OPINIONES:

Desafíos para Danilo a mitad de gobierno

Por JUAN BOLIVAR DIAZ

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El Gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.

Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie.

Los mayores éxitos.

El mayor éxito de la primera mitad del Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.

Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el Gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretación del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo han completado el crédito en el sector.

La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y solo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.

Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el Gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.

Se debe acreditar al Gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la Cámara de Cuentas se incrementó en 28 por ciento solo en 2013 y que este año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.

Quemado en transparencia. 

El Gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos clave como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en la campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet. No se ha logrado establecer la Cuenta Única del Tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.

Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos, en contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.

Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre de 2013.

El reparto del Estado

Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el Gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de Gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego, cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.

El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.

En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.

Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudo nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al Presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.

Intereses corporativos

 Si en la primera mitad de su período el presidente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el Gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.

Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.

Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición.

El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su Gobierno, que inicia esta semana.

Los mayores fracasos

No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de Gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el Gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.

Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este Gobierno.

El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.

Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.

Telón de fondo: déficits balanza comercial

Por JULIO MARTINEZ POZO

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Algo hay en el fondo del debate producido por la intención de gravar las compras por internet inferiores a los doscientos dólares, a lo que nadie le quiere meter el diente porque desnuda la fragilidad de la economía dominicana: el déficits de cuenta corriente de nuestra balanza comercial, que en algo ha disminuido por las exportaciones de oro, pero denuncia que nos va  mal en el resto de los bienes exportables.

Si al 2010 totalizamos exportaciones por 6,814.7 millones de dólares, versus importaciones por 15,209.9, podríamos alegar que nos fue mejor en 2013 cuando subimos las exportaciones a US$9,503.7 y las importaciones a 16,809.6, producto de las operaciones de la Barrick, de todas maneras arrastramos un saldo negativo de 7, 305.9 millones de dólares.

 Un tipo de cambio estable que ha sido virtud de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido que contrapesarse con unos tipos de interés que no estimulan a los sectores con acceso al crédito y que menos aun facilitan la bancarización de los informales, y el resultado ha sido un modelo de crecimiento que no genera empleos de calidad, que desde 2004 a la fecha por cada empleo formal ha generado 14 informales, y el 70% de los formales los ha dado el Gobierno, no la economía, datos que  recalcó Manuel Diez Cabral en la Cámara Americana de Comercio.

Los tratados de libre comercio, si bien es cierto que nos abren oportunidades que no hemos estado en  capacidad de aprovechar, han tenido una incidencia totalmente desproporcional, ampliando las facilidades para que nuestra gente pueda consumir mas productos importados, lo que hace que el consumo de divisas crezca varias veces más que la capacidad de generarlas, lo que es insostenible.

En “El Precio de la Desigualdad”, Joseph E. Stiglitz deja claro que “Si las exportaciones crean empleos, las importaciones lo destruyen” y eso es lo que el país ha estado haciendo y destruyendo los pocos empleos que su economía genera, no solo por el comportamiento en las compras por internet, sino en una conducta generalizada con buena parte de la mano de obra cualificada y no cualificada copada por extranjeros, la captación de las grandes empresas locales por multinacionales que repatrian sus beneficios y una conducta de consumo superflua.

No es una sola medida la que deberíamos  estar discutiendo que de manera aislada no va a revertir el problema de fondo, los dominicanos necesitamos sentarnos a trazar al país que queremos y a no solo pregonarlo en el discurso,  el resultado debe de quedar plasmado en un pacto fiscal.

Lo ideal es que auspiciemos un consumo que agregue valor, no es cierto que beneficie a la clase media de ningún país el que todo lo que produce se esfume por las ventanillas de las importaciones, porque esa fiesta, aunque en la actualidad aparente beneficiosa arrastra  facturas explosivas.

Se culpa al comercio local de lucro desmedido, conclusión que se extrae de la comparación  del precio en tienda versus su costo por internet incluido envío, y la verdad es que en muchos casos la diferencia escandaliza, pero justamente uno de los planteamientos de un pacto por empleo incluye la revisión de la estructura de costo de una operación local que desde renta de espacio comercial, energía eléctrica, costos de una planta privada, doble pago de seguridad social, tremendismo laboral, pocas ventas, entre  otros hacen que resulte una hazaña mantener un negocio abierto en el país.