Danilo huyendo hacia delante por su fracaso en Catalina
Un día antes del Discurso de Rendición de Cuentas elegí el título e inicié la preparación de este artículo. Supuse, acertadamente, que Danilo escurriría el bulto huyendo hacia delante para no admitir su responsabilidad ni afrontar su error en Catalina. Huir de esa desafortunada realidad no la resuelve; al contrario, la pospone y agrava. Anteriormente citamos que en política el error es peor que el crimen y que lo que se soslaya estalla.
En su Plan de Gobierno 2012-2016 Danilo prometió “el rescate integral del sector eléctrico” y que los apagones desaparecerían antes de Agosto 2016. En Febrero 27, 2013 prometió que para el 2016 las pérdidas eléctricas serían reducidas hasta un 25%. Este Febrero 27, expresó que en 5 años y medio de gobierno, las pérdidas bajaron de 35.5% a 29.9%, no al 25% como prometió para Agosto 2016. Danilo debería averiguar por qué en Enero 2018, EDEESTE tuvo pérdidas de 37.2%, muy por encima de EDESUR y EDENORTE. No ha mejorado EDEESTE. Sus pérdidas eran 38.0% en Agosto 2012.
El año pasado Danilo erró, proclamando ante la Asamblea Nacional, que Catalina terminaría en el plazo previsto, o sea Agosto 7, y con el costo originalmente acordado, de 1,945 Millones de dólares. Ambas predicciones fueron fallidas. Este 27, Danilo dijo que la primera unidad de Catalina operará en condición de prueba en Diciembre, retrasada 17 meses para inicio de pruebas No significa que en Diciembre operará comercialmente. La predicción de costos de Danilo también resultó errada. En Julio 6 Odebrecht exigió 708 Millones de sobrecostos y demandó un arbitraje internacional. Danilo no cumplió con su obligación constitucional de rendición de cuentas, silenciando el arbitraje en su discurso. Ese silencio lleva un mensaje de clara sonoridad a los oídos de la ciudadanía, advirtiendo que en sobrecostos exigidos hace 8 meses habría manejos inapropiados. Danilo señaló que Catalina tiene un 89% de avance. Se divulgó que a principios de año se habían pagado a Odebrecht 1,848 Millones, faltando menos de 100 para completar los 1,945 Millones contratados. ¿Alcanzarían 100 Millones para cubrir costos faltantes para poder iniciar pruebas de la primera unidad en Diciembre, y la segunda en febrero 2019? Si ese monto no alcanzara ¿Pagará Danilo por adelantado los sobrecostos de 708 Millones exigidos por Odebrecht, antes de emitirse el laudo arbitral?
Orondamente Danilo divulgó que “… la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional en Enero de este año situó a la República Dominicana en el lugar 20, de los 115 países que fueron evaluados”. Sacamos una buena nota de 66, pero Danilo no dijo que su gobierno se quemó con una bajísima nota de 17 sobre 100 en el reglón de “Participación Pública”. “International Budget Participation” dictaminó que: “La República Dominicana provee pocas oportunidades para que el público participe en el proceso del presupuesto”. Con esa reprimenda Danilo debería publicar, rápidamente, la ejecución presupuestaria de Catalina, incluyendo todos los pagos a terceros y los exorbitantes costos financieros.
En el 2012 Danilo prometió que los apagones terminarían en el 2016. Ahora, en 2018, fuera del texto escrito, Danilo improvisó: “Ojalá que el 27 de Febrero cuando regrese aquí no haya apagones en la República Dominicana”. Conociendo la incredulidad ciudadana, en su discurso Danilo no se atrevió a escribir sobre terminación de apagones. Después de las elecciones del 1990 el PLD, estando en la oposición, demandó a Balaguer que le entregara la CDE para resolver los apagones en 2 ó 3 meses. En 1996 cuando Danilo asumió como Primer Ministro, su gobierno dijo que resolvería los apagones en 6 meses. No somos “Una Nación de Borregos” y la ciudadanía no cree en promesas siempre incumplidas. De los 674.78 MW de Catalina se perderán 202 MW, con pérdidas actuales de 29.9%. Cualquier mejoría concreta sobre los apagones ha dependido, fundamentalmente, de proyectos privados, a pesar de que el gobierno se dedicó a satanizar a esos generadores.
Danilo no abordó la corrupción de Odebrecht. Tampoco repitió frases huecas como “caiga quien caiga” y “hasta las últimas consecuencias”. Danilo debe reconocer su responsabilidad en el fracaso de Catalina y ser transparente. Gandhi, pacifista y apóstol de la no violencia predicó que “Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios”.
El informe de Amnistía Internacional
En su más reciente informe Amnistía Internacional vuelve a acusar a la República Dominicana, de manera irracional, desconociendo de nuevo los grandes avances que ha tenido la política y la gobernanza migratoria nacional en el país, este organismo internacional de nuevo atenta contra nuestra soberanía nacional intentando trazar pautas a una nación libre y soberana como lo es la República Dominicana.
La recurrencia a la llamada apatridia no es más que una reiteración mal intencionada y carente de toda base, hecha con el único fin de hacer daño a la República Dominicana, la realidad es que en el país no hay apatridia y las autoridades han dicho muy claramente que se presenten los casos, para que los mismos sean conocidos, pero la verdad es que a la fecha no se han presentado esos famosos casos de que tanto hablan algunos organismos internacionales.
La ley 169-14, promulgada por el presidente de la república Lic. Danilo Medina el 23 de Mayo del 2014 en su octavo considerando establece que, ´´ el Estado dominicano, a través de sus órganos representativos, está llamado a buscar una solución al problema que enfrentan las personas que, si bien irregularmente inscritas en el Registro Civil por el propio Estado, han actuado a través de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la nacionalidad dominicana y en función de la misma han tenido un arraigo indiscutible en nuestra sociedad´´.
A través de esta ley y del decreto 250-14 que establece el reglamento de aplicación de la misma , se hicieron muchos esfuerzos por resolver la situación de los migrantes que se encontraban en esta situación de vulnerabilidad, de ahí que la ley estableció un plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación del reglamento y cuando se cumplió este plazo y se solicitó una prórroga , el gobierno accedió y el presidente de la república el 30 de Octubre del 2014 , promulgó una nueva ley la 520-14, la que en su artículo único decía, “Se dispone un nuevo y único plazo de 90 días, el cual será computado a partir de la publicación de la presente ley en la Gaceta Oficial´´.
Como resultado de la aplicación de estas 2 leyes 8,759 personas se acogieron a las mismas de las cuales 6,570 cumplieron con los requisitos de ley, lo que significa un 75% del total, de esta cantidad la gran mayoría tiene una residencia permanente y una cedula de identidad y a los que se les han cumplido los dos años que manda la ley para optar por la nacionalidad dominicana, comenzaran próximamente con el proceso para adquirir la misma si así lo deciden.
Como es posible que se pueda decir que esta ley ha sido aplicada de manera deficiente y que no se han buscado nuevas soluciones, solamente un informe sesgado y lleno de prejuicios contra el país, puede sostener esa infeliz afirmación, 2 leyes aplicadas, 2 prorrogas, miles de personas beneficiadas con un status regular permanente, son el más claro mentís al malintencionado y prejuiciado informe de Amnistía Internacional.
En cuanto al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros PNRE, Amnistía Internacional señala que, ´´ las autoridades han sido incapaces de tramitar la mayoría de los casos de personas migrantes en situación irregular recibidos durante el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular´´, solamente la mezquindad, el desconocimiento y la falta de interés en conocer la verdad, puede llevar a este organismo internacional a una afirmación tan poco objetiva.
En solo un año en la República Dominicana se regularizaron a través del PNRE 260,248 personas, lo que significa el 90% del total de inscritos, los que correspondieron a un total de 106 nacionalidades algo sin precedentes, son pocos los planes de regularización que en solo un año han regularizado tal cantidad de migrantes, por otro lado a más de 2,700 trabajadores cañeros se les otorgó una residencia permanente a través de la Dirección Gral. De Migración DGM y se incluyó a los beneficiados del PNRE en la seguridad social.
Hoy en día los expedientes del Plan reposan en la Dirección General, de Migración DGM, quien tiene a su cargo el proceso de renovación o cambio de la categoría migratoria de los beneficiarios del PNRE, el cual se desarrolla de manera organizada con todo éxito, tal como lo aprobó el Consejo Nacional de Migración CNM.
En este país se han tomado todas las medidas necesarias para respetar los derechos humanos de los migrantes y el gobierno Dominicano ha sido un garante de estos derechos, la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, es un buen ejemplo de ello.
Asimismo el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros PNRE y el decreto 96-16 para la inclusión de trabajadores extranjeros y beneficiados del PNRE en el sistema dominicano de seguridad social, constituyen una muestra contundente de todo lo que ha hecho el país en materia migratoria.
Mientras en el perfil migratorio puesto en circulación por el Instituto Nacional de Migración INM y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, se reconoce que el país está ante una nueva gobernanza migratoria y que el proceso de regularización es el más importante de la historia, además de los avances significativos en la aplicación del debido proceso en los casos de deportaciones, aparecen estos señores de Amnistía Internacional, tratando de enlodar de manera aviesa los pasos que han dado las autoridades nacionales.
La campaña internacional en contra de República Dominicana sustentada en mentiras y falsedades, como la de que los dominicanos somos racistas, xenófobos y que propiciamos la apátridia y la discriminación tienen como propósito limitar la capacidad soberana del Estado dominicano de aplicar su política migratoria, siempre de respeto de los derechos humanos de todas las personas que habitan en nuestro territorio.
El presidente Danilo Medina ha sido bien claro con este tema al señalar en su discurso de rendición de cuentas del año 2015, lo siguiente, “Nadie puede poner en duda que el conjunto de medidas impulsadas por este Gobierno supone una de las mayores iniciativas en materia de reconocimiento de derechos realizada en las últimas décadas y es, además, una oportunidad única de modernizar nuestros registros, mejorar el control fronterizo y reforzar, mediante la legalidad, la seguridad en nuestro territorio”.
Agregando que ,“Estamos construyendo, entre todos, un país con verdadera igualdad y justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, pero también un país ordenado, riguroso y en el que debe imperar el cumplimiento de la ley”, el presidente Danilo Medina afirmó que ninguna nación del mundo ni organismo internacional, puede exigir al país que en materia migratoria, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de su ordenamiento constitucional y legal.
Rechazamos firmemente este informe de Amnistía Internacional, organismo que debiera preguntarse qué tanto a hecho de manera práctica por ayudar a los migrantes irregulares a obtener un status migratorio regular que no sea a través de un informe tan penoso y carente de base como el que acaban de lanzar , que se coloquen en el lugar de otros organismos internacionales, que si han trabajado en el terreno, con las autoridades y con las ONG procurando ayudar verdaderamente a quien por su vulnerabilidad necesita amparo y solidaridad.
Ojala algún día Amnistía Internacional entienda que con informes tan pocos objetivos como el que comentamos, no se contribuye a nada positivo y al contrario erosiona la credibilidad de ese organismo internacional, además AI debe comprender que la República Dominicana es una nación soberana que como todo estado independiente aplica su política migratoria de acuerdo al interés supremo de la nación.
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