San Juan, P. Rico.-El arresto del prominente empresario Juan Ramón Zalduondo y de varios contadores públicos por las autoridades federales en Puerto Rico ha evidenciado hoy lo que era un secreto a voces, la existencia de una narcoeconomía que mueve millones de dólares.
Zalduondo, abogado vinculado al gubernamental Partido Popular Democrático, fue arrestado este miércoles por lavar millones de dólares para una narcopandilla dirigida desde una prisión federal en Estados Unidos por el convicto Carlos Morales Dávila, quien utiliza los alias de “Cano Gurabo” o “Cano Navarro”.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez aseguró que Zalduondo mantenía junto a otros desarrolladores de inmuebles una amplia actividad de lavado de activos para la narcobanda, en la que además participaban otros empresarios como parte de la estructura económica.
El abogado, quien gozaba de un elevado prestigio, ayudó a depositar cerca de tres millones de dólares en efectivo en cuentas del español Banco Santander y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña.
La penetración del narcocapital en la economía puertorriqueña se remarcó al conocerse que los imputados usaron las ganancias de la venta de drogas para comprar 65 residencias de lujo, 15 vehículos, dos yates de recreo y un apartamento de lujo en Miami.
Además, diez lotes de terrenos para desarrollar residencias de alto coste, un complejo de cuatro torres de 32 apartamentos en Ponce (sur) y armas de fuego, entre otros.
Insistentes rumores en Puerto Rico indican que prominentes profesionales del país -incluso de familias de cierto abolengo- contribuyen activamente a mantener el negocio del narcotráfico, que se inserta dentro de la llamada economía subterránea que permite estándares de vidas similares a los de un país desarrollado.
Contra un total de 17 personas -incluido el empresario Zalduondo- un gran jurado federal emitió acusaciones por los delitos de narcotráfico y blanqueado de capital, en momentos en que el cabecilla, Morales Dávila, purga una condena de 12 años en Estados Unidos.
El grupo, según la fiscal federal Rodríguez, tenía una estructura de importación de cocaína y heroína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana, manteniendo como punto principal para su entrada a Estados Unidos la isla municipio de Vieques (oriente), luego de pasar por las Islas Vírgenes.
Zalduondo quedó libre bajo fianza de 250 mil dólares, que deberá prestar no más tarde del 20 de enero de 2015, luego de declararse “no culpable” ante un magistrado federal.
El director en Puerto Rico de la Oficina de Seguridad Interna y Control de Aduanas (ICE-HSI), Ángel Meléndez, afirmó que la organización tenía una estructura de una corporación Fortuna 100.
Otro empresario de la construcción implicado es Charlie Alvarado Encarnación, al que se le imputa vender en 2010 una propiedad de lujo, Vistamar Marina, a la corporación Aguas del Caribe, en la que figuraba como dueño Luis Santana Mendoza, un testaferro de Morales Dávila.
Santana Mendoza construyó con narcodinero, según el pliego acusatorio, un edificio que alquiló al Sistema Universitario Ana G. Méndez, institución vinculada al anexionista Partido Nuevo Progresista, principal de oposición.
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