SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) afirmó este martes que hubo un acto de corrupción por más de 500 millones de pesos en la remodelación del hospital traumatológico Darío Contreras, de esta Capital.
Reclamó a la Cámara de Cuentas que “con carácter de urgencia” realice una auditoría a dicha obra para, junto a la experticia y los documentos e informaciones testimoniales, someter a la Justicia a los funcionarios de la OISOE y las empresas e ingenieros contratistas involucrados “en esta nueva estafa contra los recursos del erario público”.
“Estamos en presencia de un acto de corrupción mas de los gobiernos que hemos tenido, con la agravante de que el propósito que persigue optimizar los servicios del viejo hospital no se hayan logrado por los vicios de construcción que han puesto al descubierto los médicos que laboran en el centro, lo que de seguro implicara nuevos gastos”, expresó.
Alegó que la obra fue objeto de una licitación pública y fue adjudicada al Consorcio Proyecciones Luxor por 886 millones 500 mil pesos, y finalmente se elevó a 1,550 millones, sobrepasando considerablemente lo establecido por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, cuando se requiere de una modificación de una obra pública contratada.
Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de la entidad, destacó que luego de realizado un contrato de obras, éste podría modificarse, siempre y cuando no varíe el objeto, y su incremento en costo no supere el 25% del valor establecido en el contrato original, como se puede verificar en el Articulo 31 de la Ley 340-06, modificada por la Ley 349-06 que reza: “La entidad contratante tendrá las facultades y obligaciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en otra legislación y en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones, o en la documentación contractual. Especialmente tendrá: Acápite 2) Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público”.
A su juicio, la sobrevaluación de obras públicas es la práctica más recurrente de corrupción administrativa y se disfraza siempre con las enmiendas de los contratos. En este sentido cita recientes declaraciones del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Miguel Pimentel Kareh, en el sentido de que “a medida que avanzaban los trabajos del hospital, se dieron cuenta de que la vieja estructura no soportaba remodelación y tuvieron que hacerlo prácticamente nuevo” y además que “en lugar de un área de construcción de 10 mil metros cuadrados, ahora hay más de 22 mil”.
Según De la Rosa Tiburcio “eso constituye una incriminación, en vista de que si ameritaba una modificación del diseño que se sometió a un proceso de licitación y posterior adjudicación, debieron entonces hacer un rediseño y someterlo nuevamente a licitación pública, como manda la Ley”.
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