OPINIONES:

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Por MANUEL NÚÑEZ

EL AUTOR es historiógrafo, poeta y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

A raíz de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2004, que establece  que  a los descendientes de extranjeros en tránsito, y desde luego, a los que transcurridos los diez, entran en la ilegalidad plena, no le corresponde la nacionalidad dominicana.  Para dar solución a estos problemas se  estableció el libro de extranjería para inscribir a los millares de descendientes de parturientas que penetran a los hospitales dominicanos. Todas esas informaciones les son remitidas a las autoridades haitianas para incluirlas en su Registro Civil.

No habiendo concluido esas operaciones, las ONG pro haitianas llevaron el caso de Julienne Deguis Pierre ante el Tribunal Constitucional para anular los resultados de la Sentencia de la Suprema. El propósito era meter a todos los descendientes de extranjeros no residentes como  beneficiarios de la nacionalidad por nacimiento.

De todas esas maniobras, nació la Sentencia 168/13. Su propósito  era establecer  que los descendientes de extranjeros no residentes en el país, tal como que ocurre en todos los países del continente desde México hasta Chile ,  no le correspondía  la nacionalidad por nacimiento.

Tan pronto  fue dada  al conocimiento la Sentencia 168/13,  un conciliábulo de enemigos internos y externos desplegó sus fuerzas combinadas en el seno del Gobierno. Contrataron abogados. Grupos vinculados al Centro Bonó, Participación Ciudadana, al CEJIL, GARR y otras  ONG descargaron salvas de insultos zafios contra los magistrados que votaron a favor. Iniciaron una campaña de descrédito. Los cabecillas de ese movimiento comenzaron un cabildeo sin tregua  entre los líderes políticos de los cuatro grandes partidos.

Todo el maquiavelismo, toda la temeridad y toda la determinación de que han sido capaces, se han puesto de manifiesto  en las operaciones que han llevado a cabo.

·En la primera ofensiva se propusieron desmoralizar a las autoridades al Ejército, al CESFRONT, a la Dirección de Migración (DGM): a) Parar las deportaciones durante el tiempo de aplicación del plan (Decreto 327/13, art. 37);  b)  inscribir sin documentación a los extranjeros ilegales (art. 12); c) regularizar a  núcleos familiares completos , aplicar el principio de la reunificación familiar para trabajadores temporeros (art.26);  d) regularizar prioritariamente a enfermos y vulnerables (art.30); d) que los regularizados puedan, a su vez, traer a sus enfermos (art.32); f) Los ilegales pueden incoar un recurso legal, en caso de que las autoridades consideren que sus expedientes no califican para radicarse en el país (art.35). A partir de entonces todas políticas  de la Dirección General de Migración serían elaboradas por el Instituto de Migración, Genoveva Rojas, ligada al Centro Bono y otras ONG que han combatido las deportaciones de indocumentados. El decreto 327/13 del Reglamento a la Ley de Migración fue el  primer ataque salido de sus consultorías jurídicas paralelas. El Reglamento  que pone en vigor el decreto no fue concebido para aplicar la ley de Migración sino para destruirla.

·El segundo  ataque se dirigió directamente a la Sentencia 168-13.  En la Ley 169/14 se manda a la Junta Central Electoral a desconocer el carácter vinculante de la Sentencia. Se ordena que reconozca como dominicanos a los descendientes de extranjeros inscritos irregularmente en el Registro Civil (Ley 169/14,  art. 1). Todo eso se contrapone a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2004, a la Sentencia 168/13 y la Constitución de la República. Para imponerlo se modificó la Constitución, quebrantando la propia Carta Magna que establece en su artículo 272 que cualquier modificación al régimen ciudadanía, nacionalidad, extranjería, territorio y moneda no puede hacerse sin un referendo aprobatorio. Se aprobó sin lecturas. Sin consultas. Sin vistas públicas. Los legisladores se convirtieron en instrumento del poder político. Aplicaron la fuerza devastadora de una aplanadora constitucional.  Estas demostraciones de  audacia, de osadía  y de fuerza sólo se pone en práctica cuando se trata de atropellar a los dominicanos. Ante las insolencias de los peones del poder extranjero, ante los desplantes y la arrogancia de los haitianos, los fieros leones son más cobardes que una guinea tuerta. El valor que exhibe este grupo  es el heroísmo de los abusadores.

·La tercera  embestida consiste a convertir a las personas regularizadas en candidatos inmediatos a la naturalización en dos años.  La ley 169/14 se refiere a dos poblaciones de extranjeros ilegales.  1) A los extranjeros que se hallan inscritos irregularmente en el Registro Civil, que son  los alcanzados por la Sentencia 168/13,  y a los que debió quedar circunscrita la Ley. A todos esos se les reconocen como válidos sus documentos falsos, siempre y cuando no hayan participado en la falsedad de escritura. 2) La ley incluye una población ilimitada, todos los extranjeros indocumentados haitianos que se hallen o que logren entrar al país. A esos se les promete una regularización con alguna categoría migratoria: trabajador temporero, estudiante, turista y finalmente residente. La Ley 169/14 establece que todos los regularizados, sin importar la categoría migratoria podrán solicitar su naturalización en dos años. (art.).  Este principio contradice la Ley de Migración que establece que sólo los admitidos en la categoría de residente podrían optar por la nacionalidad, con arreglo a ciertas condiciones.

 Inmediatamente cabe preguntarse, ¿cuáles serán las consecuencias de esta medida suicida? Es una operación de desmantelamiento de todo nuestro aparato jurídico.  Según la encuesta de la ONE, llevada a cabo por los mismos actores que promueven  esta colonización, las proporciones de extranjeros que serían regularizados rebasarían 450.000 personas. La propia encuesta estima en 209.000 menores, supuestos descendientes de estos inmigrantes, los cuales serían beneficiados con el mismo plan. A este grupo habría, desde luego, que añadir a los convalidados inmediatamente sin ni siquiera exigir protocolo de lealtad, respeto a la bandera, al himno. Las proporciones de esa operación podrían calcularse en 700.000 personas en un plazo decisivo de dos años.

·La cuarta batalla  de esta guerra  se libra contra  la Dirección General de Migración (DGM).  Había que sacar del escenario al organismo estatal con experiencia en estas faenas, para complacer a las ONG y al Gobierno haitiano. En capítulo II, artículo 6, del Reglamento de la Ley 169/14 prevé la creación de una nueva unidad burocrática, con un  director nombrado ad hoc, bajo el mando del Ministerio de lo interior y policía. Todo esto deroga  la Ley General de Migración 285-04. Una vez más, un decreto suprime una ley.  Será una nueva Dirección de Migración en toda regla, abrirán oficinas en todo el país. Los haitianos representan más del 90% de los extranjeros que hay en el país. A la gratuidad de todas las gestiones migratorias establecida en el Cap. I, art. 4 para toda esta población ilegal que se han introducido en el territorio nacional, se añaden los costos de una burocracia, se administrará una proporción de población mayor que la que maneja la DGM. Los gastos de esta enorme operación más de mil millones de pesos, se colocan bajo las espaldas del pueblo dominicano. El Gobierno haitiano en contrapartida exigirá a su población el pago de las gestiones,  llenará sus faltriqueras con más de 3000 millones de pesos, para repartirlo alegremente entre sus funcionarios rapaces.

·El  quinto ataque convierte a las instituciones del Estado en blanco de los grupos de ilegales.  Los resultados  de la creación de  la unidad  de aplicación de Ley 169/14que suplantará a la DGM no deben llamarnos a engaño.  Sin experiencia administrativa, sin procedimientos, sin entrenamiento,  convertirán todo el proceso en una chapucería. El propio Reglamento a la Ley 169/14  le concede las armas jurídicas a los ilegales para atacar las decisiones de las autoridades.  En los acápite h y siguientes, se establecen que los recursos  jerárquicos y de reconsideración contra las decisiones de la  autoridad del Estado. Igualmente,  en el decreto  327/13 que ya entró en vigor se describen los pormenores de los recursos que pueden interponer los ilegales contra la autoridad del Estado (véase Cap. V, art. 17,18, y 19).  Nadie, hasta ahora, ha explicado, ¿cuáles son los derechos adquiridos por las personas ilegales para contravenir una decisión de las autoridades? Increíble: las reglas las imponen, los ilegales.

Ante las pruebas contundentes,  la hipótesis que se impone es que estamos ante un Gobierno y una oposición, que lo  ha apoyado en el Congreso,  que despliegan un plan de fusión con Haití.  Los hechos se relacionan con un propósito. Cuando decimos que la yegua es baya, es porque tenemos los pelos en la mano. Son estas señales, las que nos hacen entrever la destrucción simbolizada por los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el ángel anunciador, encarnado por  el decreto 327/13. El segundo, es el ángel exterminador representado por la Ley 169/14. El tercero  lo  representa, el Reglamento a la Ley 169/14, el ángel maldito, que despliega la maquinaria de la aniquilación total. El cuarto, es el ángel destronado, es el pueblo dominicano, sometido a un proceso de suplantación, a la pérdida del control de su destino y convertido, en la representación de su propia muerte.

  Condenar lo que  existe, la República Dominicana, en nombre de lo que  existe sólo en las cabezas desquiciadas de algunos, la República dominico haitiana, es abandonarse al delirio, situarse fuera de la realidad ¿Por qué no ofrecerle al pueblo una alternativa clara, por qué pensar en imponerle a escondidas una fusión política?  Olvidado, desacreditado por los insultos de los que promueven la haitinización,  el pueblo dominicano se ha convertido  en el verdadero enemigo de estos funcionarios, que niegan su historia, que lo tildan de racista, partidario del apartheid, por el solo hecho de permanecer atado a su destino, a su cultura, a su historia, por oponerse a que le roben el porvenir.  Según esto, los dominicanos no tenemos derecho ni siquiera al aire que respiramos. El pueblo dominicano es muy superior a  los políticos, los intelectuales y los empresarios. Estos pueden  conformarse con una nacionalidad de aeropuerto. Pero los humildes dominicanos a los que se quiere suplantar como pueblo, sometiéndolo a una autoridad supranacional, solo tienen la patria, la libertad y la independencia. No pueden renunciar a esos valores, sin perder su cohesión nacional.

 Para ellos han sido escritas las estrofas del himno nacional dominicano  que describen la insumisión del pueblo a los traidores y a sus enemigos jurados:

Más Quisqueya, la indómita y brava

Siempre altiva su frente alzará

Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá.

Deforestación y delincuencia

Por ROBERTO MARCALLE ABREU

EL AUTOR es periodista y escritor. Reside en Santo Domingo.

Como ciudadano, considero que el presidente Medina debe hacer sentir su determinación en problemas en los que es preciso se asuman directrices muy claras, porque a medida que pasan los días la indignación pública crece hasta extremos que pueden erosionar de manera grave la paz pública.

Uno de ellos está relacionado con la deforestación y la destrucción de nuestros ríos. Los vídeos y fotografías que diariamente se publican son estremecedores. Constatar de manera directa la situación en todo el país lo es mucho más.

De hecho, enfrentamos una descarada anulación de los esfuerzos que se han realizado históricamente para preservar el hábitat de esta parte de la isla.

El criminal tráfico de carbón, a favor del Estado colapsado del oeste en desmedro de la República Dominicana, es realmente alarmante.

El deterioro del caudal de nuestros ríos, a consecuencia de la extracción indiscriminada de materiales, está fuera de control. ¿Qué se espera para hacerle frente a esta criminal depredación?

Debo decir, refiriéndome al tema de la delincuencia, que nadie puede negar los esfuerzos que realizan las autoridades. El accionar de la Policía, la implementación del 911 y la presencia de soldados en las calles son evidencia fehaciente de estas iniciativas.

No obstante, es preciso que el Presidente interceda sutilmente con los senadores y diputados para que se apruebe ya mismo el Código Procesal Penal que aumenta las penas e introduce modificaciones en una legislatura que, en la actualidad, favorece al delincuente y hace cada vez más inseguras nuestras calles.

Es preciso que la Policía y el Ministerio Público coordinen, como se hace en todos los países organizados, la elaboración de los expedientes, a fin de que no haya asidero para poner en libertad a conocidos transgresores de la ley con el alegato de la “falta de pruebas”.

La Policía, a su vez, no puede tratar con paños tibios a criminales y desaprensivos que se han apropiado de las calles. Pero no se debe actuar a la ligera.

Es preciso que se acuda de manera sistemática a las facilidades digitales para identificar al delincuente. El ciudadano debe ser tratado con respeto y protegido por las autoridades.

El rigor, todos coincidimos en ello, debe dirigirse a quienes atentan contra la paz y la seguridad de la ciudadanía. A quienes atentan contra la naturaleza y el medio ambiente.

Sicarios, asaltantes, ladrones, escaladores, violadores, narcotraficantes, depredadores de los bosques y los ríos deben ser apresados, sometidos a la justicia y condenados a largas penas de cárcel.

Debe entenderse, y creo que así lo concibe la mayoría de los ciudadanos, que existe o debe existir colaboración de los diferentes estamentos de la autoridad. Reitero, en este sentido, la necesidad de que el presidente Medina sume a sus esfuerzos la llamada o la advertencia oportuna a fin de enderezar situaciones que ponen en entredicho la correcta marcha del gobierno en su conjunto

Merengue en Palacio

Por ROSARIO ESPINAL

LA AUTORA es socióloga, politóloga y profesora universitaria. Reside en Santo Domingo.

El merengue fue a pedir ayuda al Palacio Nacional. Cuando leí la noticia me pareció curioso. Una foto del presidente Danilo Medina rodeado de reconocidos merengueros es documento para la historia. Pero cuando leí el propósito de la visita quedé boquiabierta. Los merengueros fueron al Palacio a pedir que el Presidente intervenga para revivir el ritmo que anda de capa caída.

Si el objetivo es revivir y proyectar el merengue, al último lugar que debieron acudir los merengueros fue al Palacio Nacional, porque para revivir el merengue no se necesita intervención gubernamental. Se necesitan nuevas y buenas composiciones, y jóvenes intérpretes que capten la sensibilidad de las nuevas generaciones.

El merengue es patrimonio nacional, ¡qué bueno! Es un ritmo cadencioso que nadie interpreta ni baila mejor que los dominicanos. Pero su popularidad no depende de una política oficial, sino de la creatividad musical que no sale de ninguna oficina pública. Distinto ocurre con la historiografía musical, en la que sí puede ayudar el Estado.

La música no es estática; y bien lo saben los merengueros que a través del tiempo innovaron con ese ritmo del alma dominicana. Excluyendo la Era de Trujillo, cuando el dictador lo llevó al salón, el merengue salió del pueblo, de sus entrañas, y de sus músicos.

El merengue se transformó y llegó a la madurez en la década de 1980. Ahora está en receso porque los artistas jóvenes han encontrado en otros ritmos sus formas de expresión, ya sea en la suavidad de la bachata o en la fuerza del reguetón.

La marca-país no es exclusiva del merengue ni tampoco de la bachata. Es fabuloso que un país tenga dos ritmos que han alcanzado fama internacional. Para mantenerlos en la cima, la intervención gubernamental no es el camino.

En manos del Estado el arte se petrifica, aunque la apariencia sugiera lo contrario. El Ministerio de Cultura puede nombrar un vice-ministro de merengue con un presupuesto y eso no revivirá el merengue; de la misma forma que el auge actual de la bachata no es producto de la intervención estatal, sino de la creatividad de un grupo de artistas que poco a poco fue ganándose el apoyo del público.

La función principal del Estado es la organización y la regulación de la sociedad, no la creación, y eso tiene implicaciones importantísimas para el arte, que por definición se dedica a la creación mágica de lo impensable, expresado en palabras, en tonalidades musicales, en la brocha, la escultura, la imagen fotografiada, o en los movimientos teatrales o danzantes.

En vez de ir al Palacio, los merengueros deben reunirse con grupos diversos de jóvenes dominicanos, entender sus sensibilidades, sus preocupaciones, sus formas de diversión, sus atuendos, sus dilemas. Quizás de ahí surjan nuevas inspiraciones, nuevas letras, nuevas melodías para un merengue que sintonice con ellos. Quizás esos merengueros ya maduros podrían realizar talleres con músicos jóvenes y transmitirles su pasión por el merengue; y hacerlo por iniciativa propia, no auspiciados por el Gobierno, sino motivados por el deseo de que las nuevas generaciones vibren con un merengue, al igual que lo hacen ahora con otros ritmos.

La marca de un país no es lo que se escoja como marca-país, sino lo que se haga bien en ese país y sea sui-generis. El merengue ha sido declarado patrimonio cultural dominicano y también puede serlo la bachata. Lo importante en ambos casos es la calidad de las piezas musicales y sus intérpretes, y la capacidad de llegar al público que siempre determina lo que está de moda.

La encrucijada de Leonel

Por CESAR MEDINA

EL AUTOR es periodista y embajador dominicano en España, donde reside.

La salida de Reinaldo de la presidencia del Senado lleva un mensaje mucho más profundo de lo que se asume en la superficie de este revoltijo político electoral que comenzará ahora a medir su fuerza real a nivel del liderazgo peledeista.

Lo ideal para Leonel era que todo siguiera igual, que si el secretario general del partido es un catalizador de pasiones en la Cámara Alta, Reinaldo debería seguir al frente de ella, mientras él, Leonel, mantiene control directo de la Cámara de Diputados, con Abel Martínez en su presidencia.

En la disciplina partidaria, el secretario general se reporta al presidente, y como el secretario general es presidente del Senado, el presidente del partido es su jefe inmediato. Y como el Senado es una instancia política...

Esa condición menguaba el crecimiento de Reinaldo y fortalecía internamente a Leonel. Era lógico entonces que Reinaldo rompiera esa odiosa dependencia...

En el sector de Reinaldo hay gente pensando con profundidad. Porque la estrategia correcta es situarse en el contrapeso interno de Leonel y eso no es posible sin una definición de Danilo… Es aquí donde entra en juego su salida de la presidencia del Senado.

Julio César Valentín debería pasar a sustituirlo porque la mayoría del Comité Político le apoya y porque Leonel le prometió que después de Reinaldo iba él… Eso implica que Leonel pierda el control de la Cámara de Diputados, aplicando la lógica de la equidad y el equilibrio.

La Cámara de Diputados 

Danilo Medina necesita el control de la Cámara de Diputados porque a partir de ahora los principales acontecimientos políticos se debatirán en esa instancia legislativa. Y él está en minoría porque se negó a taparse la nariz para hacer el trabajo cuando su compadre Marino Collante le propuso la necesidad de hacerlo, hace más de un año.

Ahora se ha buscado otra fórmula más ortodoxa a través de Reinaldo, en una especie de alianza de los tradicionales danilistas con los reinaldistas que le han llegado no sólo del PLD sino de los demás partidos y grupos representados en la Cámara.

Se dieron cuenta que contando y contado cada vez van llegando más y harán una gran mayoría… En espera de las grandes decisiones.

Dicho un poco más clar a Leonel le están cambiando el Senado mediatizado por la Cámara de Diputados bajo control de Reinaldo.

Fernández pierde mucho poder sin el control de la Cámara de Diputados porque el Senado entero menos uno es peledeista y en última instancia acataría una decisión del CC, además de que entre Danilo y Reinaldo controlan casi la mitad.

¿…Contragolpe de Leonel? 

Una contrajugada de Leonel sería posible pero no inteligente… Podría salir apoyando las aspiraciones de Cristina Lizardo a la presidencia del Senado sacrificando a Valentín para que Abel siga al frente de los diputados.

Pero tal propuesta no pasaría en el CC sin el apoyo de los danilistas, además de que Cristina declinaría.

Y de agriarse la situación de forma que obligue una definición de fuerzas internas en la Cámara de Diputados, Danilo terminaría con mayoría sobre Leonel aunque los números hoy digan lo contrario… Leonel Fernández también eso lo tiene claro.

Sería una temeridad hablar de celada, porque se trata de una jugada de alta política que tuvo que ser pensada y todas sus consecuencias bien ponderadas. Por eso el 16 de agosto quedarán muchas cosas claras…