SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-El Ministerio Público pidió este martes a los cinco jueces que integran la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que anulen el auto de no ha lugar que favoreció al senador Félix Bautista, que dicten apertura a juicio y que envíen a prisión al legislador y los demás imputados en el caso por corrupción y lavado de activos.
Asimismo, los representantes de la sociedad solicitaron como medida cautelar la incautación de todos los bienes de los imputados, así como la inmovilización de todos los activos depositados en bancos.
La Procuraduría acusa al senador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a los demás imputados de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, violación de la Ley de función Pública, desfalco y falsedad de escritura pública y privada, en perjuicio del Estado dominicano.
El pedimento de la Procuraduría se produjo pasado el mediodía de hoy, cuando los fiscales adjuntos y procuradores de corte, encabezados por la magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción administrativa (PEPCA), presentaron y concluyeron el recurso de apelación al referido auto emitido por el juez de instrucción especial Alejandro Moscoso Segara.
Asimismo, durante el desarrollo de la presentación del recurso de apelación, los fiscales acusaron al juez Moscoso Segarra de obviar varios delitos penales que constituían la parte fundamental de la acusación, como el desfalco, la corrupción y lavado de activos.
Argumentaron que el juez Moscoso Segarra no motivó el auto que liberó a los imputados y que, desde el punto de vista de la Procuraduría, se limitó a consignar opiniones personales sobres las infracciones.
“El juez se equivocó, porque obvió tipo penales, como es el caso de desconocer que el senador Félix Bautista, cometió los hechos cuando se encontraba al frente de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ejerciendo una función pública de la que se prevalió para otorgar contratos a sus asociaciones, con lo que acumularon ese patrimonio presentado como prueba y cuerpo del delito”, dijo el fiscal Pelagio Alcántara.
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