En esto coincidieron ayer varios expertos que analizaron la iniciativa en el seminario "Pertinencia y Viabilidad del Fideicomiso Punta Catalina", organizado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación de Estudios Económicos y Políticos y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).
El abogado y economista Ángel Lockward planteó que uno de los problemas del contrato es que permite una participación “indeseadamente alta” de capital privado y otorga mucho poder a los miembros del comité, dejando abierta la posibilidad de que ellos cambien de fiduciaria, se queden de manera permanente o elijan a sus suplentes.
Entre los aspectos que se deben corregir Lockward indicó que el presidente de la República no puede renunciar a designar a los miembros del comité ni el Congreso a controlar el endeudamiento de la planta.
El experto en temas del sector eléctrico, Bernardo Castellanos, consideró igualmente que el problema es que el contrato concede un poder excesivo, “un cheque en blanco”, a los miembros del comité y esto debe ser corregido.
Castellanos planteó que al crear ese contrato el Gobierno se ha autodescalificado para operar la planta al nombrar a un comité técnico para gestionarla. Dijo que si el inconveniente es que el Presidente no confía en el equipo que dirige la central o que tiene que hacer es nombrar a otras personas.
Dijo que no es cierto que Punta Catalina esté en un limbo jurídico porque de lo contrario no generara alrededor de US$180 millones de beneficios al Estado.
Castellanos explicó que el hecho de que el comité tenga potestad para contraer deudas hasta por el costo total de la planta, poniéndola como garantía, es un gran riesgo porque podría ser embargada.
Otra de las fallas del contrato citadas por Castellanos es que aunque actualmente Punta Catalina está nueva y opera en óptimas condiciones, el fideicomiso no garantiza que sea devuelta al Estado en esas mismas condiciones.
Dijo que al terminar el fideicomiso el Estado pudiera recibir una planta que en vez de generar 752 MW genere 150 porque el contrato no contempla ni siquiera la obligación de entregarla en operación.
Castellanos precisó que para debatir y modificar el contrato primero el proyecto tiene que retirarse del Congreso Nacional.
El Estado la puede administrar
El abogado Jottin Cury también consideró que una de las “trampas” del contrato es que permite que se cuele tanto capital privado que al final este sector terminaría adueñándose de la planta.
Cury consideró que esto es innecesario porque hay buenos ejemplos de que el sector público puede administrar sus bienes y citó el caso de la refinería y el banco de Reservas.
Por eso el experto consideró que Punta Catalina debe permanecer en manos del sector público.
“Yo equiparo a Punta Catalina con el Banco Central, si eliminamos el Banco Central los precios se disparan porque una de sus funciones es mantener la estabilidad de los precios. Lo mismo pasaría con Punta Catalina si la pasamos al sector privado, si se la transferimos se va a disparar el precio de la energía eléctrica porque el sector privado no vela por el interés social sino por intereses económicos”, explicó.
Cury cree que la conclusión final de los debates en el Consejo Económico y Social (CES) será que el Estado se quede con su planta.
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