El tribunal, presidido por Nancy Salcedo e integrado por Fran Soto y Francisco Ortega, dispuso que Osiris Díaz Medina cumpla la prisión en la celda de extraditados de la cárcel de Najayo.
Asimismo, el tribunal fijó para el 7 de junio a las 9:00 de la mañana la audiencia del fondo de la solicitud de extradición.
En la audiencia donde el Ministerio Público estaba representado por el procurador adjunto Andrés Chalas Vásquez y la abogada Analdis Alcántara.
La solicitud de extradición fue presentada por la embajada de Estados Unidos en el país ante el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige Gisella Cueto.
Díaz Medina fue arrestado en una finca del municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, por un equipo élite integrado por fiscales y un personal táctico de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La detención se produjo en virtud a una orden de arresto dictada por la jueza Carmen Daniela Araujo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata.
En el lugar se ocuparon armas de fuego (larga y corta). Además, documentaciones, dispositivos electrónicos, decenas de gallos y evidencias relacionadas a la Operación Falcón.
La Operación Falcón desmanteló una amplia red de narcotráfico y lavado de activos. Esta operación forma parte de la nueva política de persecución en contra del crimen organizado implementada por la gestión de la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, en coordinación con varias agencias de seguridad del Estado dominicano y de cooperación internacional de Estados Unidos, a través de sus agencias de investigación.
Otros arrestados
Junto a Díaz Medina también fueron arrestados Francisco Alberto Medina Díaz (hermano), y Mártires De la Rosa Castro y Santo Bueno.
El entramado criminal desmantelado con la Operación Falcón se sostenía con dinero producto del narcotráfico y se dedicaba a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba, según el expediente del Ministerio Público.
Establecen que además lavaban dinero a través de negocios de entretenimiento, de compra y venta de vehículos, incluyendo de automóviles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelación de inmuebles.
La red, que tenía su mando de operación en la provincia de Santiago, contaba con ramificaciones en distintos puntos del país. Dice la Procuraduría que un punto neurálgico era el municipio Miches, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron múltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio.
El grupo de imputados tenía también su propio ‘dealer’ para activar sus líneas de telefonía móvil, en la que usaban sobre todo teléfonos tipo BlackBerry, con el fin de dificultar las interceptaciones telefónicas de las autoridades.
Entre los imputados de la red figuran María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
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