OPINIONES:

¿Acoso o cumplimiento de la ley?

Por YOKASTA GUZMAN

LA AUTORA es directora general de Contrataciones Públicas. Reside en Santo Domingo

Según declaraciones publicadas por la prensa el jueves pasado, la Junta Central Electoral (JCE) considera que constituye un acoso del Ejecutivo, el hecho de que la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el marco de sus atribuciones, verifique si la JCE ha cumplido o no con lo que establece la Ley 340-06, sus modificaciones y su Reglamento de aplicación.

Con sus declaraciones la JCE lleva intranquilidad, así lo manifestaron sectores políticos en el fin de semana, que dicen haber visto con preocupación el supuesto acoso denunciado, cuando de lo que se trata es de que se cumpla con la ley vigente, de llevar transparencia y de rendición de cuentas sobre los procesos de compras y contrataciones públicas ejecutados por la JCE en este caso, pero también por cualquier otra entidad que gestione recursos públicos y convoque a procesos que han sido impugnados por proveedores en ejercicio de los derechos que le asisten, que entiendan que esta o cualquier otra entidad no ha cumplido con el debido proceso.

En lo que respecta al requerimiento realizado a la JCE por Contrataciones Públicas, de lo que se trata es del ejercicio de una atribución expresa que le confiere la Ley 340-06 y sus modificaciones, al disponer en su artículo 36, numeral 6) que es su atribución “verificar que en las entidades comprendidas en el ámbito de la ley se apliquen en materia de compras y contrataciones, de bienes, servicios, obras y concesiones las normas establecidas por la ley, sus reglamentos, así como las políticas, planes, programas y metodologías”.

Entonces, ¿Cómo puede considerarse acoso, cuando es la Ley 340-06 y sus modificaciones, la que en su artículo 2), Párrafo I, que dispone que la JCE, entre otras entidades, está sujeta a las regulaciones establecidas, no solo en la Ley sino también en sus reglamentos?

Tampoco puede ser un acoso, el hecho de que Contrataciones Públicas conozca y decida sobre un recurso jerárquico interpuesto por las empresas Global Id Solutions constituida conforme a las leyes de Alemania, representada por Caelum Dominicana, SRL ; y Pyhex Venture Inc., constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, pues actúa conforme a atribuciones legalmente conferidas, de manera particular en los artículos del 67 al 69 y del 70 al 77 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones.

La JCE es consciente de que Contrataciones Públicas actúa dentro de sus atribuciones, y tan consciente está que la empresa Copy Solutions Internationala la cual declaró adjudicataria de la LPN para la adquisición de equipos y materiales para la impresión de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, presuntamente apoderó al Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad sobre los artículos que sirven de fundamento a Contrataciones Públicas para apoderarse de los referidos recursos de impugnación a la adjudicación que realizara la JCE, olvidando que cualquier decisión que pudiera haber contraria a lo que dispone la Ley vigente, surtiría efectos a futuro. Hasta tanto esto suceda, lo que a todas luces sería improbable, los artículos de la Ley que pretenden que sean declarados inconstitucionales se encuentran vigentes y deben ser observados por las instituciones dentro de su ámbito, incluida la JCE.

Pero además, resulta que el argumento del acoso es una novedad, pues hasta ahora la JCE lo que había argumentado es una supuesta falta de competencia de la Dirección, sin presentar argumentos legales que no sean las propias interpretaciones parciales realizados por la misma JCE, ignorando que no puede interpretarse algo que está claramente establecido.

 Lo que resulta preocupante es que la JCE yendo más allá de lo que las leyes le atribuyen, y con el argumento de ser un órgano constitucional, pero sin que la Constitución le otorgue esta facultad, sino todo lo contrario, haya decidido darse y se ha dado un Reglamento a la Ley 340-06 y sus modificaciones, y que a la vez realice una interpretación al establecer que los proveedores que participen en cualquier proceso de compra y contratación convocado por ella y por así decidirlo la JCE sin tener una ley previa que lo faculte, no pueden presentar recursos jerárquicos o impugnaciones ante Contrataciones Públicas, lesionando un derecho que legalmente les confiere la ley.

Debe quedar claro que los proveedores que participen en cualquier proceso en el ámbito de las entidades incluidas en la Ley 340-06, entre ellas la JCE, tienen derecho a presentar su recurso de impugnación ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Debe quedar claro que no hay ni ha habido en esta administración supuesto acoso, ni a la JCE ni a ninguna institución, pues si algo ha caracterizado a esta administración pública es el respeto, pero también y cada vez más, el cumplimiento de la ley.

Es importante que se entienda que cumplir la Ley 340-06 y sus modificaciones, así como su reglamento y normas complementarias no es una opción sino una obligación legalmente establecida que lo que busca es llevar orden, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos en todos los ámbitos, lo que a mediano plazo debe contribuir a la gobernabilidad

Y en ese contexto que es el real, la JCE debe ser la más interesada en que cualquier controversia que surja sobre sus decisiones en lo que a procesos de compras y contrataciones se trate, se diriman ante la institución con facultad legal y expresa para conocerlos, que no es otra que la Dirección General de Contrataciones Públicas. 

La JCE no debe temer a la transparencia, ni a cumplir lo que establecen las leyes  y la Constitución de la República. Precisamente, en lo que ha estado trabajando esta administración desde el primer día es en la construcción de confianza en la sociedad, de la cual la JCE es una institución importante, pero que también se encuentra en la obligación de someter sus procesos de compras y contrataciones, pues solamente de eso se trata, al marco jurídico vigente, que es  bastante claro al establecer las facultades de la JCE, dentro de las que no se encuentra el de restringir los medios y recursos que la Ley 340-06 y sus modificaciones, establecen a  favor de los  proveedores. 

2016: predicciones inciertas

Por ROSARIO ESPINAL

LA AUTORA es socióloga, politóloga y profesora universitaria. Reside en Santo Domingo.

La única certeza que deja la más reciente encuesta Gallup-Hoy es que si las elecciones fueran hoy y Danilo Medina fuera candidato, no habría que celebrar elecciones presidenciales. Ganaría por aclamación.

Pero Medina tiene un impedimento constitucional para repostularse en el 2016, y variarlo supone que él quiera, que Leonel Fernández quiera, y que algunos legisladores perredeístas quieran. Sólo así se lograría la mayoría legislativa necesaria para modificar la Constitución.

En mi opinión, a Medina no le conviene promover un cambio constitucional porque perdería parte de la base de su encanto en la población: que cumple promesas. Dijo muchas veces que no se repostularía. Cambiar ahora sería una traición a sus propias palabras, aunque mucha gente quiera que se repostule.

Aclaro, no me gusta el sistema actual de repostulación no consecutiva; los presidentes deben tener opción de una repostulación inmediata. Pero ese fue el sistema que estableció la Constitución de 2010 por decisión de Leonel Fernández y Miguel Vargas. ¿La cambiarán ahora sus propios promotores?

Y eso, que a Fernández le convendría que Medina pudiera repostularse para recuperar las fuerzas perdidas; pero el deseo ya expreso de volver, y el de sus seguidores, es tan grande, que va en contra de una nueva modificación constitucional.

Si Medina no es el candidato del PLD, habrá entonces mucha inestabilidad en las preferencias electorales hacia el 2016, y los datos de encuestas realizadas en este momento hay que tomarlos con cautela.

¿Será Fernández el candidato? Si así fuera, a pesar de todas sus ventajas, su candidatura presenta al menos dos problemas: ¿Se movilizarán todos los peledeístas a su favor? La Gallup-Hoy revela que mientras 49% de los peledeístas considera que Medina debe ser el candidato, sólo 17% considera que debe ser Fernández. ¿Dinamizará su candidatura a la oposición por la tasa de rechazo? No se sabe, porque actualmente los principales partidos de oposición, excepto el PRD, no han elegido candidatos y la política es relacional. El poder de uno depende del poder del otro.

¿Se convertirá el PRM en un polo electoral importante? Dependerá del candidato y las alianzas. Hipólito Mejía tiene energía y carisma, pero también registra mucho rechazo y es un candidato vulnerable. Luis Abinader es más potable y tiene junto a Medina bajísima tasa de rechazo, pero para despegar necesita el apoyo de Mejía. Mientras eso no se aclare, las proyecciones electorales serán muy inciertas.

Fuera de las fuerzas políticas principales, hay muchos aspirantes presidenciales. Si no hacen alianzas y escogen al mejor candidato o candidata, difícilmente conseguirán calar en el electorado.

El sistema de partidos dominicano anda cojo. La razón principal es que mucha gente quiere ser jefe y candidato. El PRSC se desarticuló por eso. El PRD se desarticuló por eso. La izquierda tradicional ha vivido desarticulada por eso. El reinado del PLD se debe precisamente a eso.

En este momento, el factor clave en la ecuación electoral es el PRM. Su posicionamiento electoral impactará al PLD, al PRD y a los partidos minoritarios.

Si el PRM despega, aglutinará fuerzas y hará el camino electoral difícil al PLD, y mucho más al PRD. Si el PRM no despega, el sistema de partidos llegará al 2016 muy fragmentado, y eso beneficiará al PLD.

En estos momentos no hay espacio en República Dominicana para el mesianismo personalista porque el sistema de partidos, aunque está desarticulándose, todavía no ha colapsado.

En esta transformación, la primera prueba serán las elecciones de 2016. Ahí la competitividad de las candidaturas será un indicador importante del nivel de desarticulación o rearticulación del sistema de partidos dominicano.

Biografía de la inequidad

Por ANDRES L. MATEO

EL AUTOR es profesor universitario y poeta. Reside en Santo Domingo.

Están circulando tres documentos de organismos internacionales, que al leerlos son como una biografía de la inequidad histórica sobre la que se empina la sociedad dominicana. El Banco Mundial metió el escalpelo en el tipo de crecimiento que hemos tenido, con su estudio “Cuando la prosperidad no es compartida: Los vínculos débiles entre el crecimiento y la equidad en la República Dominicana”; y en el mes de agosto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dio a conocer en San Salvador su “Informe de Desarrollo Humano”, un estudio pormenorizado del crecimiento integral de los pueblos, que deja al descubierto el retroceso dramático de la clase media en nuestro país. Y ahora en el mes de septiembre, Oxfam Internacional publica su informe “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica”, un documento demoledor que desnuda plenamente el inmovilismo social de la nación dominicana, y el alto grado de inequidad con que nos hemos desenvuelto.

Lógicamente, estos documentos pueden ser leídos como descomposición analítica de las particularidades dominicanas de su evolución económica y social; pero constituyen, sobre todo, un relato escandaloso en contra de los poderes fácticos y la clase política dominicana. El Banco Mundial, por ejemplo, establece que “del 2000 al 2011 el PIB creció en casi un 50%; sin embargo la gran mayoría de la población no pudo beneficiarse de ese crecimiento”. Aún más, el estudio enfatiza sobre la pobreza endémica en el país y el inmovilismo, y deja claro que “hay una baja movilidad económica, con menos del 2% de la población escalando a un grupo de mayores ingresos durante toda una década, comparado con un promedio del 41% en la región de América Latina y el Caribe”. Esto quiere decir que pese al crecimiento, de los casi diez millones de dominicanos, solo un poco más de 170 mil pudo escalar un peldaño más arriba de su estratificación social.

Lo del PNUD es un resbalón contundente. Casi un cuatro por ciento de la pequeña burguesía dominicana ha desaparecido. Agobiada por el peso creciente del aumento de los impuestos, la clase media dominicana se volatiliza, está obligada a camuflarse, aferrada al péndulo que va de la pobreza a la depauperación. Ese “Informe de Desarrollo Humano” es una oratoria fulminante contra la simulación del progreso que hemos tenido que aguantar como estrategia política, develando las angustias de una clase media agarrada de un clavo caliente, y un panegirista abajo sopleteándole el culo con la llama del cinismo del progreso. Lo del informe de “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe”, del Oxfam, es ya la lápida fría, el cruel aldabonazo de la indefensión. La República Dominicana forma parte del grupo de países latinoamericanos en los cuales la población más pobre apenas capta el 4% de los ingresos, y en los que “la mayoría de los que nacen pobres, mueren pobres”. Oxfam también reitera el dato del Banco Mundial que define toda la década del año 2000 como de estancamiento, desplegando el hallazgo de que “menos del 2% de la población dominicana escaló a un grupo de mayores ingresos”.

La desgracia de esa biografía de la inequidad reside en el hecho de descubrir que todo ese inmovilismo social ocurre acompañado de un extraordinario dinamismo económico del país. Miguel Ceara-Hatton, analizando el Informe del Banco Mundial dice: “(…) América Latina con la mitad del dinamismo económico dominicano había logrado que la proporción de la población que avanzó socialmente fuera 23 veces más que en República Dominicana”. Y luego remata: “Estas cifras son indignantes. Reflejan un evidente fracaso del modelo económico y del liderazgo político y empresarial que a pesar de los recursos que ha manejado durante 12 años no haya sido capaz de beneficiar mínimamente a la población”. Y, al final, arroja la pregunta capital: ¿“Quién se apropió de esa riqueza? ¿Se la apropió el sistema político?”.

Esos tres documentos de organismos internacionales que están circulando, deberían ser leídos por todos los dominicanos que les duela su país. Lo que vivimos en realidad no es la democracia, sino su espectáculo. Y al leerlos, nos exponemos al riesgo de indignarnos- como le ocurrió a Miki Ceara-, o de arrojar al viento la respuesta a la pregunta que él se hace sobre quién se apropió de esa riqueza. Pero de seguro descubriremos la biografía de la inequidad que nos agobia como país.