Santo Domingo, R. D.- El Comité Político Latinoamericano de República Dominicana (Copola USA-RD) solicitó hoy a diversos organismos internacionales que contribuyan a la concesión de un pool de cincuenta mil visas humanitarias o temporales de trabajo para ciudadanos haitianos, y distribuir así la carga económica del país.
Copola USA-RD hizo un llamado a los países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los organismos de UNASUR, CARICOM Y LA OEA para que, de este modo, alivien la carga económica que sufren Haití y la República Dominicana, a dónde “se han desplazado cerca de tres millones de haitianos de forma ilegal”.
Se trata de “ciudadanos que no han podido reconstruir sus viviendas ni han podido obtener un medio de sustentación económica que les permita alimentar a sus familiares”, apuntan desde la entidad en un comunicado.
“Si cada nación integrante otorga un pool de visas a los ciudadanos haitianos, quedaría resuelto el problema económico y social que afecta a esa nación, y sus ciudadanos podrán reconstruirla con las oportunidades de trabajo que estos les brinden”, apunta la nota.
En el texto, recuerdan que el país “históricamente ha convivido con miles de ciudadanos haitianos a quienes se les otorgaron permisos temporales para trabajar en los ingenios azucareros pero, una vez vencidos sus contratos de trabajo, estos se quedaron en el país, y fueron acogidos como hijos adoptivos”.
Tras el terremoto del año 2010, la República Dominicana “fue el primer país en dar la alerta internacional, en rescatar a cientos de miles de afectados, trasladarlos a los hospitales dominicanos”, y proporcionarles alimentos, medicinas y ropa, señalan.
Desde Copola USA-RD explican que el país tiene una población de unos diez millones de habitantes pero, tras el siniestro, hubo un desplazamiento ilegal de haitianos que ronda los tres millones.
Su llegada “ha incrementado, aproximadamente, en un treinta por ciento los subsidios por servicios de salud, educación, y de la economía en general, aparte de ser dos culturas étnicas y sociales muy diferentes”.
La institución señala que “el desplazamiento ilegal y descontrolado de extranjeros a una determinada nación es regulado de acuerdo a su número de habitantes y al porcentaje de extranjeros que reside en esa nación, normas establecidas en los convenios internacionales, y República Dominicana no puede ser la excepción”.
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