Santo Domingo, R. D.-Mario Díaz, vocero de la secretaría de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), habla durante una rueda de prensa.
La secretaría de Transporte del Partido Reformista depositará un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que haya una amnistía en el pago de las llamadas multas fantasmas.
En rueda de prensa, Mario Díaz, vocero de la organización, dijo que por el cobro de multas algunos precandidatos a cargos electivos no han podido inscribirse debido a que se les exige una certificación de buena conducta.
Explicó que en su caso aspira a diputado y tuvo que pagar siete multas que no reconoce para poder inscribir su precandidatura.
Responsabilizó de la situación a la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
“Ese mismo caso le está pasando a un número significativo de los precandidatos del Partido Reformista y de otras agrupaciones políticas. Se rumora que la Procuraduría quiere ampliar su capacidad de recaudación y utiliza el tema de las multas para eso, recaudar fondos y construir cárceles”, dijo.
Por otro lado, solicitó el cumplimiento de la Ley 63-17, en su artículo 198 que establece que el 25% de las recaudaciones de las multas deben ser destinadas al sector transporte, pero que la Procuraduría no cumple con esa disposición.
Así también lo revela un estudio dado a conocer este fin de semana por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), cuya conclusión dice que los 241 millones de pesos recaudados por multas en el 2018 no se destinaron para resolver problemas del sector, y que uno de ellos se dirigió a Salud Pública para la prevención de los accidentes de tránsito.
Manifestó que también demandará que al que haya pagado una multa irregular le sea devuelto el dinero.
La secretaría de Transporte del Partido Reformista depositará un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que haya una amnistía en el pago de las llamadas multas fantasmas.
En rueda de prensa, Mario Díaz, vocero de la organización, dijo que por el cobro de multas algunos precandidatos a cargos electivos no han podido inscribirse debido a que se les exige una certificación de buena conducta.
Explicó que en su caso aspira a diputado y tuvo que pagar siete multas que no reconoce para poder inscribir su precandidatura.
Responsabilizó de la situación a la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
“Ese mismo caso le está pasando a un número significativo de los precandidatos del Partido Reformista y de otras agrupaciones políticas. Se rumora que la Procuraduría quiere ampliar su capacidad de recaudación y utiliza el tema de las multas para eso, recaudar fondos y construir cárceles”, dijo.
Por otro lado, solicitó el cumplimiento de la Ley 63-17, en su artículo 198 que establece que el 25% de las recaudaciones de las multas deben ser destinadas al sector transporte, pero que la Procuraduría no cumple con esa disposición.
Así también lo revela un estudio dado a conocer este fin de semana por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), cuya conclusión dice que los 241 millones de pesos recaudados por multas en el 2018 no se destinaron para resolver problemas del sector, y que uno de ellos se dirigió a Salud Pública para la prevención de los accidentes de tránsito.
Manifestó que también demandará que al que haya pagado una multa irregular le sea devuelto el dinero.
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