OPINIONES:

 

La Convergencia decantaría la crisis del partidismo

Por JUAN BOLIVAR DIAZ

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

En la medida en que se acerca el desenlace de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es su inminente división, se perfila la Convergencia por un Mejor País, que busca constituirse en un amplio frente que capitalice la oposición al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El pasado domingo, ocho grupos políticos proclamaron la Convergencia con una agenda programática general a la espera de concertar un programa de gobierno, mientras esta semana el partido reconocido Alianza Social Dominicana será rebautizado como Partido Revolucionario Mayoritario.

Hacia nuevo ciclo político

El documento de proclamación de La Convergencia comienza reivindicando los anhelos políticos y sociales de las últimas cinco décadas, tras la desaparición de la tiranía trujillista para iniciar “un nuevo ciclo político” que “no solo desplace la corporación PLD del poder en 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y la sociedad dominicana, esfuerzo posible si logramos una vigorosa coalición de fuerzas políticas y sociales, usando adecuadamente las armas y las herramientas de la política del siglo XXI”.

La estrategia fundamental parte de “la superación de los abismos existentes entre las fuerzas políticas y el movimiento social”, con una coalición no solo de partidos sino de grupos diversos de la sociedad, desde el empresariado hasta las comunidades de base “con el interés de plantear soluciones a los problemas más sensibles de la ciudadanía”.

Reconocen el “deterioro que padece la clase política” por lo que se empeñarán en “construir una voluntad democrática que impregne confianza y entusiasmo en la población”, con propuestas presentadas “desde el pluralismo y la tolerancia, con prácticas y actitudes favorables a la creación de una relación necesaria entre el movimiento social y el movimiento político”, a través de la participación en las propuestas programáticas y en el Gobierno.

Proponen articular un espacio plural y abierto para congregar “una amplia gama de posiciones políticas, ideológicas y sociales” con capacidad no solo para ganar la presidencia de la nación, sino para alcanzar una significativa representación congresual y municipal “con propuestas que vayan más allá de un simple cambio de autoridades”.

Buscan incorporar otros

El manifiesto de La Convergencia fue presentado por los partidos reconocidos Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, por el PRD Mayoritario, el Foro Renovador del PRD, y los movimientos políticos sociales La Multitud, Red de Acción Política, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y Dominicanos por el Orgullo Nacional.

La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el politólogo Pedro Catrain, de los principales ideólogos de La Convergencia, explican que están entregando el manifiesto a una serie de entidades políticas y sociales, a la vez que los invitan a participar en la concertación del programa de gobierno.

Aspiran a lograr la incorporación de los partidos como Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata y Dominicanos por el Cambio, que lideran Guillermo Moreno, Max Puig, Hatuey de Camps y Eduardo Estrella.

En la concreción del programa esperan incluir cuestiones vitales para reducir la corrupción, la impunidad, el clientelismo y al reparto del Estado, y señalan asuntos como la incorporación de las entidades sociales en el Consejo Nacional de Ética, la supresión de organismos inoperantes y suplicantes de funciones, de cientos de vicecónsules, embajadores y cargos innecesarios, así como de las nominillas, dentro de una política de prioridades en la inversión y el gasto.

También proscribir barrilitos y cofrecitos de los legisladores, con el compromiso de dedicarse a sus funciones constitucionales, y gestión municipal absolutamente transparente y participativa. Los estrategas están convencidos de que el compromiso concreto con las principales demandas de la sociedad producirá una avalancha que sacudirá el sistema partidista, aunque reconocen que para alcanzar esos objetivos tendrán que aunar grandes energías, “espantando los fantasmas del grupismo autodestructivo que ha afectado tanto al PRD como a los partidos y grupos de izquierda, que una y otra vez han impedido la sumatoria de los sectores democráticos y progresistas”.

Esperan que esa avalancha no solo liquide lo que quedará del viejo PRD, sino que genere un terremoto en el PLD. Todo ello en base al rechazo que las encuestas marcan al actual sistema partidista.

El desafío de candidaturas

Cuando se discute a fondo con los promotores de La Convergencia, se llega siempre al desafío que representan las candidaturas, no solo la presidencial, sino también las legislativas y municipales.

Milagros Ortiz y Catrain dijeron el viernes por Teleantillas que esperan tener candidatura presidencial para octubre, o a más tardar para comenzar el 2015.

Conciben la elección con el padrón universal, llamando a toda la población a elegir sobre las propuestas que formulen los partidos y grupos coaligados.

De los actuales participantes solo el Frente Amplio ha señalado su candidato, Fidel Santana, y se espera que otros, incluyendo los que aún no se han comprometido, presenten candidaturas, lo mismo que el PRD Mayoritario, el cual tiene el desafío de decidir entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. El primero no ha dicho si la buscará, pero el segundo lleva más de un año en campaña. Hasta ahora los dos se mantienen unidos en la creación de la estructura que sustentará el PRD Mayoritario, conformada por la dirección media y de base del perredeísmo.

Todos reconocen que si los perredeístas transportan el grupismo y el clientelismo tradicional, La Convergencia quedaría corta.

Un proyecto de reglamento elaborado a principio de año concibe que el 80 por ciento de los cargos sean elegidos en votación abierta, y el restante 20 por ciento para asegurar la representación de las minorías políticas y de los grupos sociales.

Pero eso está aún por definirse, esperando la incorporación de otros partidos y núcleos sociales.

La suerte está echada

Para los dirigentes de lo que ya se conoce como “PRD Mayoritario”, la suerte está echada, porque tienen la convicción de que la elección de dirigentes del viejo partido culminará el próximo domingo en “otra imposición de Miguel Vargas con el apoyo del Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral de Leonel Fernández”, a quien dan por candidato presidencial del PLD.

Han dado apoyo al intento de polarización con Vargas protagonizado por Guido Gómez Mazara, pero la actitud antidemocrática de aquel, la exclusión de casi dos tercios del viejo padrón del PRD y la parcialidad de la comisión organizadora, no dejan margen a la duda. Por eso proclamarán esta semana el PRD Mayoritario.

La decisión está basada en todas las encuestas que, como la Gallup HOY, han dejado entre 9 y 13 por ciento las simpatías de los perredeístas por Vargas Maldonado, entre dos tercios y tres cuartas partes inclinados a seguir los pasos de Mejía y Abinader.

Una investigación del Centro Económico del Cibao al primero de junio indicó que el 72 por ciento de los perredeístas apoyaría La Convergencia y el 21 por ciento no lo haría.

El 68 por ciento se integraría a ella y el 23 por ciento no lo haría. El 70 por ciento dijo que Abinader y Mejía tienen la real representación del PRD, y el 15 por ciento la atribuyó a Vargas Maldonado.

La agenda programática

Los propulsores de La Convergencia parten de una agenda de cuatro capítulos generales a ser enriquecidos por los actores sociales y políticos en un proceso de concertación democrática para “desmontar el antidemocrático modelo peledeísta, erigido sobre la base de la corrupción, la impunidad y el clientelismo”.

En el capítulo 1, “participación electoral con transparencia” plantean “una reformulación integral de las normas que rigen el proceso electoral”. Si bien apoyan la promulgación de una Ley de Partidos y del régimen electoral, lo consideran insuficiente para lograr la libertad de elección, por lo que incluyen la modificación de la actual composición del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral.

Los objetivos estructurales, en el capítulo 2, parten de la reestructuración del modelo económico “para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de las riquezas del país, incentivando los sectores productivos, la generación de empleos de calidad con salarios dignos y derechos laborales garantizados, así como el aumento de la inversión social dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad, garantizando una distribución equitativa de la inversión pública entre las diversas provincias del país”.

Esbozan acciones en los sistemas educativos, eléctrico y la seguridad social, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, y en políticas internacional y migratoria, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente “para desatar los nudos autoritarios existentes y reconfigurar los principales poderes públicos”.

El capítulo 3 se refiere a “objetivos Coyunturales”, como convertir la Loma Miranda en parque nacional, la impunidad, código laboral y servicios públicos, y el cuarto se refiere al medio ambiente, mujer y género, juventud, discapacidad y diversidad.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Por MANUEL NÚÑEZ

EL AUTOR es historiógrafo, poeta y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

A raíz de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2004, que establece  que  a los descendientes de extranjeros en tránsito, y desde luego, a los que transcurridos los diez, entran en la ilegalidad plena, no le corresponde la nacionalidad dominicana.  Para dar solución a estos problemas se  estableció el libro de extranjería para inscribir a los millares de descendientes de parturientas que penetran a los hospitales dominicanos. Todas esas informaciones les son remitidas a las autoridades haitianas para incluirlas en su Registro Civil.

No habiendo concluido esas operaciones, las ONG pro haitianas llevaron el caso de Julienne Deguis Pierre ante el Tribunal Constitucional para anular los resultados de la Sentencia de la Suprema. El propósito era meter a todos los descendientes de extranjeros no residentes como  beneficiarios de la nacionalidad por nacimiento.

De todas esas maniobras, nació la Sentencia 168/13. Su propósito  era establecer  que los descendientes de extranjeros no residentes en el país, tal como que ocurre en todos los países del continente desde México hasta Chile ,  no le correspondía  la nacionalidad por nacimiento.

Tan pronto  fue dada  al conocimiento la Sentencia 168/13,  un conciliábulo de enemigos internos y externos desplegó sus fuerzas combinadas en el seno del Gobierno. Contrataron abogados. Grupos vinculados al Centro Bonó, Participación Ciudadana, al CEJIL, GARR y otras  ONG descargaron salvas de insultos zafios contra los magistrados que votaron a favor. Iniciaron una campaña de descrédito. Los cabecillas de ese movimiento comenzaron un cabildeo sin tregua  entre los líderes políticos de los cuatro grandes partidos.

Todo el maquiavelismo, toda la temeridad y toda la determinación de que han sido capaces, se han puesto de manifiesto  en las operaciones que han llevado a cabo.

·En la primera ofensiva se propusieron desmoralizar a las autoridades al Ejército, al CESFRONT, a la Dirección de Migración (DGM): a) Parar las deportaciones durante el tiempo de aplicación del plan (Decreto 327/13, art. 37);  b)  inscribir sin documentación a los extranjeros ilegales (art. 12); c) regularizar a  núcleos familiares completos , aplicar el principio de la reunificación familiar para trabajadores temporeros (art.26);  d) regularizar prioritariamente a enfermos y vulnerables (art.30); d) que los regularizados puedan, a su vez, traer a sus enfermos (art.32); f) Los ilegales pueden incoar un recurso legal, en caso de que las autoridades consideren que sus expedientes no califican para radicarse en el país (art.35). A partir de entonces todas políticas  de la Dirección General de Migración serían elaboradas por el Instituto de Migración, Genoveva Rojas, ligada al Centro Bono y otras ONG que han combatido las deportaciones de indocumentados. El decreto 327/13 del Reglamento a la Ley de Migración fue el  primer ataque salido de sus consultorías jurídicas paralelas. El Reglamento  que pone en vigor el decreto no fue concebido para aplicar la ley de Migración sino para destruirla.

·El segundo  ataque se dirigió directamente a la Sentencia 168-13.  En la Ley 169/14 se manda a la Junta Central Electoral a desconocer el carácter vinculante de la Sentencia. Se ordena que reconozca como dominicanos a los descendientes de extranjeros inscritos irregularmente en el Registro Civil (Ley 169/14,  art. 1). Todo eso se contrapone a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2004, a la Sentencia 168/13 y la Constitución de la República. Para imponerlo se modificó la Constitución, quebrantando la propia Carta Magna que establece en su artículo 272 que cualquier modificación al régimen ciudadanía, nacionalidad, extranjería, territorio y moneda no puede hacerse sin un referendo aprobatorio. Se aprobó sin lecturas. Sin consultas. Sin vistas públicas. Los legisladores se convirtieron en instrumento del poder político. Aplicaron la fuerza devastadora de una aplanadora constitucional.  Estas demostraciones de  audacia, de osadía  y de fuerza sólo se pone en práctica cuando se trata de atropellar a los dominicanos. Ante las insolencias de los peones del poder extranjero, ante los desplantes y la arrogancia de los haitianos, los fieros leones son más cobardes que una guinea tuerta. El valor que exhibe este grupo  es el heroísmo de los abusadores.

·La tercera  embestida consiste a convertir a las personas regularizadas en candidatos inmediatos a la naturalización en dos años.  La ley 169/14 se refiere a dos poblaciones de extranjeros ilegales.  1) A los extranjeros que se hallan inscritos irregularmente en el Registro Civil, que son  los alcanzados por la Sentencia 168/13,  y a los que debió quedar circunscrita la Ley. A todos esos se les reconocen como válidos sus documentos falsos, siempre y cuando no hayan participado en la falsedad de escritura. 2) La ley incluye una población ilimitada, todos los extranjeros indocumentados haitianos que se hallen o que logren entrar al país. A esos se les promete una regularización con alguna categoría migratoria: trabajador temporero, estudiante, turista y finalmente residente. La Ley 169/14 establece que todos los regularizados, sin importar la categoría migratoria podrán solicitar su naturalización en dos años. (art.).  Este principio contradice la Ley de Migración que establece que sólo los admitidos en la categoría de residente podrían optar por la nacionalidad, con arreglo a ciertas condiciones.

 Inmediatamente cabe preguntarse, ¿cuáles serán las consecuencias de esta medida suicida? Es una operación de desmantelamiento de todo nuestro aparato jurídico.  Según la encuesta de la ONE, llevada a cabo por los mismos actores que promueven  esta colonización, las proporciones de extranjeros que serían regularizados rebasarían 450.000 personas. La propia encuesta estima en 209.000 menores, supuestos descendientes de estos inmigrantes, los cuales serían beneficiados con el mismo plan. A este grupo habría, desde luego, que añadir a los convalidados inmediatamente sin ni siquiera exigir protocolo de lealtad, respeto a la bandera, al himno. Las proporciones de esa operación podrían calcularse en 700.000 personas en un plazo decisivo de dos años.

·La cuarta batalla  de esta guerra  se libra contra  la Dirección General de Migración (DGM).  Había que sacar del escenario al organismo estatal con experiencia en estas faenas, para complacer a las ONG y al Gobierno haitiano. En capítulo II, artículo 6, del Reglamento de la Ley 169/14 prevé la creación de una nueva unidad burocrática, con un  director nombrado ad hoc, bajo el mando del Ministerio de lo interior y policía. Todo esto deroga  la Ley General de Migración 285-04. Una vez más, un decreto suprime una ley.  Será una nueva Dirección de Migración en toda regla, abrirán oficinas en todo el país. Los haitianos representan más del 90% de los extranjeros que hay en el país. A la gratuidad de todas las gestiones migratorias establecida en el Cap. I, art. 4 para toda esta población ilegal que se han introducido en el territorio nacional, se añaden los costos de una burocracia, se administrará una proporción de población mayor que la que maneja la DGM. Los gastos de esta enorme operación más de mil millones de pesos, se colocan bajo las espaldas del pueblo dominicano. El Gobierno haitiano en contrapartida exigirá a su población el pago de las gestiones,  llenará sus faltriqueras con más de 3000 millones de pesos, para repartirlo alegremente entre sus funcionarios rapaces.

·El  quinto ataque convierte a las instituciones del Estado en blanco de los grupos de ilegales.  Los resultados  de la creación de  la unidad  de aplicación de Ley 169/14que suplantará a la DGM no deben llamarnos a engaño.  Sin experiencia administrativa, sin procedimientos, sin entrenamiento,  convertirán todo el proceso en una chapucería. El propio Reglamento a la Ley 169/14  le concede las armas jurídicas a los ilegales para atacar las decisiones de las autoridades.  En los acápite h y siguientes, se establecen que los recursos  jerárquicos y de reconsideración contra las decisiones de la  autoridad del Estado. Igualmente,  en el decreto  327/13 que ya entró en vigor se describen los pormenores de los recursos que pueden interponer los ilegales contra la autoridad del Estado (véase Cap. V, art. 17,18, y 19).  Nadie, hasta ahora, ha explicado, ¿cuáles son los derechos adquiridos por las personas ilegales para contravenir una decisión de las autoridades? Increíble: las reglas las imponen, los ilegales.

Ante las pruebas contundentes,  la hipótesis que se impone es que estamos ante un Gobierno y una oposición, que lo  ha apoyado en el Congreso,  que despliegan un plan de fusión con Haití.  Los hechos se relacionan con un propósito. Cuando decimos que la yegua es baya, es porque tenemos los pelos en la mano. Son estas señales, las que nos hacen entrever la destrucción simbolizada por los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el ángel anunciador, encarnado por  el decreto 327/13. El segundo, es el ángel exterminador representado por la Ley 169/14. El tercero  lo  representa, el Reglamento a la Ley 169/14, el ángel maldito, que despliega la maquinaria de la aniquilación total. El cuarto, es el ángel destronado, es el pueblo dominicano, sometido a un proceso de suplantación, a la pérdida del control de su destino y convertido, en la representación de su propia muerte.

  Condenar lo que  existe, la República Dominicana, en nombre de lo que  existe sólo en las cabezas desquiciadas de algunos, la República dominico haitiana, es abandonarse al delirio, situarse fuera de la realidad ¿Por qué no ofrecerle al pueblo una alternativa clara, por qué pensar en imponerle a escondidas una fusión política?  Olvidado, desacreditado por los insultos de los que promueven la haitinización,  el pueblo dominicano se ha convertido  en el verdadero enemigo de estos funcionarios, que niegan su historia, que lo tildan de racista, partidario del apartheid, por el solo hecho de permanecer atado a su destino, a su cultura, a su historia, por oponerse a que le roben el porvenir.  Según esto, los dominicanos no tenemos derecho ni siquiera al aire que respiramos. El pueblo dominicano es muy superior a  los políticos, los intelectuales y los empresarios. Estos pueden  conformarse con una nacionalidad de aeropuerto. Pero los humildes dominicanos a los que se quiere suplantar como pueblo, sometiéndolo a una autoridad supranacional, solo tienen la patria, la libertad y la independencia. No pueden renunciar a esos valores, sin perder su cohesión nacional.

 Para ellos han sido escritas las estrofas del himno nacional dominicano  que describen la insumisión del pueblo a los traidores y a sus enemigos jurados:

Más Quisqueya, la indómita y brava

Siempre altiva su frente alzará

Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá.