SANTO DOMINGO. R. D.- El Ministerio Público reafirmó que ha demostrado con pruebas los sobornos Odebrecht y que los imputados incurrieron en cohecho por haber gestionado «a cambio de dinero» la adjudicación de obras del Estado a esa constructora brasileña.
En sus argumentaciones finales del proceso, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijeron que el imputado Ángel Rondón Rijo actuó como intermediario para el pago de los sobornos y que junto con éste, también participó como intermediario el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Expusieron que los fondos entregados por Odebrecht a Pittaluga tenían como beneficiario final al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Durante las argumentaciones, los integrantes de la Pepca aseguraron que parte de la teoría del caso en contra de esos acusados quedó demostrado con las declaraciones del testigo clave Mauricio Dantas Bezerra, además del acuerdo reformulado y firmado por Odebrecht con la Procuraduría General de la República en 2017.
Agregaron que «se probó que Rondón construyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito».
La fiscal Mirna Ortiz planteó que para el lavado de activos, Rondón realizaba transferencias de fondos desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa.
Destacó que en las pruebas correspondientes a los informes financieros aportados por el Ministerio Público se evidencian las transacciones realizadas desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las cuentas de compañías de Rondón.
El Ministerio Público estableció que la admisión de responsabilidad en la comisión de actos de corrupción hecha por Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no solamente encuentra su soporte en las declaraciones del testigo Mauricio Dantas Bezerra, sino en las declaraciones de la testigo María Eugenia Batista.
Ortiz dijo que durante la investigación el Ministerio Público obtuvo elementos que dan fe del vínculo de Rondón con los demás encartados en el proceso.
Deploró los actos de corrupción administrativa, los cuales dijo que impiden el desarrollo de áreas tan importantes como el servicio de la salud y educación.
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