El abogado Genaro Rincón, representante de dichas entidades, también dijo que incoará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que garantice los derechos sociales y civiles adquiridos de sus clientes.
“Lo que procuramos es que la República Dominicana, como signataria de tratados internacionales sobre derechos fundamentales de las personas, cumpla con esos acuerdos y no haga deportaciones ilegales”, expresó Genaro Rincón, en el programa Detalle Semanal que Transmite por Teleradio América.
Explicó que sus clientes decidieron acudir ante dichas instancias porque no confían en el gobierno dominicano y para ellos este no tiene interés de que los inscritos en el Plan puedan regularizarse porque a la fecha no le han confirmado el estatus a los que se inscribieron en él.
Informó, asimismo, que los haitianos que han logrado normalizar su estatus con el Plan de Regulación de Extranjeros no pasan de 50.
Denunció que las autoridades de la República Dominicana han incumplido con el decreto 327, según el cual el Ministerio de Interior y Policía debía entregar un informe cada 15 días con el número de personas que habrían concluido el proceso de regulación. “Eso no se produjo en ningún momento”, afirmó.
Aunque reconoció que el gobierno de Haití ha fallado en la entrega de documentos a sus nacionales, dijo que si Republica Dominicana hubiera cumplido con los extranjeros que venían con contrato de trabajo, “esto no estuviera ocurriendo”.
También se quejó de que cumplir con los requisitos que exige el Plan de Regulación es “una misión imposible”. “Solo para conseguir los documentos que exige el Plan, un inmigrante tiene que contar con unos 15 a 20 mil pesos”, indicó.
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