OPINIONES:

La nacionalidad dominicana, en la picota

Por MANUEL NÚÑEZ

EL AUTOR es historiógrafo, escritor y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

Durante varios siglos, era costumbre exhibir las cabezas de los condenados  y de los reos en unas columnas de piedra, llamadas picotas. Era una forma de escarmiento y de lección moral, practicada en tiempos ya remotos, que el progreso de la justicia,  ha echado en el olvido y ha suprimido, afortunadamente, de las plazas coloniales.  De ahí nació la expresión poner en la picota. Es decir, provocar la demolición moral, echar por tierra el prestigio y el honor de una persona  o de un país.

En muchos dominicanos, la imagen que tienen de la picota es la de la  banqueta de picar la carne o de destazar a los animales.  No andan lejos de la realidad.

En las últimas semanas, las autoridades dominicanas, contraviniendo  el dictamen de la Sentencia 168/13, que establecía que a todos los descendientes  de padres extranjeros que se hallaren inscritos  irregularmente en el Registro Civil no le correspondía la nacionalidad dominicana. Tal como es norma imperante desde México hasta Chile. En contraposición  a esa norma que vincula a  todos los poderes públicos,  el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 169/14 que manda a la Junta Central Electoral a entregarles a todas las personas que se hallan en la circunstancia  de la señora Deguis Pierre, actas de nacimiento,  cédulas de identidad y electoral y pasaporte.

Hasta ahora la Junta Central Electoral ha quebrantado un millar de veces las disposiciones establecidas en la Sentencia 168/13.   Y  al parecer,  el procedimiento  continuará pisoteando esas disposiciones miles de veces más. Según las disposiciones de la Sentencia, esas personas debieron agotar un proceso de regularización. Y, en caso de desearlo, solicitar la naturalización, con arreglo a las leyes vigentes.

Dos grandes errores se han cometido con esta medida que descuartiza la nacionalidad dominicana.

1.  Se le entrega la nacionalidad  dominicana a extranjeros sin arraigo nacional, que, en muchos casos desprecian nuestra historia, se burlan de nuestros valores, incumplen nuestra Constitución y nuestras leyes, y andan en conciliábulo con poderes extranjeros para hacer naufragar nuestra soberanía nacional;

2. Los haitianos con papeles dominicanos carecen de lealtad al país. Su propósito es traspasarle los derechos adquiridos a sus familiares con los cuales se hallan  hermanados por vínculos consanguíneos.

1. Naturalizar extranjeros sin arraigo nacional

En la mayoría de las naciones,  para incorporar mediante la naturalización a un extranjero, se le exige un protocolo de arraigo en la sociedad a la que  desea pertenecer.

1. Residir legalmente en el  país;

2. Leer, hablar y escribir la lengua de la sociedad a la que se quiere pertenecer;

3. Demostrar el conocimiento de la  historia, de la  cultura  de la  sociedad que lo acoge.  Venerarla,  y adoptar como suyos sus símbolos patrios (bandera, himno nacional, monumentos, efemérides nacionales etc.) .

4) respetar su Constitución y sus leyes y sus valores;

5.  No tener antecedentes judiciales;

6) renunciar a la lealtad a otros Estados y a otras sociedades

7) no representar un riesgo a la seguridad nacional ni a la continuidad del  Estado.

 Todos estos procedimientos  concluyen con una ceremonia de juramentación. En muchos casos,  el compromiso queda refrendado en el libro de los deberes y derechos del ciudadano. En todos los casos, los extranjeros naturalizados se comprometen a defender a la nación, incluso con las armas, si ésta entrare en guerra o conflicto. En todos los casos, se les prohíbe atentar contra los intereses fundamentales de la nación.   Así acaece en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, e incluso en Haití.

 En  artículo 22 del decreto de 6 de noviembre de 1984 que establece el procedimiento de naturalización en Haití se obliga a los candidatos  a pronunciar  el juramento siguiente “Yo renuncio a toda otra patria que no sea Haití”.

Lo que demuestra que los haitianos defienden con más ardor su territorio y su nacionalidad que los dominicanos el suyo.

 La nacionalidad  dominicana ha sido colocada en la picota. Ha entrado en un proceso de demolición.  Ya no se basa en el respeto a la Constitución y  en las leyes; ni se fundamenta en el mérito, ni en el cumplimiento de los deberes ciudadanos, sino que se distribuye gratuitamente a aquellos que se han propuesto, conscientemente, destruirla.

2. El rechazo de la lealtad al país.

La  nacionalidad implica derechos y deberes.  Todos los dominicanos tienen derecho a participar en la dirección de la cosa pública, ya sea directamente, o mediante la elección de representantes  ejercida en el sufragio universal.  Los ciudadanos pueden, igualmente,  acceder a las funciones del Estado,  disfrutar  de los bienes y los servicios públicos, trabajar en condiciones de igualdad ; tomar parte en la vida cultural y en la promociones de las tradiciones y valores nacionales

   Los ciudadanos tienen, además,  deberes que  les exigen todas las sociedades.  Están llamado a defender el interés general: el medio ambiente, la cultura que nos une;  a enfrentar todas las amenazas que comprometan la seguridad del Estado, solidaridad entre los nacionales, la Independencia y la integridad territorial de la patria.  Están llamados  por la Constitución y las leyes a mantener relaciones de lealtad con el Estado y con la nación, a  no apoyarse en otros Estados y en poderes transnacionales para desacatar sus leyes y agredir  a sus instituciones.

 A todos esos deberes faltó la señora Julienne Deguis Pierre, cuando se convirtió en instrumento de los propósitos de la Misión de ACNUR  y del señor Gonzalo Vargas Llosa que se ha propuesto traspasarle al país las obligaciones jurídicas  con ciudadanos de otro Estado. Esos haitianos con papeles dominicanos son la avanzadilla de la campaña tomando nuestro territorio (TNT).

¿Qué ocurre cuando los individuos que obtienen la nacionalidad , en esas condiciones, no consideran un deber defenderla, respetar su bandera, su Constitución y sus leyes?

Se produce una ruptura de la cohesión nacional.

El pueblo dominicano tiene derecho  al ejercicio de su autodeterminación, a determinar libremente su desarrollo económico y social. Cuando un pueblo es oprimido o dominado por otro, tal cual ocurrió de 1822 a 1844, con la ocupación haitiana,  tiene derecho a la Independencia,  a libertarse de la dominación extranjera, ya sea de orden político, cultural o económico.  

Hoy como ayer,  la trinchera del honor,  de la que habló el glorioso coronel Caamaño, está en defensa de la soberanía nacional, en la defensa de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, en la defensa de nuestra nacionalidad y en evitar que la nación entera pierda el control de su territorio, de sus empleos y de su porvenir.

 Por más cuentos que nos cuenten, por más dialéctica que empleen, el pueblo dominicano no va  aceptar que Haití imponga su voluntad en la Republica Dominicana. No vamos a aceptar que se desmantele la Independencia nacional fundada por los gloriosos Trinitarios en 1844. Sólo el patriotismo salva a los pueblos  de la destrucción, promovida por los traidores y  por la colonización extranjera. A los dieciséis Martí definió en Abdala, la fuerza invencible del patriotismo: 

El amor, madre, a la patria

No es el amor ridículo a la tierra,

Ni a la yerba que pisan nuestras plantas;

Es el odio invencible a quien la oprime,

Es el rencor eterno a quien la ataca

Miranda, ¿objetivo pretexto?

Por JULIO MARTINEZ POZO

EL AUTOR es periodista.  Reside en Santo Domingo.

Con Loma Miranda en la ruta expedita de ser declarada Parque Nacional, un grupo de organizaciones convocó una jornada de movilizaciones denominada“paro verde” que arrojó dos muertos, varios lesionados permanentes, entre ellos dos oficiales de la Policía, decenas de heridos, e interrupción de las actividades educativas y productivas en barrios y provincias.

 Todo empezó  con un chistecito muy pesado para los que tienen que padecer la molestia de quedar atrapados en un taponamiento de la principal autopista del país, con su tramo hacia Santo Domingo cerrado por unos sacerdotes que decidieron acostarse sobre el pavimento del puente de Maimón, escoltados por  activistas de su causa  que no entienden que el derecho a protestar no incluye irrespeto a la libertad de tránsito de las otras personas.

Razón para tales desbordes no la había porque los que llevan la voz cantante en la búsqueda de impedir la explotación minera de Loma Miranda, sabían más  del ritmo que llevaría el proyecto en el Congreso Nacional, que abierta la presente legislatura estaría entre los principales puntos de agenda y que la aprobación iba de urgencia.

Todo lo que se hizo en estos días pudo haber encontrado alguna justificación si hubiese habido la sospecha de que el proyecto pudiera ser rechazado, nuevamente modificado o engavetado, pero nada de eso, dos y dos cuatro, el sol saliendo todos los días y tan seguro como eso, Loma Miranda Parque Nacional.

Espacio para decisiones tan racionales como la de la espera  de un estudio concluyente de impacto ambiental no la había, o la de la suspensión de cualquier tipo de explotación hasta que se tuvieran las seguridades de las medidas de mitigación y de todas las prácticas de una minería responsable.

El político que se atreviera a sugerir cualquier cosa que no fuera la aprobada empeñaba seriamente su popularidad, y Falcondo dejó que le oscureciera demasiado para tratar de encender  luces.

No importa lo lejanas que anden las evidencias, a la mayoría de los dominicanos se les ha predicado que en Miranda nace el agua que beben y que su explotación tendría consecuencias terribles,  y como lo de Loma Miranda no se asumió como un tema frente al que había que adoptar una política de Estado, se tornó en braza ardiente que se traspasaba de mano en mano a ver quién se arriesgaba a quemarse, y nadie estaba en esas.

Ya tenemos lo que no teníamos, Loma Miranda Parque Nacional, un gran respiro interno pero en adelante habrá que afrontar  las consecuencias de esa decisión.

En vez de recibir recursos por vía de las exportaciones de ferroníquel, el Estado tendrá que sacar de donde no hay para cubrir indemnizaciones, no sin antes exponerse a unos pleitos en las instancias de arbitraje en los que lleva amplias posibilidades de padecer condenas y graves penalizaciones.

 No  queda  claro  si Loma Miranda era un objetivo o una bandera política, porque si era lo buscado  tocaba ahora a los promotores de la iniciativa respaldar al Estado que les ha complacido, en vez de dedicarse a enturbiar las aguas aupando el conflicto social.

El golpe a la seguridad jurídica que representa el desconocimiento de una concesión será muy perjudicial para un país que tiene cifradas sus metas de desarrollo en el crecimiento de la inversión extranjera, y si se añade un deterioro de la vida interna, la pobreza  contra las que algunos dicen luchar, no hará más que agudizarse.