SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPORMA) denunciaron que montañas de cenizas tóxicas se han acumulado en el entorno de la termoeléctrica Punta Catalina, en la provincia Peravia, representando un alto riesgo en esta temporada ciclónica.
Las dos entidades remitieron fotografías y un video tomados el pasado viernes 31 de julio, en los que aparecen las imágenes de montañas de estas cenizas, dos veces más altas de las que figuraban en otras fotografías tomadas el 31 de mayo pasado.
Manifestaron que “las cenizas de Punta Catalina son una amenaza permanente y creciente contra la salud, la producción y el medio ambiente de más de cien mil personas que están siendo impactadas por estos residuos y las demás fuentes de contaminación de esta termoeléctrica”.
“Sin embargo, durante la temporada ciclónica que comprende los meses de junio a noviembre de cada año, se corre el riesgo que por efecto de un hidrometeoro como vaguadas, tormentas o huracanes, estas cenizas tóxicas y el carbón almacenado produzcan un desastre ecológico en la provincia Peravia”, expusieron.
Señalaron que “a pesar del riesgo inminente de este desastre, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ni la gerencia de la Central Termoeléctrica Punta Catalina han tomado ninguna medida para disminuir, mejor disponer, cubrir, asegurar o trasladar estos peligrosos residuos”.
Adujeron que estas cenizas contienen mercurio, selenio, boro, óxido férrico, alúmina, óxido de titanio, óxido de calcio, magnesio, azufre, óxido de potasio, óxido de sodio, anhídrido fosfórico, arsénico y sílice, elementos altamente tóxicos para la salud humana, animal y vegetal, informaron.
Explicaron que por efecto del fuerte viento de un hidrometeoro pueden ser barridas a más de 50 kilómetros tierra adentro y también disolverse en el agua de escorrentía, contaminando con sus elementos tóxicos los terrenos y las fuentes de agua subterráneas y superficiales de la provincia Peravia.
Recordaron que en abril de 2017 se produjo una inundación en Punta Catalina que fue fotografiada y grabada en video por un joven trabajador de la central que se convirtió en viral en las redes sociales.
“También existe el precedente con el ciclón David en el año 1979, que barrió y desparramó las escorias de la mina de FALCONBRIDGE montaña abajo, anegando de contaminación la tierra y los cultivos de arroz del valle de Bonao, teniendo esta transnacional que indemnizar con millones de dólares a los productores de la región por los daños sufridos por el deslave”, dijeron.
Advirtieron que con cualquier fenómeno atmosférico que llegue al área donde están vertidas a la intemperie las cenizas de Punta Catalina, puede ocurrir una nueva inundación de sus instalaciones o, peor aún, lo que pasó en 1979, en Bonao con las escorias de la mina de ferroníquel de FALCONBRIDGE.
Calificaron de irresponsables a las autoridades que, además de arrojar al aire libre estos desechos en violación a la licencia ambiental, a la Ley de Medio Ambiente y a la Constitución de la República, no han hecho nada para disminuir, asegurar o trasladar estas cenizas ante los riesgos que representa la actual temporada ciclónica.
Plantearon que la única solución realmente efectiva para que Punta Catalina que es una “súper fábrica” de cenizas tóxicas no siga produciéndolas, es convertir las dos plantas de carbón de esta central a gas natural lo antes posible.
“No cambiar a gas natural a Punta Catalina es victimizar al pueblo banilejo. Pretextar el costo económico que puede representar este cambio, es una carencia total de sensibilidad ante las enfermedades y las muertes prematuras que producirá la contaminación de la quema de 4 millones de toneladas de carbón al año, en las comunidades que van desde Nizao hasta la ciudad de Baní”, precisaron.
Afirmaron que el costo de sustituir el combustible de Punta Catalina de carbón a gas natural, es a la larga mucho más bajo que el gasto en prevención, reducción y manejo de estas cenizas y el pago por indemnizaciones por los daños causados a los habitantes, en los próximos 40 años de vida útil de estas plantas.
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