Un fanatismo enfermizo contra Leonel Fdez.
Por ALBERTO QUEZADA
EL AUTOR es periodista, magíster en derecho y Relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo
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El comportamiento exhibido por algunos sectores políticos, evidentemente, fanatizados y obsesionados en contra de la figura política del ex presidente Leonel Fernández, están alcanzando niveles preocupantes.
Todo lo que se ha visto y leído en los últimos meses en contra del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, es un claro indicio de que esos sectores y quienes los conducen están prestándose a un jueguito bastante peligroso.
Porqué digo esto, por lo siguiente; sí como han alegado los protagonistas de las escenas más recientes en los Estados Unidos y aquí en el país, es un derecho constitucional que le asiste y del cual están haciendo uso, se equivocaron medio a medio.
Quién les ha dicho a ellos que el uso de un derecho a un ciudadano cualquiera le da licencia para la agresión desconsiderada hacia un particular u entidad determinada.
Quién les ha dicho a esos que se movilizan en nombre de la democracia y la libertad de expresión, que pretender obstaculizar y limitar la circulación y desarrollo de las actividades de una persona es una acción legítima en un contexto de un Estado Social, Democrático de Derecho.
Definitivamente, no, es inaceptable y constituye un acto de intolerancia de parte de esos grupos sociales y políticos el pretender imponer un mecanismo de lucha política rastrera y provocadora que sólo conduce a degradar la democracia y el estado de derecho que tanta sangre a costado a este país.
Es una canallada, que en pleno siglo XXI esos grupos evidentes y ocultos en la sociedad civil y en los partidos que adversan al peledeísmo gobernante demuestren incapacidad para conducir el debate político den otro de una matriz democrática y no con estos actos de tan mal gusto y repudiable.
Esos actos de bajeza política deben detenerse para bien del país, y lo que lo están instigando deben de entenderlo, porque hoy, señores, son contra Leonel Fernández, mañana podrán ser contra Hipólito Mejía, Miguel Vargas o Danilo Medina y eso es inaceptable en plena posmodernidad política.
Esos grupos y quienes lo dirigen deben comprender que este tipo de acción desfasada y provocativa lo que constituye es una negación del derecho de los demás.
Y que, antes de ser un instrumento válido de lucha social tendente a lograr progreso y justicia social en lo que se convierte es en una acción vacía y violenta capaz de generar confrontaciones y tensiones partidarias impredecibles que terminen en sangre. Detengan eso.
quezada.alberto218@gmail.com
El dilema de Danilo ante la Corte Interamericana
Por JUAN BOLIVAR DIAZ
EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso Nacional o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.
Una carga bien pesada
Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el Gobierno del presidente Medina, que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168/13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.
Entre septiembre de 2013 y mayo pasado el Gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactiva mente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que generó un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período, el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar “una salida humanitaria” a la masiva y grave exclusión.
La mayoría de los dirigentes del partido de Gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el Registro Civil.
En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el Gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el Gobierno no quería verse comprometido.
Serias consecuencias
Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la Carta Magna que indica que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
La denuncia conlleva muchos riesgos
El primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.
Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del Gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH “porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos” y reafirmó la posición uruguaya de “firme respaldo” al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.
Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso estadounidense y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República Dominicana, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.
Mandarla al Congreso
Las demandas internas para que el Gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.
Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el Gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la “orfandad jurídica” de la sentencia del TC.
En un panel realizado el miércoles en Teleantillas, los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.
Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.
Consultar a la misma CIDH
El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para “rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, por lo que el Gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión.
Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención, que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo”.
Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el Gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un “ilícito internacional”, como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento.
Si en el ínterin se decide cumplir la Ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa ley apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.
Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría.
Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.
Sobre la JCE
Se precisa un mayor protagonismo presidencial para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos.
El peligro de negar la realidad
Por MANUEL NÚÑEZ
EL AUTOR es historiógrafo, poeta y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.
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Entre las muchas ideas clarividentes de Raymond Aron, hay una que suele iluminar la actitud de los hombres ante la historia : “cuando los hombres no eligen, los acontecimientos eligen por ellos”. Es decir, si nos negamos a enfrentar las realidades, nos tropezaremos con unos resultados históricos adversos, perdidos en la desolación y en la incertidumbre.
El porvenir depende de las decisiones que tomemos o de nuestra falta de decisiones. Si no asumimos la inmensa responsabilidad que nos ha tocado, si esperamos inútilmente que la salvación nos llegue de la providencia, de la bondad de la Virgen o de la decencia ajena, entraremos en el terreno vacío del fracaso histórico.
El Gobierno se enfrenta a un dilema. O acata la Constitución y las leyes dominicanas, reconociendo que la incorporación al CIDH al no haber sido aceptada por el Congreso, contradice nuestro derecho interno (en vista de ello, la Sentencia 256/14 debe ser acatada plenamente, sin excusas), o, por el contrario, se aboca a cumplir con los planes que han ideado los traidores, que le proponen que envíe un proyecto de afiliación a la Corte a la consideración del Congreso. Es decir, que someta al país a una soberanía tutelada. De tal modo que todas las ONG que operan en nuestro territorio encuentren una Corte que ha tenido la osadía de apoderarse de los casos, sin que antes se hayan ventilado en los tribunales del país. Ha actuado, pues, como un tribunal interno de la Republica Dominicana, suplantando plenamente al poder judicial, y violando las propias reglas de la Corte.
No se puede cumplir la Constitución a medias. No es posible complacer a los dos tribunales. Uno, que niega la soberanía dominicana; y, otro que la representa.
Las declaraciones de la Cancillería muestran la indecisión. En el comunicado oficial al mismo tiempo que se proclama el respeto de la Sentencia 256/14, se le otorga la razón al CIDH en lo que toca a las disposiciones migratorias.
Mientras tanto sus abogados se inventan trampas para escapar al vínculo jurídico que crea la Sentencia. Importan legislaciones--desde el derecho common law de los Estados Unidos hasta códigos estrafalarios--. En su afán de violar la Constitución han planteado la excepción política como método para saltarse las disposiciones constitucionales. Nadie se ha librado del ridículo ni de las payasadas producidas por la manipulación para escapar de la ley.
¿Por qué ponen tanto empeño en destruir la soberanía dominicana?. ¿Acaso no juraron cumplir la Constitución y las leyes de la Republica?. ¿Gobiernan una nación que odian, que se niegan a defender, como si nuestra existencia como territorio independiente de Haití fuera el resultado de una injusticia?.
Con estos tumbos, nos estamos comportando como una sociedad que carece de proyecto común, que se niega a defender el control de su destino y que actúa como esos bueyes que se colocan, voluntariamente, las mancuernas porque odian la libertad.
Los que quieren someter al país a una tutela internacional tienen abogados verbosos, dueños de discursos altisonantes, imitadores de la oratoria de Cantinflas que defienden con uñas y dientes el derecho del extranjero sobre el nacional. Se olvidaron que aquí ese experimento social equivale a la eliminación de la independencia.
En 1822, la ocupación militar haitiana puso punto final a nuestra soberanía. Hoy la mudanza del pueblo haitiano a nuestro territorio quiere hallar las formas del derecho, para con ese venerable disfraz jurídico, hacer operar en la Republica Dominicana la soberanía de dos pueblos. La del pueblo dominicano que se halla en su territorio histórico, y la del pueblo haitiano que lograría producir una conquista politica y territorial sirviendo de plataforma de cada vez mayores oleadas de haitianos.
La democracia, la libertad, el desarrollo de nuestra patria solo puede realizarse dentro del marco de la nación. ¿Cómo podríamos desarrollar nuestra cultura, el bienestar de nuestros compatriotas, destruyendo sus mecanismos de supervivencia, importando problemas que anularan nuestras conquistas sociales y volviendo a un pasado que habíamos superado en 1844?.
Esta nación no merece el abandono de sus lideres políticos ni de sus intelectuales y profesionales; no se merece esos abogadillos y periodistas implacables que combaten su soberanía; no se merece el descrédito internacional con que las castigan sus enemigos; ni tampoco merece una invasión peor que las siete plagas de Egipto.
Los dominicanos tienen derecho a existir como pueblo independiente con su cultura, con su lengua, su modo de vida. Tienen derecho a que se le respete su historia. Para anular esos derechos nos han contado todos los cuentos. Que tenemos obligaciones con una población extranacional. Que los tratados y el derecho internacional nos comprometen al punto de recortar la soberanía. Declaraciones melodramáticas. Nosotros, desde luego, no somos una isla jurídica en el mundo. En 164 países de los 194 reconocidos por las Naciones Unidas se aplican normas semejantes a las nuestra. ¿Por qué todos tendrían derecho a aplicar sus Constituciones y sus leyes menos nosotros?
Claramente las leyes internacionales no plantean nuestra abolición.
Las victimas principales de todo este sistema son los trabajadores y los campesinos dominicanos, suplantados sin que ninguna de las organizaciones políticas y sindicales que asumen su representación proteste. Privados de su modo de existencia; sus hospitales, empobrecidos, por las oleadas de enfermos procedentes del país vecino; sus escuelas, sigilosamente, ocupadas. Y, es muy probable, que sean, además, suplantados en el Registro Civil ¿dónde están los defensores del proletariado? ¿Adónde han ido a parar los discursos de redención de las gloriosas épocas revolucionarias?
Ante los peligros de esta destrucción social se han sentido atraídos por las utopías y leyendas del Centro Bonó, según las cuales profundizando en este derrotero, llegaremos a un día radiante. Los haitianos, por su parte, se burlan de nuestra indecisión. Es verdad que Haití es débil. Pero esa debilidad la emplean para convertirla en una fuerza diplomática manipulada en contra nuestra y para montar una maquinaria capaz de devorar nuestros progresos. De este modo, las victimas se han transformado en auténticos verdugos.
Entre las ideas ingenuas que campan por sus respetos, esta la tesis de que esos haitianos que ahora tendrán papeles dominicanos renunciaran a su identidad, a su religión, a su lengua y romperán todos sus enlaces consanguíneos con su patria de origen. ¿Cuál es el proyecto de las poblaciones haitianas establecidas en nuestro país? Su Gobierno se ha planteado como politica exterior sacar anualmente 100.000 haitianos como válvula de escape, y convertir las remesas extraídas de Republica Dominicana y de los Estados Unidos, en un modo constante de supervivencia. Sus poblaciones se han organizado para colonizar el territorio nacional de modo permanente. ¿Podremos los dominicanos aceptar un modelo que devora los empleos que la economía crea; destruye el bienestar; anula nuestros progresos sociales y desmantela nuestra Independencia?
Son muchas las muestras de la negación de la realidad. En los últimos años, por ejemplo, el Gobiernos y los distintos grupos políticos se han negado a admitir el papel que desempeña la estrategia haitiana, que ha convertido la lucha contra las instituciones jurídicas dominicanas en un objetivo de su politica exterior.
Confrontados con la desarticulación de la sociedad, el mando político y los grandes grupos económicos prefieren sumergirse en una ceguera voluntaria. Nadie se preocupa de un modelo que excluye a los dominicanos más pobres; compromete el porvenir; nos condena a la impotencia.
Menester es que hagamos un ejercicio comparativo para que podamos examinar las dimensiones descomunales del desafío que afrontan los dominicanos.
Los Estados Unidos se hallan ante una inmigración ilegal de unos 12 millones de personas, algo más de 3% de la población de la nación mas poderosa del mundo, con apenas una densidad de 32 h/km2. Sin embargo, ante esas cifras sobrecogedoras, se han disparado todas las alarmas. Se construyó un muro de 1200 kilómetros de longitud, poco más de un tercio de toda la frontera con México. Se colocaron cámaras, radares, drones; una guardia equipada con visión nocturna, unidades caninas, y se endurecieron todos los sistemas legales. Nosotros, sin embargo, nos enfrentamos a una población ilegal de más de 2 millones de personas, que rebasa en muchas provincias el 12% de la población. Es como si los Estados Unidos en lugar de enfrentar a una población ilegal de 12 millones se estuviese enfrentando a 108 millones de personas, más que toda la población de Francia o España. Para la República Dominicana es como si toda la población de las islas Turcas y Caicos, San Vicente y Granadinas, Curazao, Aruba, Bonaire, Santa Lucia, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago se hubiesen desplazado a nuestro país con el objetivo de apropiarse de las conquistas sociales de nuestra población. Mientras más inminente es el peligro, mas nos empeñamos en negar la realidad.
Los de origen haitiano, los sin actas y los inmigrantes
Por MIGUEL CEARA-HATTON
EL AUTOR es economista. Reside en Santo Domingo.
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Son tres poblaciones diferentes, que la ultraderecha nacionalista, una parte del gobierno y del Partido Oficial han querido confundir.
Primero, están los dominicanos de origen haitian nacidos, criados, socializados y portadores de documentos durante 81 años. De manera ilegal y violatorio a sus derechos, la Junta Central Electoral (JCE) empezó a quitarles sus documentos el 29 de marzo del 2007, sobre la base del apellido, su condición social y racial.
A esas personas la Sentencia 168-13 les quitó la nacionalidad en forma retroactiva. Constituyendo el mayor proceso de desnacionalización de una población desde la acción contra los judíos alemanes por los nazis. Para este grupo es una parte de la Ley 169-14.
En efecto, como la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 interpretó que se había otorgado la nacionalidad “a personas que no la merecían” se promulga dicha Ley, la cual argumenta que se había cometido un error sistemático en todo el país, por todos los oficiales civiles y durante 81 años, y como el Estado no puede valerse de su error para perjudicar a un tercero, entonces hay que devolverles sus documentos inmediatamente. La realidad es que la JCE está boicoteando la aplicación de esa Ley.
Segundo, están las personas que no tienen ningún documento pero que nacieron en territorio dominicano. Para estos es la otra parte de la Ley 169-14. Según ENDESA en 2013, el 4.2% de los dominicanos (400 mil personas) no tenían actas de nacimiento. Esto es pobreza, ya que el 79% de los que no tienen documentos están ubicados en el 40% más pobre de la población.
La práctica ha sido que si se es negro, pobre, con un apellido “afrancesado” y por algún lado se tiene un pariente haitiano aunque sea el abuelo o el bisabuelo lo registran en el libro de extranjería y se la “ponen en china”. Esto se presta a abusos y violaciones derechos.
Tercero, las personas de nacionalidad haitianas que emigran a RD, las cuales deben ser regularizadas según mandaba la Ley de Migración de 2005 y que nunca el Gobierno quiso implementarlo hasta ahora. Hay consenso en la necesidad de regularizar esa migración respetando sus derechos y hay que exigirle al Gobierno Haitiano que le entregue documentos a su población. Sin embargo, poco se regula o controla.
El primer grupo es la mayor fuente violación de derechos y de acusación a RD. Para los otros dos grupos hay experiencia internacional para resolverlos.
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