WASHINGTON.- El mayor sindicato laboral estadounidense, AFL-CIO, advirtió hoy que la “xenófoba” política migratoria de la República Dominicana ampara la explotación laboral de trabajadores haitianos y podría costar al país sus privilegios comerciales con Estados Unidos.
En un informe titulado “Discriminación y Desnacionalización en la República Dominicana”, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) recordó que los trabajadores haitianos tienen una gran importancia en el sector agrícola dominicano y las nuevas medidas migratorias que ponen a muchos en riesgo de deportación pueden fomentar abusos.
“La República Dominicana debe poner fin a su campaña discriminatoria y proteger los derechos fundamentales”, indica el reporte.
“El proceso de desnacionalización pone en peligro a trabajadores ya vulnerables”, asegura el informe, que recuerda que las personas indocumentadas ven limitadas sus opciones laborales “haciéndolos más dependientes de sus empleadores”.
El sindicato advierte que las medidas migratorias “minan los derechos de los trabajadores y violan” los compromisos laborales del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA).
Cassandra Waters, la autora del informe, explicó a Efe que Estados Unidos debería adoptar “un rol más activo” a la hora de presionar a la República Dominicana sobre derechos laborales y migratorios, y sería “apropiado” suspender las preferencias comerciales del país bajo el CAFTA.
AFL-CIO subraya que el sector azucarero dominicano es uno de los principales empleadores de mano de obra haitiana en condiciones precarias y EE.UU., como principal importador de azúcar dominicano, debe asegurarse de que se respetan los derechos de los trabajadores “como condición para mantener su estatus comercial preferente”.
En 2013, un informe del Departamento de Trabajo estadounidense confirmó abusos de trabajadores de la caña de azúcar en la República Dominicana, pese al cual, según AFL-CIO, “no ha habido movimientos para suspender los beneficios o requerir la diligencia debida a las empresas estadounidenses que se benefician de este comercio”.
El Tribunal Constitucional dominicano endureció en 2013 retroactivamente los parámetros para adquirir la nacionalidad, poniendo en riesgo de expulsión a decenas de miles de inmigrantes y descendientes de haitianos.
El Plan de Regularización para Extranjeros indocumentados, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio, se puso en marcha junto a la Ley Especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, para regular el fallo del Tribunal Constitucional, pero la dificultad para cumplir las condiciones requeridas y denuncias de abuso policial han abocado a miles de indocumentados a la deportación.
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