Los obispos fundamentan su reclamo en que el artículo 37 de la Constitución de la República garantiza el derecho a la vida y consideran que esos artículos del Código Penal contravienen el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado previamente al Tribunal Constitucional por la Fundación Matrimonio Feliz y ahora con este pronunciamiento contenido en un documento recibe el espaldarazo pleno de la institución religiosa.
También trascendió que la Conferencia Episcopal invitó a sus diócesis, parroquias e instituciones a unirse en oración “para que el Espíritu Santo ilumine a los Honorables Magistrados del Tribunal Constitucional” y convocó a los fieles a manifestarse públicamente, como antes hizo cuando le ley se discutía en el Congreso.
El 16 de diciembre último el Poder Legislativo acordó, pese a fuertes presiones, eximir de penalidad la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas (la madre y el niño), hasta donde sea posible.
Asimismo convino entonces en discutir, en una ley especial en la próxima legislatura, la penalización o no del aborto, cuando se trate de violación, incesto, o malformación congénita que ponga en peligro la vida de la madre.
Esas decisiones fueron cuestionadas a finales del pasado año por el clero católico y la iglesia evangélica, y se espera que a partir de ahora vuelvan a manifestarse fuertes discrepancias entre los sectores religiosos y los defensores de los derechos de la mujer.
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