En documentos presentados el lunes por la noche, la oficina de la secretaria estatal de Justicia, Letitia James, dijo que la fiscalía tiene todo el derecho de interrogar a Trump —quien está apelando el fallo del tribunal inferior— porque se busca determinar si los valores tergiversados que se mostraron a los prestamistas, las autoridades fiscales y otros intereses comerciales constituyen un fraude y, en caso afirmativo, quién cometió ese fraude.
James también busca defender un fallo que obliga a los dos hijos mayores de Trump, Ivanka y Donald Trump Jr., a testificar. Ambos han sido ejecutivos en la empresa de su padre, la Trump Organization.
“La evidencia recabada hasta ahora indica que los estados financieros, las declaraciones fiscales, las garantías de préstamos y otros documentos contienen declaraciones erróneas y omisiones importantes”, dijo la oficina de James en los documentos judiciales. “Estas tergiversaciones parecen haber estado buscado retratar el patrimonio neto y la liquidez del señor Trump como superiores a lo que los hechos reales justificaban, a fin de asegurar beneficios económicos a los que el señor Trump de otro modo no habría tenido derecho”.
Los abogados de Trump argumentaron en los documentos de apelación presentados el 21 de marzo que el juez de primera instancia, Arthur Engoron, no sopesó adecuadamente las preocupaciones constitucionales y éticas sobre la investigación de James.
En su respuesta, la oficina de James rechazó los argumentos de los Trump de que la procuradora estatal, una demócrata, actuaba en venganza política contra el expresidente republicano o que requerir que los Trump testifiquen bajo juramento violaría sus derechos constitucionales porque sus respuestas podrían usarse en su contra en una investigación penal paralela.
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