En medio de agobiante crisis Maduro arrecia represión
En lo que se considera una nueva táctica de la dictadura castrochavista, se han ido produciendo acontecimientos que van tejiendo un cerco de acorralamiento continuo contra Juan Guaidó, presidente interino, con el claro fin de minar su capacidad de acción, tratando evidentemente de minimizar los efectos de su accionar contra la descarada usurpación del gobierno por parte del tirano genocida Nicolás Maduro.
Mientras que Estados Unidos aplica y promueve sanciones contra su dictadura, este de manera soberbia y desafiante, responde reprimiendo con más fuerza y aplicando restricciones a Juan Guaidó y a sus colaboradores. En esa línea de acción, el régimen está castigando a los que colaboran y trabajan con el joven líder, arrestándolos, confiscando equipos de sonido para sus actos, incluso hasta cerrando hoteles donde se haya hospedado.
Dos hoteles en los que se ha hospedado el mandatario interino han sido clausurados. Algunos técnicos de sonido que trabajaban en la instalación de las tarimas que usa para dirigirse a las multitudes fueron detenidos y acusados de “asociación para delinquir”.
Del mismo modo, Joel García, abogado de Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional, detenido e implicado en el supuesto atentado contra Maduro, denunció durante la madrugada del sábado que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvieron reteniéndoles su vehículo y dinero en efectivo, con lo que se acentúa la táctica perversa de criminalizar continuamente a los opositores; una táctica copiada de la dictadura castroestalinista que oprime a Cuba, la isla esclava.
Con esa actitud desafiante, Maduro demuestra que no le teme a las sanciones ni a una eventual intervención militar, ya que estas no han logrado derribarlo del poder y la de que “todas las opciones están sobre la mesa” es una amenaza que se ha convertido en no creíble dado al hecho de que han ocurrido cosas que se creían que provocarían que se pusieran en marcha y eso no ocurrió, por lo que Maduro y sus patrones cubanos no le dan carácter de seriedad a esas amenazas de intervención.
Y aunque es claro que las sanciones afectan sensiblemente al régimen, al parecer estas hasta ahora no han logrado el objetivo deseado por el evidente apoyo logístico de inteligencia del régimen cubano, la ayuda rusa y la de China, que junto a otras naciones bloquean iniciativas de Estados Unidos contra Maduro en el Consejo De Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en vista de tales evidencias, poco a poco se ha ido consolidando la idea extrema de la necesidad de usar la fuerza militar extranjera ya que también la estrategia de esperar que sea el ejercito venezolano, en un corto plazo, el que resuelva la situación a través de un golpe ha fracasado.
Es a partir de que últimamente se han estado produciendo hechos que dan a entender, o dan pie a lo dicho anteriormente sobre el uso de la opción militar, que surge esta opinión de que se está produciendo tal consolidación de la idea de intervenir.
Uno de esos hechos es la actual gira por los países latinoamericanos que apoyan sólidamente a Juan Guaidó como presidente encargado, del Secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, en la que se ha reunido con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, de Paraguay, Mario Benítez Abdo. Luego de la visita a Paraguay, el secretario de Estado viajará a Perú y luego a Cúcuta, Colombia, donde dice que evaluará de qué manera la crisis venezolana ha afectado a la ciudad fronteriza.
Días antes, durante un discurso en el Instituto de Investigación de Políticas Públicas American Enterprise, se habían producido las declaraciones del senador por la Florida Rick Scott, en las que afirmó que las sanciones contra el dictador Nicolás Maduro no están funcionando por sí solas y urgió a considerar una intervención militar para facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria.
Si los embargos y bloqueos pueden ayudar, debemos considerarlos. Y si la fuerza militar de Estados Unidos y nuestros aliados en la región es necesaria para librarnos del flagelo de Maduro y sus matones, entonces no podemos descartarla, y enfatizó que el país necesita comenzar a considerar el uso de recursos militares para brindar ayuda a millones de venezolanos hambrientos y enfermos.
El almirante estadounidense Craig Faller, jefe del comando sur de Estados Unidos, dijo el viernes, en una entrevista, que están listos para intervenir en Venezuela si Donald Trump así lo decide y el mandatario ha dicho varias veces que la opción militar está sobre la mesa.
Estas pueden ser señales que nos indican que puede que se esté considerando seriamente terminar en breve con el cáncer metastásico del castrochavismo destructivo e infernal comandado por Maduro y su claque criminal.
La génesis de un conflicto constitucional e interinstitucional
NERIS ABREU COMAS
El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.
En la actualidad existe un interesante debate jurídico-político-electoral respecto a la fuerza legal de una sentencia y a la competencia de dos altas cortes, que se han pronunciado en sentido contrario sobre una misma materia y litigio.
Desde mi humilde análisis e interpretación, el génesis del conflicto estriba en dos vicios presentes en la Constitución que se refieren a las decisiones definitivas, como se puede apreciar en el contenido del artículo 184 referente al Tribunal Constitucional y el artículo 214 relativo al Tribunal Superior Electoral.
De conformidad con el artículo 184 de la Constitución, el Tribunal Constitucional es el responsable de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”. Juntos a estas facultades el artículo 53 de la Ley Orgánica 137-11, le asigna la facultad para la revisión constitucional de las sentencias de los demás tribunales de la República que hayan adquiridos la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada, luego del 26 de enero del 2010, y de los conflictos de competencia como ocurre al efecto.
Como queda claro en los enunciados y mandato del texto constitucional, el legislador estableció una soberanía al Constitucional la cual reforzó con la figura jurídica de la irrevocabilidad por ningún órgano judicial del sistema de justicia. Todos esos tribunales, incluyendo el Superior Electoral, debieron estar colocados en la Constitución ante del artículo 184, para asegurar la jerarquía o la precedencia en la estructuración de las jurisdicciones.
Donde mi punto de vista, el legislador del 2010 cometió el error que genera la actual controversia, especialmente en lo relativo al artículo 214 de la Constitución, sobre el Tribunal Superior Electoral, el cual está colocado después del artículo 184, es decir, en un orden cronológico luego del Constitucional, lo que indica que el legislador de manera intencional o por ignorancia, colocó las decisiones de esta Alta Corte fuera del alcance del Tribunal Constitucional.
Al efecto, la Constitución establece que el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización, funcionamiento administrativo y financiero.
Como hemos señalado, el error de fondo consiste en que dicho tribunal debió estar en el texto, ante del Tribunal Constitucional, para dejar claro su nivel de sujeción y lo segundo es que nunca debió contemplar en su enunciado el carácter definitivo de sus decisiones y solo limitarse a juzgar los asuntos contenciosos electorales, con lo cual quedaba claro su rol y no dejaba incertidumbre, como pasa en la actualidad y se reservaba el carácter definitivo e irrevocable para el Tribunal Constitucional.
Como puede observarse en todo el texto constitucional y en las leyes de las diferentes materias jurídicas, lo relativo al carácter definitivo no está establecido, dejando una brecha para conocer los asuntos contenciosos en un tribunal de alzada, reservando el carácter definitivo, irrevocable y vinculante al Tribunal Constitucional, como tiene que ser.
La actual controversia jurídico-política revela que no solo estamos frente a un simple conflicto electoral, sino frente a un conflicto de competencia, pues existen dos jurisdicciones enfrentadas, el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, invocando cada uno competencia única para dirimir una Litis. Dado que esa situación genera conflicto de competencia, el artículo 59, de la Ley 137-11, apodera al Tribunal Constitucional, no solo para pronunciarse sobre la Sentencia que ha ordenado su revocabilidad y que genera la mini crisis político-jurídico-electoral, sino para conocer el conflicto de competencia existente y así superar la actual situación. Sin embargo la situación se complica debido a siendo el Tribunal Constitucional parte del conflicto con el Tribunal Superior Electoral, no pueden ser juez de sí mismo y juzgar su propia causa, por lo que se abre una crisis político-jurídico-institucional, lo cual no está previsto en la Constitución.
El conflicto jurídico-político-electoral, que desprestigia aún más los partidos políticos, que pone en juego la estabilidad democrática y la seguridad jurídica, es consecuencia del proyecto de reelección del Licenciado Danilo Medina y el cual comenzaría a disiparse con tan solo dejar sin efecto el proyecto nefasto de la posible modificación a la Constitución, para introducir la reelección presidencial.
sp/am
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