SANTO DOMINGO.- El vocero del expresidente Hipólito Mejía dijo que la suspensión de la audiencia en la que se conocería la demanda por difamación que éste presentó contra del senador Wilton Guerrero, es un “reflejo partidista que busca salvar” al legislador del Partido de la Liberación Dominicana “de una inevitable condena”.
Eddy Olivares indicó que “la innegable relación política que ha unido al senador Wilton Guerrero con varios de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, debió ser un motivo más que suficiente para que se inhibieran, en lugar de obstaculizar la justicia, para intentar impedir la condena del demandado”.
Olivares emite estos criterios en una rueda de prensa que ofreció junto a los abogados del ex mandatario. Durante la misma leyó un documento cuyo texto es el siguiente:
“En el día de ayer, sin ofrecer ninguna explicación, la Suprema Corte de Justicia suspendió el rol de audiencia en el que se conocería la demanda del presidente Hipólito Mejía, por difamación e injuria, en contra del senador Wilton Guerrero.
La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia, es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable.
La innegable relación política que ha unido al senador Wilton Guerrero con varios de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, debió ser un motivo más que suficiente para que se inhibieran, en lugar de obstaculizar la justicia, para intentar impedir la condena del demandado.
Los derechos a la tutela judicial efectiva, que el artículo 69 de la Carta Sustantiva le reconoce a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses y, en particular, a una justicia oportuna y a ser oído dentro de un plazo razonable, les han sido desconocidos abusivamente al ex presidente Hipólito Mejía.
A pesar de haber sido apoderada el 26 de abril del 2013 de un recurso de casación interpuesto por el ex mandatario contra el Auto No. 18-2013, del 17 de abril del 2013, dictado por su presidente, Dr. Mariano Germán Mejía, la Suprema Corte de Justicia lo vino a fallar el 25 de octubre del 2017, es decir, 4 años y 6 meses después, en violación del artículo 427 del Código Procesal Penal, que le impone un plazo de “hasta treinta días” al alto tribunal para decidir los recursos de casación que en materia penal le son presentados.
Es importante destacar que la acusación por difamación e injuria que el ingeniero Hipólito Mejía interpuso contra Wilton Guerrero Dumé, es de fecha 12 de julio del 2012, por lo que lleva 5 años y 4 meses, sin que a la fecha la Suprema Corte de Justicia haya instruido el proceso penal que, en puridad, debió hacerse a lo sumo en un año.
Por esta razón, los abogados del ex presidente Mejía, doctores Jesús Feliz y Julio Cury, deploran el desprecio exhibido, en este caso particular, por el más alto tribunal judicial, respecto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
No obstante las múltiples quejas del ingeniero Mejía, amparado en el artículo 152 del Código Procesal Penal, por retardo de justicia, no ha recibido ninguna respuesta del tribunal supremo.
Estimamos que este caso se suma a otros, igualmente lamentables, que vienen descalificando a la Suprema Corte de Justicia ante la sociedad y, particularmente, ante los demás jueces del orden judicial para exigirles el cumplimiento de los principios previstos en el Código de Ética del Poder Judicial.
Todas estas arbitrariedades, que afectan al ex presidente Hipólito Mejía y a otros ciudadanos, constituyen una muestra más de la necesidad que tiene nuestra sociedad de recuperar la independencia del Poder Judicial.”
Los fundamentos de la acusación
Este caso se conoce en la Suprema Corte de Justicia porque Guerrero, en su condición de legislador, tiene jurisdicción privilegiada. La acusación se debe a que el periódico El Caribe publicó, una semana antes de las elecciones del 2012, una declaración de Guerrero que señalaba que Mejía había viajado a Sinaloa, México, en un avión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo Guzmán”), quien era entonces jefe de un cartel de drogas en esa ciudad.
Inicialmente Mejía incluyó en su acusación al director del periódico El Caribe, Osvaldo Santana, pero la Suprema Corte declaró nula la parte de la demanda que tenía que ver con este último. En este sentido, acogió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Santana en contra del artículo 46 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión de Pensamiento, que establece que el director de de un diario debía ser procesado como autor principal de una difamación.
En 2014 el exmandatario interpuso un recurso de casación a esta decisión y reintrodujo la solicitud de reapertura de debate de la instancia. La misma fue conocida el 16 de diciembre del 2014 por el Pleno de la Suprema, que se reservó el fallo debido a que la defensa del senador Guerrero se opuso a este recurso.
El proceso continuó el 2 de noviembre último en la Suprema Corte de Justicia, y el pleno de este tribunal acogió parcialmente el recurso de casación pero declaró la extinción de la acción penal respecto a Santana y ordenó que continuara el proceso contra Guerrero.
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