OPINIONES:

Un indigno retiro de la Corte IDH

Por EDDY OLIVARES ORTEGA

EL AUTOR es abogado, juez de la Junta Central Electoral. Reside en Santo Domingo.

Reaccionando ante el fallo condenatorio que en ese momento había pronunciado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado venezolano a favor del ciudadano Raúl Díaz Peña, acusado, condenado y posteriormente liberado por su presunta participación en los atentados con bombas perpetrados contra el consulado de Colombia y la embajada de España en el 2003, el 24 de julio del 2012, el presidente Hugo Chávez, en una alocución nacional de radio y televisión, le informó al pueblo su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos con las palabras siguientes:“Esta inefable corte ha vuelto a atropellar y a ofender la dignidad del pueblo venezolano. El mundo debe saberlo. Nos vamos a salir de esa corte por dignidad”.

Se podrá estar en desacuerdo con la decisión del presidente Chávez, pero es justo reconocer que la República Bolivariana de Venezuela se retiró con dignidad, de cara al sol, en voz de su Primer Mandatario, sin recurrir, como lo hizo nuestro país, a su propio error para justificar su separación de la Corte IDH, mediante una decisión del mismo prejuiciado Tribunal Constitucional que, en su activismo, había manchado la imagen de la nación de cara a la comunidad internacional, cuando partiendo de un recurso de amparo interpuesto por una ciudadana por la violación de un derecho propio del registro civil, para sorpresa de muchos, suplantando a los poderes Ejecutivo y Legislativo, configuró un nuevo diseñó de la política migratoria del Estado, por demás, sin que nadie se lo pidiera.

Este es uno de esos casos que hacen indispensable repasar la ilustradora polémica protagonizada en la última etapa de la República de Weimar por los dos más grandes exponentes del derecho público del siglo pasado, Hans Kelsen y Carl Schmitt, sobre “¿quién debe ser el defensor de la Constitución?”.

En el referido debate, Schmitt no admite que el presidente, a quien conforme a su tesis le debe corresponder la misión de defender la Constitución, en un caso como el que nos ocupa, contemple desde la grada al TC mientras toma una trascendental decisión que es de su competencia.

Sin lugar a dudas, Kelsen, quien sostuvo la tesis de que los tribunales constitucionales, contrario al criterio de Schmitt, pueden conocer los conflictos de tipo político bajo un criterio jurídico, renegaría de un Tribunal Constitucional que, transformado en tirano de la Constitución y en “activista del falso patriotismo”, se desvíe de su sagrada misión protectora de los derechos de las minorías. 

En sintonía con Kelsen, otro destacado jurista alemán, Otto Bachof, como si se refiriera a las sentencias del TC sobre los descendientes de padres extranjeros nacidos en el país, reconoce la subjetividad del juez constitucional, como consecuencia, muchas veces, de su vínculo con prejuicios propios de su origen social, de su concepción política o de su visión del mundo.  No obstante, confía en el juez experimentado que, según él, puede vencer los peligros del trasfondo emocional e irracional de su actividad.  

Con su intención de aniquilar la jurisdicción de la Corte IDH en perjuicio de los descendientes de padres extranjeros, el TC, de lograr su despropósito, le cerrará la puerta a todos los dominicanos para reclamar sus derechos cuando les sean negados en la jurisdicción nacional.

Esas tendencias que nos hunden

Por JOSE LOIS MALKUN

EL AUTOR es economista, ex gobernador del Banco Central durante el gobierno de Hipólito Mejía. Reside en Santo Domingo.

¿A qué tendencias nos referimos? A las que muestran las cifras oficiales. Por ejemplo, la tendencia a endeudarse, es una de la más importante aunque revertirla es relativamente fácil ya que basta pedir prestado una cantidad ligeramente inferior al monto que se requiere para pagar lo que se debe (capital e intereses), que a sus efectos, tiene ciertas implicaciones macro-económicas. Y en esta ecuación debe entrar el creciente déficit cuasifiscal del Banco Central.

Sin embargo, hay otras tendencias más explosivas que son difíciles de revertir. Por ejemplo, seguir aumentando cada año el número de empleados en el tren gubernamental. Es absolutamente asombroso el abultamiento de las nóminas y la cantidad de gente que cobra sin ni siquiera ir al trabajo.

Lo difícil de esta tendencia es revertirla ya que despachar unos 200 mil empleados a sus casas, sin las debidas compensaciones, resulta una tarea políticamente peligrosa y humanamente injusta. Y hablamos de apenas un 30% de la nómina porque los que se quedarían en su empleo todavía supera con creces las necesidades personales que tienen el Gobierno. Estamos hablando de una nómina que ronda los 700 mil empleados y creciendo constantemente.

Otra tendencia irresponsable es la de seguir expandiendo el número de instituciones públicas. Un análisis del aparato estatal, a vuelo de pájaro, nos muestra que unas 30 instituciones (incluyendo direcciones, consejos, oficinas regionales, fondos especializados, centros de servicios, etc. etc.) deberían eliminarse porque no tienen razón de ser y constituyen una carga onerosa para el país. Muchas de ellas mantienen hasta 3 mil empleados que no hacen absolutamente nada y donde los altos funcionarios se asignan sobresueldos y gastos para viajes y comidas, que son financiados con créditos de suplidores.

Sabemos las implicaciones de una decisión como ésta, pero hay que comenzar a desmantelar algunas de las más cuestionables.

La tendencia al consumismo es otra desgracia. En este país la gente no ahorra y más que gastar lo que gana, se endeuda hasta la tambora. Eso ha llevado a muchas familias de clase media a caer en la pobreza y a ricos a suicidarse antes que terminar pidiendo limosna.

Hay que crear conciencia sobre el ahorro y promover programas de incentivos al ahorro para la futura educación de los hijos y otras contingencias. Los bancos pueden jugar un rol importante en este campo.

El Gobierno, por su parte, es el principal derrochador del dinero de los contribuyentes y eso debe frenarse. ¿Cómo pedirle al ciudadano que ahorre para después pagar impuestos por los intereses ganados, que terminan en manos de funcionarios corruptos?

La tendencia al ocultismo es una práctica demasiado común en este país, donde la transparencia desapareció del vocabulario gubernamental. Por ejemplo, es común que la Policía Nacional distorsione con frecuencia los hechos delictivos y acusen a gente inocente para decir que todo se resolvió. Además, siempre hablan de una reducción de los crímenes, asaltos o secuestros cuando estos aumentan significativamente cada año.

Igual sucede con la salud donde las autoridades nunca dicen la verdad sobre los infectados o fallecido por dengue, cólera, hepatitis o cualquier otro virus extraño. Más de la mitad de los médicos con los que he hablado no creyeron jamás que medio millón de personas fueran afectadas por el Chikungunya y que de repente el mosquito desapareciera por arte de magia ¿Cuál fue la causa de esos síntomas misteriosos? Hay varias teorías.

Hay otras tendencias que deben revertirse pero el espacio es breve. Solo piensen en el deterioro del salario, la informalidad en el empleo, la presión fiscal, la ineficiencia energética o el flujo migratorio.