Washington pidió el 14 de febrero a Honduras la extradición del exgobernante, a quien lo acusa de introducir 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense desde 2004.
Su casa fue rodeada por policías, luego fue arrestado con esposas y cadenas y trasladado a una prisión en la sede de las fuerzas especiales conocida como Los Cobras, en el este de la capital y debe permanecer allí por decisión de un juez.
Pero este lunes la defensa solicitó "el cambio de medida de detención en 'Los Cobras' a su casa, en arresto domiciliario", dijo a la AFP el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El Poder Judicial había informado en su cuenta de Twitter que "el juez de primera instancia admitió un escrito de apelación de la defensa" de Hernández para que le revoque la prisión preventiva en los Cobras.
La apelación tiene que ser resuelta por el pleno de los 15 magistrados de la CSJ "como tribunal de alzada".
El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico.
Su hermano, el exdiputado "Tony" Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.
El expresidente rechaza los cargos y los atribuye a venganza de capos que su gobierno extraditó y que sirvieron de testigos contra su hermano.
Ana García, esposa de Hernández, compareció este lunes ante el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a quejarse por la forma en que fue capturado el expresidente.
"Ustedes transmitieron todas las imágenes de la forma humillante y denigrante en que fue tratado mi esposo" y "las autoridades que permitieron el uso de grilletes y cadenas (...)luego lo exhibieron públicamente como un trofeo", dijo a los periodistas.
Sin embargo, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró que constató este lunes las condiciones carcelarias de Hernández, "sin encontrar ninguna violación a los derechos humanos, tratos crueles o degradantes".
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