Santo Domingo.- El abogado de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, afirmó este lunes que ésta, fue obligada a firmar un documento, donde admitía haber recibido órdenes superiores y dinero a cambio de variar las sentencias de los tres casos por los que está siendo investigada.
Tomás Castro aseguró que a la magistrada no le quedó otra opción que admitir a través de un documento que recibió órdenes superiores para fallar a favor de dos casos de narcotráfico y que recibió dinero a cambio de dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís. El abogado también dijo que la magistrada implico al presidente de la SCJ, Mariano German Mejia, a Miguel Vargas Maldonado y a Radhames Jimenez Peña como las personas que habrían dado “las ordenes superiores” a que la magistrada alude en su declaración, respecto al caso.
Castro dijo además que el también suspendido magistrado Francisco Arias Valera, fue obligado a renunciar, y que éste, de acuerdo al documento, habría entregado dinero a Reyes Beltré.
La magistrada está suspendida desde hace días y podría ser sometida a la justicia ordinaria.
Breve recuento
Entre tanto, el consejo del Poder Judicial suspendió y envió a juicio disciplinario a varios jueces acusados por el procurador general de la República de formar una estructura que alegadamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Hasta el momento, en las últimas semanas han aumentado los cuestionamientos a los jueces y juezas que integran el sistema de justicia por sentencias emitidas a favor de imputados de cometer faltas graves, principalmente las ligadas al crimen organizado y el lavado de activos.
De su lado el procurador Francisco Domínguez Brito señaló que partiendo de una investigación que han iniciado relativas a múltiples hechos de corrupción, se evidencia que esa presunta estructura estaba dirigida por Francisco Valera Arias, quien renunció la pasada semana del Consejo Judicial así como de su función de juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo.
Entre estas evidencias resalta además e incluye a Awilda Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional; Delio Germán Figueroa, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Roso Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de Apelación de la misma jurisdicción.
Mientras que dos de los jueces vinculados a supuestos actos de corrupción y prevaricación, Delio Germán y Roso Vallejo, aspiran a formar parte del Consejo Judicial. En el caso también involucran a empleados del Poder Judicial, abogados y particulares.
Mediante el acta número 47/2015, el Consejo dispuso ayer la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Duvergé, Roso Vallejo y Víctor Mejía, como consecuencia del informe que había realizado Inspectoría General del Poder Judicial, en el caso penal seguido al señor Julio Alfredo Rondón Abreu.
Asimismo, suspendió a Awilda Reyes y Delio Germán en ocasión de la denuncia presentada ante el Consejo por parte del Ministerio Público, en la cual informa sobre el inicio de un proceso de investigación en contra de ellos y de los demás magistrados por alegadas faltas graves en sus labores judiciales.
Además, remitió a Inspectoría General del Poder Judicial, para que investigue las circunstancias que dieron origen a la decisión al descargo de los hermanos colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca así como Dersidila Ambalina Patrone Ortiz, rendida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal.
Los Buitrago están vinculados a un laboratorio subterráneo clandestino para la fabricación de droga en una finca de la comunidad Sabana Torres, en donde se hallaron 225 kilos de pasta base de cocaína en septiembre del 2013.
El procurador de la república, Francisco Domínguez Brito, señala que Arias Valera, ex miembro del CPJ, había sido denunciado por el ex juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Medrano Quéliz, de proponerlo para ese cargo a condición de que le resolviera algunos casos de manera satisfactoria.
Medrano Quéliz, dijo que se reunía en varios lugares con él y con otros magistrados para analizar tratativas o convenios sobre algunos expedientes.
El procurador dijo que Arias es mencionado como la persona que contactó e influyó a cambio de altas sumas de dinero en la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré para que emitiera varias decisiones, siendo la última la sentencia de hábeas corpus, mediante la cual ordenó la inmediata puesta en libertad del regidor por Pedro Brand, Erickson de Los Santos Solís, alias “Ney”, acusado de sicariato y lavado de activos.
Señala que el ex juez fue la persona que elaboró el proyecto de sentencia disciplinaria del 10 de septiembre del 2012 donde se declaró no culpable de violar varios artículos de la ley sobre la Carrera Judicial al magistrado Delio Germán tras haber ordenado, en la fase de investigación, la devolución de varios bienes y dinero en monedas extranjeras a un acusado de narcotráfico.
Relata también que durante un juicio disciplinario que se le realizó al magistrado José Duvergé Mejía, Arias Valera luego de ser el testigo directo del juez en una denuncia de soborno, se retractó y dijo que no tenía conocimiento del caso.
Contra el ex consejero la jueza de la Segunda Corte de Apelación del Distrito, Isis Muñoz Almonte, realizó un informe-denuncia en donde señalaba que él se le acercó y le hizo algunos pronunciamientos respecto al reglamento que regula las elecciones internas del CPJ.
De acuerdo a la jueza éste le dijo que nada de lo que ella escribió en el reglamento es posible porque es muy difícil de controlar y “si un juez tiene cuatro millones de pesos y los quiere invertir en la campaña que lo haga siempre que lo pueda justificar”.
“El consejero Francisco Arias admitió que está haciendo campaña abiertamente a tres candidatos, es decir, no solo tiene un candidato en primera instancia, sino que también está promoviendo candidatos de los otros grados. Queda claro que quiere un consejo a su medida y responda a sus intereses y está dispuesto a todo para lograrlo”, argumentó la jueza.
En lo referente a Awilda Reyes, además del caso del regidor, señaló que ella siendo jueza interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del DN, varió la prisión preventiva por garantía económica a cuatro acusados de narcotráfico internacional en octubre del 2011.
Asegura que la titular de ese tribunal había negado la variación de la medida a los ya condenados a ocho años de prisión, en varias ocasiones.
Refiere que mediante un recurso de amparo el 7 de julio del 2015, la magistrada, como titular de la Cuarta Sala Penal, ordenó la devolución de una aeronave, incautada mediante orden judicial de secuestro, por su vinculación a José Luis Santoro presidente del quebrado Banco Peravia.
Y que el 20 de agosto de ese mismo año ordenó la devolución de $20, 000.000 de dólares a favor de Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad de Arturo Del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico en España.
Señala que José Duvergé, como juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia, fijó una garantía económica a un puertorriqueño y dos dominicanos detenidos con 388 kilos de cocaína. Y que varió la prisión preventiva en cuatro casos que involucraba a narcotraficantes, entre ellos el caso del empresario Alejandro Almánzar propietario de un furgón ocupado en el Puerto Haina con cocaína líquida camuflada en 106 envases de champú.
En la víspera, el Consejo del Poder Judicial, que encabeza Mariano Germán, destituyó al Juez del Tribunal de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente de San Pedro de Macorís, magistrado Efraín Silva Mercedes, mediante la resolución No. 20/2015, al encontrarle culpable de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones. Según dicha resolución, el magistrado Silva Mercedes violó las disposiciones de los artículos 66 numeral 2 y 10 de la Ley No. 327-98 sobre Carrera Judicial; artículo 44 numeral 7 del Reglamento de Aplicación de Carrera Judicial; el artículo 150 numeral 2 del Reglamento de la Ley de Carrera Judicial; numerales 6 y 35 de las prohibiciones establecidas en el Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial, instaurado mediante la Resolución Núm. 2006-2009, de fecha 30 de julio de 2009; y el artículo 82 del Código de Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
Entre tanto, a Vallejo y Mejía Lebrón el procurador los acusa de variar las medidas de coerción a imputados por narcotráfico. Criticó el “auto de no ha lugar” emitido por el juez Mejía Lebrón en favor del alcalde y el ex alcalde de San Francisco de Macorís, acusados de desfalco por más de 400 millones de pesos. En lo referente a Delio Germán, indica que este emitió “autos de no ha lugar” en favor de personas sometidas por cometer atraco a mano armada, narcotráfico y varió las prisiones preventivas a otros que envió a juicio de fondo, los cuales se han sustraído de los procesos y se encuentran prófugos. También refiere la variación de prisión preventiva por garantía económica a tres imputados intentar sacar del país más de 7,000 mil pastillas para elaborar éxtasis.
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