Representantes de diferentes organizaciones
participaron en el encuentro.
SANTO DOMINGO. – Un encuentro con el objetivo de definir recomendaciones, identificar posibilidades de colaboración e incidencia en el diseño e implementación de políticas y programas de protección a los migrantes y sus descendientes amenazados en sus derechos, fue realizado este primero de junio en las instalaciones de Manresa Altagracia.
En la jornada, titulada “Migración y Ciudadanía, Realidad y Desafíos”, participaron actores gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Estuvo organizado por la Red Jesuita con Migrantes, la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) y la Red Jacques Viaux; con la colaboración de la Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) a través de la Fundación Scalabrini y la Red de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo (MADE por sus siglas en inglés). Se debatió el tema “migración y ciudadanía”, que marca actualmente un punto de inflexión en República Dominicana tras las consecuencias de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Plan Nacional de Regularización y la Ley 169-14. También se produjo un diálogo entre la sociedad civil y las instituciones estatales, representadas en la figura de Washington González, Vice Ministro del Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, que permitió alcanzar compromisos relevantes para el país tendentes a mejorar las políticas públicas y programas de protección de las personas migrantes. Las organizaciones de la sociedad civil han decidido aunar esfuerzos para pedir y trabajar de forma conjunta la pronta búsqueda de soluciones integrales y efectivas a la situación actual de las familias dominicanas y familias migrantes.
Solicitaron al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de Migración abrir un espacio urgente e inaplazable de diálogo para abordar estos temas y así entre todos poder encontrar alternativas y una solución sana y práctica para la elaboración de un compromiso para una política migratoria más justa en el país.
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