles de dominicanos que no tienen acceso a los empleos de la agricultura, que no tienen posibilidad de trabajar en los empleos creados por las grandes obras públicas: el Metro, las grandes avenidas, las ampliaciones, las presas, los trabajos de ODEBRECHT, que no tienen derecho a trabajar como buhoneros, ni siquiera tienen el derecho a ser pobres de solemnidad y mendigar en las esquinas?
Todos aquellos para los cuales el trabajo ha desaparecido, que han sido sustituidos por haitianos, ¿qué harán? ¿Se irán de pesca con sus hijos? ¿Tomarán vacaciones permanentemente en las playas de Juan Dolio hasta que los políticos se acuerden que deben reorganizar la vida de otro modo? ¿Qué hará toda esta gente, a las cuales las políticas sociales no les llegan? ¿Jugarán una quiniela o un billete de lotería? ¿Se prostituirán? ¿Engrosarán las bandas de delincuentes o se irán en una yola a Puerto Rico, si es que los tiburones, los bravísimos tiburones y tintoreras del canal de la Mona, se los permiten?
Sobre esa realidad nadie habla. ¿Qué dirá el Santo Padre a quien le han calentado las orejas con relatos escalofriantes contra nosotros? ¡Ay, si Santo Padre supiera cómo un hecho externo nos ha destruido la vida!  Con mentiras grandes como catedrales nos han arrebatado el control del territorio, de los hospitales, de las escuelas, de los empleos y nos quieren arrancar el porvenir, y como si todo lo anterior fuera poca cosa, emplean el dinero de sus patrocinadores para llevar a cabo campañas injuriosas y echarle a las fieras la reputación de nuestro país.
El ultra liberalismo sólo calcula los intereses de la patronal de tener bajos salarios, permitiendo de que las montañas de trabajadores haitianos, destruya el valor del esfuerzo. El Gobierno ha quedado atrapado por la servidumbre a estos grupos de intereses, a las presiones de las ONG y a los grupos internacionales que conciben a la República Dominicana como una masa de borregos y vasallos.
¿Dónde está el Gobierno que hemos elegido para que nos defienda?
La prioridad del Gobierno no es ocuparse de una población extranjera, sino detener el sufrimiento de los trabajadores dominicanos, privados del bienestar que produce la economía del país, privado de los yacimientos de empleos. Por encima de toda esta barbarie, por encima de la desesperanza que han creado arrodillando al país, a nosotros nos toca defender a nuestros compatriotas de esta invasión desproporcionada.
Los trabajadores dominicanos no son una cifra, ni una estadística, ni un cuadro ni un esquema de power point. Son seres humanos que sufren y padecen. La economía no puede estar condicionada por los sueldos miserables que se pagan en Haití. Necesitamos que se imponga, como mandan las leyes, un patriotismo económico que una al trabajador dominicano con los yacimientos de empleos que el país produce. La economía dominicana debe estar al servicio de los dominicanos, y no al servicio de las ganancias excesivas, el egoísmo, el individualismo y las ocurrencias del ultra liberalismo.
¡Trabajadores dominicanos! ante una clase política que se ha arrodillado ante el intervencionismo extranjero y ha cedido ante el chantaje de los haitianos, tenéis mucho que perder. En una gran proporción, habéis perdido los mecanismos de supervivencia. El trabajo que dignifica y redime de la miseria. El trabajo que nos devuelve la autoestima, la esperanza y el deseo de hacer grande y permanente esta patria.
Sin organización, perderéis los hospitales, invadidos por las grandes marejadas de enfermos del país más insalubre del continente.
Perderéis las escuelas; penetradas hasta el tuétano por las consecuencias del colapso haitiano. Perderéis vuestros grandes ríos y vuestros bosques, víctimas de las necesidades de un vecino que consume más 6 millones de metros cúbico de madera por año. Perderéis la prosperidad y, lo más grave de todo, si no se detienen a los traidores y a los sepultureros de la nación, si no enfrentáis a vuestros enemigos, si no tomáis el control de vuestro destino, para conducir a un país que ha perdido el rumbo de la prosperidad, que se ha olvidado de sus hijos, perderéis la patria.
Al pueblo dominicano que en estos momentos sólo ustedes encarnan le toca rechazar todas esas tutelas ideológicas y políticas. Le toca defenderse de la disolución y de la montaña de acontecimientos trágicos traídos por esta vecindad devastadora.
Le toca recoger la bandera, que han encontrado tirada por el suelo. La bandera que nos dejó Juan Pablo Duarte que representa la Independencia de todas las tragedias que nos circundan.
Nosotros no podemos, por más dialéctica que empleen para ocultar la verdad, traspasarle nuestra nacionalidad a extranjeros que no tienen vocación de convertirse en verdaderos dominicanos. Que le pegan fuego a nuestra bandera; que desprecian nuestro himno nacional; que no comparten nuestro modo de vida, nuestras tradiciones, nuestra cultura ni nuestro destino ni respetan nuestras leyes, que llevan campañas contra nuestra soberanía, y que son la plataforma de una colonización que terminará sepultando nuestro porvenir como nación independiente.Si no actuamos, perderemos el centro de gravedad de nuestras vidas.

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