OPINIONES:

Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos

Por JUAN BOLIVAR DIAZ

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.

Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una persistente versión

La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.

Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.

El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.

El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.

Rectificación del Procurador

Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.

En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.

Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.

Sin precedente e ineficaz

 No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.

Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.

La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.

Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.

Consecuencias impredecibles

La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.

A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.

En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.

Joaquín Balaguer ante la historia

Por JOAQUÍN RICARDO

Joaquin Balaguer

 “La verdad adelgaza, pero no quiebra”.   Miguel de Cervantes.

Desde temprana edad Joaquín Antonio Balaguer Ricardo comenzó a forjar su conciencia social y política. Vivió en la adolescencia el doloroso escarnio de la soberanía mancillada por la intervención norteamericana de 1916, provocada por los bochornosos empréstitos en nombre del Estado, asentados durante los gobiernos de Buenaventura Báez, así como por el bochornoso comportamiento de la clase política dominicana en las primeras décadas de nuestra vida republicana, de la que él nos ofrece un vivo retrato en su obra Los Carpinteros.

Sus escritos en favor del restablecimiento de la soberanía nacional y su activa participación en los movimientos cívicos para alcanzarla, constituyen, en cierta medida, sus primeros pasos en la movediza arena de la política nacional. Como una prueba fehaciente de su participación en este proceso nos queda su artículo "Mr. Hughes y el Plan de Esclavización", publicado en La Información el 27 de septiembre de 1923.

Se involucró en el denominado “Movimiento Cívico del 23 de febrero de 1930” escribiendo su “Manifiesto al País”, que culminó con la renuncia del Presidente Horacio Vásquez y la designación del Licenciado Rafael Estrella Ureña como Secretario de Interior y Policía, Encargado, a ese título, del Poder Ejecutivo.

Con la juramentación de Trujillo, el 16 de agosto de 1930, se inicia el largo período de 31 años en el que se  conculcaron todas las libertades y se atenazó a la inmensa mayoría de las conciencias nacionales. Su participación en ese período de nuestra historia es bien conocida. Ocupó posiciones de relevancia, pero, a diferencia de muchos de los que participaron en ese proceso, su paso por el pantano no manchó su trayectoria. Como muy bien expresara el editorial de El Nacional del 14 de julio del año 2002, al comentar su fallecimiento:  “Ni una gota de la sangre que corrió durante 30 años de satrapía pudo manchar el manto político del doctor Balaguer, quien, sin abjurar del régimen, se refugió siempre en las letras y la diplomacia”.

Después de la muerte de Trujillo, con la maquinaria del régimen intacta, le correspondió al gobierno encabezado por él la obligación insoslayable, como él mismo expresara, de llevar a cabo una tarea de enorme significación: el restablecimiento de las libertades públicas y dar nuevamente vigencia en el territorio nacional a los derechos humanos.

Manejó con gran destreza esa delicada y difícil misión, alentando la transición política en ese delicado momento, así como las medidas pertinentes para la apertura democrática. Indudablemente, pues, además de poseer condiciones de excepción, ya había adquirido “la autoridad del sabio y del hombre de Estado”. Su condena fue el destierro, por las ambiciones y la intolerancia en 1962. 

Desde las frías latitudes del exilio, con el concurso de valiosos amigos, fundó el Partido Reformista, dando inicio a una vigorosa, pero siempre constructiva oposición contra los desmanes administrativos del gobierno de facto. En su obra “Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril”, recopila partes de sus alocuciones y propuestas a la nación dominicana durante ese lapso.

Regresó al país en 1965, en medio de la guerra fratricida que tuvo lugar ese año, retorno provocado por la extrema gravedad de su madre. El Gobierno de Reconstrucción, que había autorizado a regañadientes su regreso, le concedió sólo un plazo de 24 horas para abandonar nuevamente el país, a lo que se negó rotundamente, respondiéndole al enviado que tendrían que utilizar la fuerza para materializar su salida.

Entonces inició una labor de proselitismo político que dio como resultado su postulación a la presidencia de la República por el citado Partido Reformista en las elecciones generales del año 1966, en la que resultó electo por el voto  abrumador de la mayoría de sus conciudadanos.

Desde el primer día de su gestión esbozó un plan de austeridad en el manejo de las finanzas públicas, en consonancia con la realidad política y social que afrontaba el país, al tiempo que tomaba medidas importantes como las leyes de Incentivo Industrial, el impulso de un agresivo plan destinado al fomento de nuestras exportaciones y la adopción de los  incentivos pertinentes para el fortalecimiento del aparato productivo nacional. Auspició, de igual manera, la creación de zonas francas e impulsó al entonces bisoño sector turístico. Desde el Poder Ejecutivo tuvo la correcta visión de que el sector privado es un socio indispensable en el desarrollo nacional y que el gobierno solo arbitra entre los diversos sectores que lo componen, teniendo siempre presente el interés general, sin asociarse con ningún sector en particular.

Desde el gobierno, sin tomar empréstitos, se inició un plan de construcción de obras de infraestructura sin precedentes entonces y sin muchos hoy.  La economía crece y se distribuye la riqueza. Las Leyes Agrarias permiten romper con el esquema colonial de la tenencia de tierras prevaleciente hasta el momento, situando al campesino como el centro de atención del Estado. Rompió esquemas con su proyecto de nación, como suelen hacerlo los verdaderos líderes.

Joaquín Balaguer construyó más caminos, carreteras, viviendas, presas, canales de riego, escuelas, instalaciones deportivas, calles, parques, avenidas, hospitales, acueductos, puertos y aeropuertos que todos los erigidos por las administraciones anteriores. Resultaría más fácil para cualquier persona interesada en la visión completa de todos sus logros en materia de infraestructura indagar cuáles no fueron edificadas por él, en los períodos que estuvo al frente de la dirección del Estado dominicano.

Esa extraordinaria obra de gobierno se realizó  teniendo como contraparte a una abierta y violenta oposición que parecía solo perseguir su derrocamiento; que propugnaba por asaltos y crímenes en nombre de un “sistema diferente”, aferrada a los esquemas de una ideología que no tuvo miramientos en provocarla inmolación de generaciones en su nombre, mediante el establecimiento de focos guerrilleros en las montañas primero y, a través de la guerrilla urbana posteriormente, como única forma de arrebatar, no de llegar al poder. La participación en las urnas así como la creencia en la democracia representativa como sistema de gobierno, simplemente no era una opción.

Era la izquierda de esos ideales, hermosos y reales, como reales fueron su derrota y su fracaso, dramáticamente representado en la  caída del Muro de Berlín. Jorge Amado, uno de los más sólidos intelectuales que abrazara la causa comunista, señala con dramáticas palabras esa realidad: “Sé de hombres y mujeres, magníficas personas, que de repente se encuentran desamparados, vacíos, sumergidos en la duda, en la incertidumbre, en la soledad, perdidos, enloquecidos. Lo que los inspiró y condujo por la vida, el ideal de justicia y belleza por el cual tantos sufrieron persecuciones y violencia, exilio, cárcel, tortura y otros muchos fueron asesinados, se transformó en humo, en nada, en algo sin valor, apenas una mentira e ilusión, mísero engaño, ignominia”.

A pesar, repetimos, de ese permanente estado de insurrección, el doctor Balaguer pudo entregarle a las futuras generaciones un país completamente diferente al recibido aquel remoto primero de Julio de 1966. Como muy bien lo afirmara en 1996 al entregar a las nuevas autoridades de la administración del Estado: “Hacemos entrega de un avión en la pista, con los motores encendidos, listo para el despegue”.

En los años finales de su prolongada existencia, con la extraordinaria experiencia acumulada en asuntos de estado, se convirtió en el referente para los asuntos nacionales hasta su sentida muerte, acaecida el 14 de julio del año 2002.

No es objeto de estas líneas hablar acerca de las administraciones que le han sucedido. Cada ciudadano podrá realizar las inevitables comparaciones históricas y hará su propia deducción de los hechos, lo que le permitirá arribar a sus personales conclusiones, sin excluir de sus apreciaciones al juicio infalible de la historia.

Por lo que sólo nos resta afirmar que su imperecedera obra de gobierno se yergue por encima de las pasiones y de los  vendavales que desata la incomprensión, esta última casi siempre unida a la ceguera que provoca el sectarismo dogmático. Creemos con absoluta certeza que su obra no necesita defensor alguno, pues, con el paso del tiempo, será el propio pueblo dominicano el que, serena y sabiamente, se encargará de restituir a la figura política del doctor Balaguer el lugar que le corresponde por derecho propio en el panteón sagrado de la historia política nacional, el de un grande entre los grandes dominicanos.