Roberto Rosario habla durante rueda de prensa |
Santo Domingo, R. D.- La Junta Central Electoral (JCE) asumirá la defensa en los tribunales de tres de sus miembros titulares, acusados por una organización no gubernamental de supuestamente de vulnerar sus derechos al negarles el organismo documentos de identidad.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo en rueda de prensa, que las acusaciones de 23 personas amparadas por la organización “Red Jacques Viau”, fueron formuladas contra él, y los magistrados Rosario Altagracia Graciano de los Santos y César Francisco Feliz Feliz.
Explicó que las acusaciones, de acción penal y civil, se cobijan bajo el supuesto de que esos jueces vulneraron los derechos de esas 23 personas a través de las resolución 12-07 y la circular 017-2007 emitidas por la JCE, que los querellantes afirman han resultado perjudiciales para ellos.
Sin embargo, Rosario Márquez dijo que el pleno de la JCE consideró que no existen razones que den lugar a querella y deploró que esta acción fundamentada en pretensiones jurídicamente improcedentes y en hechos inexistentes, coincida con una campaña internacional que pretende atribuir a la República Dominicana la imputación de racismo, xenofobia y generador de apatridia.
El funcionario dijo que estas situaciones no existen en la nación dominicana y que por demás las mismas “de seguro serán utilizadas por los enemigos de la República para querer dañar la imagen y la estructura económica de nuestro país”.
Dio a conocer, asimismo, que los tres magistrados acusados asistirán a todas las instancias y escenarios en que sean colocados y perseguidos por estas u otras personas e instituciones, “con la frente en alto ante la satisfacción del cumplimiento del deber y la conciencia tranquila, a sabiendas de que estos son sacrificios que estamos obligados a asumir en defensa del interés del país y la preservación de la identidad nacional.
En torno al caso, el presidente de la JCE presentó la documentación de unas 12 personas, de las 23 que aparecen en la demanda, que ya obtuvieron sus respectivas actas de nacimiento y su cédula de identidad y electoral, por lo que considera que no tienen razones para estar demandando a la institución por supuesta falta de documentos.
Por otra parte, Rosario reveló que el pleno de la JCE otorgó la acreditación correspondiente para oficiar matrimonios religiosos en virtud de la ley 198-11, que regula los matrimonios religiosos y sus efectos a la iglesia “Somos Adoradores Incorporados”, en el interés de continuar aplicando el artículo 45 de la Constitución de la República que establece la libertad de conciencia y cultos.
Además, informó que la JCE otorgó los números de serie a los distritos municipales de reciente creación de la provincia de San Cristóbal, como son Doña Ana (serie 396), Hatillo (397) y Quita Sueño (398), en cumplimiento de las leyes 339-8-15 y 540-14.
Por último, refirió que la JCE dispuso iniciar una amplia jornada de trabajo para dar salida a 15.830 expedientes de ciudadanos dominicanos que tienen sus respectivas cédulas de identidad suspendidas o en proceso de cancelación por diversas razones, principalmente por suplantaciones y falsedades de datos.
Estas investigaciones deben concluir antes de la fecha del cierre del padrón electoral, a fin de no afectar el ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas afectadas, principalmente el derecho al sufragio.
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