AGENCIA AP
CIUDAD DE MÉXICO
Con escasos avances en la región y amenazas de posibles retrocesos por demandas judiciales, el jueves se conmemoró en Latinoamérica el Día de Acción Global por el Aborto Legal con movilizaciones en varias ciudades.
Las calles de Buenos Aires, la Ciudad de México, Bogotá, Lima, Caracas, Santiago y Quito se vistieron de verde para recibir a miles de manifestantes que exigen el fin de los obstáculos legales para la interrupción voluntaria del embarazo.
"En el caso del aborto y derechos sexuales y reproductivos, y en general todos los derechos humanos... Ninguno está escrito en piedra, y derecho que no se ejerce y que no se defiende se pierde", comentó en entrevista con The Associated Press Guillermo Rodríguez García, oficial de campañas en derechos sexuales y reproductivos de Amnistía Internacional en México. “Aun los avances son limitados; siempre pueden ser sujetos de ataques, de regresiones, de limitaciones”.
En un comunicado firmado por Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se recalcó que “en toda la región, el asedio y hostigamiento de actores antiderechos, e incluso la criminalización contra acompañantes de abortos o personas que buscan abortar, genera un entorno de zozobra, desinformación y desaliento" que en sí mismo es una barrera "para ejercer el derecho al aborto”.
Las marchas en ciudades de la región protestaban precisamente para mantener los avances de los últimos años. Es una tendencia en Latinoamérica que contrasta con la decisión de varios estados de Estados Unidos, que caminan justo en sentido contrario, aumentando las restricciones.
Con escasos avances en la región y amenazas de posibles retrocesos por demandas judiciales, el jueves se conmemoró en Latinoamérica el Día de Acción Global por el Aborto Legal con movilizaciones en varias ciudades.
Las calles de Buenos Aires, la Ciudad de México, Bogotá, Lima, Caracas, Santiago y Quito se vistieron de verde para recibir a miles de manifestantes que exigen el fin de los obstáculos legales para la interrupción voluntaria del embarazo.
"En el caso del aborto y derechos sexuales y reproductivos, y en general todos los derechos humanos... Ninguno está escrito en piedra, y derecho que no se ejerce y que no se defiende se pierde", comentó en entrevista con The Associated Press Guillermo Rodríguez García, oficial de campañas en derechos sexuales y reproductivos de Amnistía Internacional en México. “Aun los avances son limitados; siempre pueden ser sujetos de ataques, de regresiones, de limitaciones”.
En un comunicado firmado por Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se recalcó que “en toda la región, el asedio y hostigamiento de actores antiderechos, e incluso la criminalización contra acompañantes de abortos o personas que buscan abortar, genera un entorno de zozobra, desinformación y desaliento" que en sí mismo es una barrera "para ejercer el derecho al aborto”.
Las marchas en ciudades de la región protestaban precisamente para mantener los avances de los últimos años. Es una tendencia en Latinoamérica que contrasta con la decisión de varios estados de Estados Unidos, que caminan justo en sentido contrario, aumentando las restricciones.
SITUACIÓN EN MÉXICO
Al ritmo de tambores y bajo la consigna “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, miles de mexicanas de todas las edades salieron el jueves por la tarde a marchar por el centro de la capital para manifestarse a favor del aborto seguro.
Levantando carteles en los que se leía “abortar es un acto de amor” y “decidir sobre mi cuerpo es un acto político”, las manifestantes, algunas portando pañuelos verdes en el cuello, recorrieron las avenidas hasta llegar a la plaza del Zócalo, frente al Palacio Nacional, que fue cercado con vallas de metal.
Entre ellas, Cristina Santana, una psicóloga de 30 años, dijo que “estamos contentas por las sentencias de la Corte, pero todavía le falta mucho a esta lucha". Y mencionó que "falta garantizar el acceso, porque todavía incluso en los 12 estados que ya despenalizaron está muy complicado el acceso; todavía hay trabas, hay confusiones, y necesitamos llevar esta lucha hasta el final, hasta que de verdad el acceder a un aborto sea una realidad para todas las personas que lo necesitan”.
Frente al palacio presidencial estaba Ana Salado, una estudiante de arquitectura de 19 años, levantando un cartel en el que se leía: “las vidas por salvar están en el orfanato y en las calles, no en los úteros”.
La Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal este mes, en una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país y que da un paso más respecto de una sentencia de la corte del 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto.
Con la modificación del Código Penal Federal, todas las instituciones de salud federales, que cubren 70% de la población, están obligadas a prestar los servicios de interrupción del embarazo. No obstante, la sentencia no cubre a 20 de los 32 estados del país donde aún no se han modificado los códigos penales estatales en materia de aborto.
El máximo tribunal dijo en un comunicado que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son “inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”.
La Corte señaló que el Congreso debe derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal, que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el período de sesiones tras la notificación de la sentencia.
Hace dos años, la Suprema Corte anuló varios artículos de una ley del estado norteño de Coahuila en los que se consideraba delito abortar y se criminalizaba tanto a las mujeres como al personal que pudiera ayudarlas, con lo que obligó a los tribunales del país a no emprender más procesos judiciales por interrupción del embarazo.
La primera entidad mexicana en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue la Ciudad de México hace 15 años. Le siguió Oaxaca en 2019. A partir de 2021, los cambios legales graduales han sido continuos, y actualmente también está despenalizado en Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
Al ritmo de tambores y bajo la consigna “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, miles de mexicanas de todas las edades salieron el jueves por la tarde a marchar por el centro de la capital para manifestarse a favor del aborto seguro.
Levantando carteles en los que se leía “abortar es un acto de amor” y “decidir sobre mi cuerpo es un acto político”, las manifestantes, algunas portando pañuelos verdes en el cuello, recorrieron las avenidas hasta llegar a la plaza del Zócalo, frente al Palacio Nacional, que fue cercado con vallas de metal.
Entre ellas, Cristina Santana, una psicóloga de 30 años, dijo que “estamos contentas por las sentencias de la Corte, pero todavía le falta mucho a esta lucha". Y mencionó que "falta garantizar el acceso, porque todavía incluso en los 12 estados que ya despenalizaron está muy complicado el acceso; todavía hay trabas, hay confusiones, y necesitamos llevar esta lucha hasta el final, hasta que de verdad el acceder a un aborto sea una realidad para todas las personas que lo necesitan”.
Frente al palacio presidencial estaba Ana Salado, una estudiante de arquitectura de 19 años, levantando un cartel en el que se leía: “las vidas por salvar están en el orfanato y en las calles, no en los úteros”.
La Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal este mes, en una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país y que da un paso más respecto de una sentencia de la corte del 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto.
Con la modificación del Código Penal Federal, todas las instituciones de salud federales, que cubren 70% de la población, están obligadas a prestar los servicios de interrupción del embarazo. No obstante, la sentencia no cubre a 20 de los 32 estados del país donde aún no se han modificado los códigos penales estatales en materia de aborto.
El máximo tribunal dijo en un comunicado que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son “inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”.
La Corte señaló que el Congreso debe derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal, que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el período de sesiones tras la notificación de la sentencia.
Hace dos años, la Suprema Corte anuló varios artículos de una ley del estado norteño de Coahuila en los que se consideraba delito abortar y se criminalizaba tanto a las mujeres como al personal que pudiera ayudarlas, con lo que obligó a los tribunales del país a no emprender más procesos judiciales por interrupción del embarazo.
La primera entidad mexicana en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue la Ciudad de México hace 15 años. Le siguió Oaxaca en 2019. A partir de 2021, los cambios legales graduales han sido continuos, y actualmente también está despenalizado en Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
PERSPECTIVA EN ARGENTINA
En Buenos Aires, varios miles de activistas de organizaciones feministas y LGBT+ se movilizaron desde la histórica Plaza de Mayo hasta el Congreso para advertir sobre el riesgo de un retroceso de la agenda de género si triunfa la derecha en las elecciones generales del 22 de octubre.
Sara Rivas, una estudiante de arte de 28 años, sostenía un cartel escrito a mano que decía “los fachos arden al calor de la lucha feminista” y dibujada una figura del aspirante presidencial Javier Milei colgado con un pañuelo verde, que identifica a la campaña por el aborto.
“Más que ganar más derechos es hacerlos cumplir; o más importante es hacer valer lo que ya está”, declaró Rivas.
Milei, un economista ultraliberal, anunció que en caso de ganar la presidencia impulsará un plebiscito popular para derogar la despenalización del aborto, sancionada por el Congreso en 2022. Según un reporte del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), difundido en junio de este año, en 2022 se realizaron 96.664 interrupciones de embarazos en hospitales públicos, lo cual representa un aumento del 32% respecto al 2021.
Argentina ha estado a la vanguardia regional en el avance de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales desde 2010, cuando una ley consagró el matrimonio igualitario. Luego se sucedieron la ley de identidad de género, la despenalización del aborto y cupo trans.
En Buenos Aires, varios miles de activistas de organizaciones feministas y LGBT+ se movilizaron desde la histórica Plaza de Mayo hasta el Congreso para advertir sobre el riesgo de un retroceso de la agenda de género si triunfa la derecha en las elecciones generales del 22 de octubre.
Sara Rivas, una estudiante de arte de 28 años, sostenía un cartel escrito a mano que decía “los fachos arden al calor de la lucha feminista” y dibujada una figura del aspirante presidencial Javier Milei colgado con un pañuelo verde, que identifica a la campaña por el aborto.
“Más que ganar más derechos es hacerlos cumplir; o más importante es hacer valer lo que ya está”, declaró Rivas.
Milei, un economista ultraliberal, anunció que en caso de ganar la presidencia impulsará un plebiscito popular para derogar la despenalización del aborto, sancionada por el Congreso en 2022. Según un reporte del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), difundido en junio de este año, en 2022 se realizaron 96.664 interrupciones de embarazos en hospitales públicos, lo cual representa un aumento del 32% respecto al 2021.
Argentina ha estado a la vanguardia regional en el avance de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales desde 2010, cuando una ley consagró el matrimonio igualitario. Luego se sucedieron la ley de identidad de género, la despenalización del aborto y cupo trans.
PANORAMA DE COLOMBIA
En Colombia, la convocatoria para la marcha se dio en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, el jueves en la tarde. Allí se congregaron colectivos de mujeres que se movilizaron hasta la llamada Plaza de la Hoja, en el suroeste de la capital colombiana.
Desde el 2022, la Corte Constitucional, el tribunal que protege y orienta los principios de la constitución colombiana, determinó que la interrupción del embarazo es libre hasta la semana 24 del proceso de gestación.
De ahí para adelante, las mujeres que deseen que les hagan esta práctica tendrán que estar inmersas en una de tres causales: malformación del feto, riesgo para la vida de la madre o del bebé y violación. En este sentido, hay colectivos de mujeres que apoyan y orientan a las mujeres que quieren abortar.
Sin embargo, persisten las trabas en algunas instituciones de salud y de parte de algunos médicos, que recurren a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos. En estos casos, las mujeres deben acudir a apoyo legal para defender sus derechos.
En Colombia, la convocatoria para la marcha se dio en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, el jueves en la tarde. Allí se congregaron colectivos de mujeres que se movilizaron hasta la llamada Plaza de la Hoja, en el suroeste de la capital colombiana.
Desde el 2022, la Corte Constitucional, el tribunal que protege y orienta los principios de la constitución colombiana, determinó que la interrupción del embarazo es libre hasta la semana 24 del proceso de gestación.
De ahí para adelante, las mujeres que deseen que les hagan esta práctica tendrán que estar inmersas en una de tres causales: malformación del feto, riesgo para la vida de la madre o del bebé y violación. En este sentido, hay colectivos de mujeres que apoyan y orientan a las mujeres que quieren abortar.
Sin embargo, persisten las trabas en algunas instituciones de salud y de parte de algunos médicos, que recurren a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos. En estos casos, las mujeres deben acudir a apoyo legal para defender sus derechos.
MIRADA A EL SALVADOR
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos ocho años de cárcel. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima, y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y la República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no ha tenido resultado.
La mayoría de las mujeres juzgadas y castigadas son jóvenes pobres que no tienen acceso a servicios médicos y no pueden costear un viaje al exterior para someterse a un aborto ni pagar por buenos abogados sin son juzgadas. A veces son víctimas de violaciones.
Hasta 2022, se enjuició en El Salvador a al menos 181 mujeres que tuvieron emergencias obstétricas en las dos últimas décadas, según la organización sin fines de lucro Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, que busca la liberación de estas mujeres desde 2009. Al menos 65 mujeres fueron excarceladas con la ayuda de esta organización y sus aliados.
En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos humanos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos. El colectivo Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto afirma que a “Manuela” se le negó atención medica mientras estaba detenida.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos ocho años de cárcel. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima, y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y la República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no ha tenido resultado.
La mayoría de las mujeres juzgadas y castigadas son jóvenes pobres que no tienen acceso a servicios médicos y no pueden costear un viaje al exterior para someterse a un aborto ni pagar por buenos abogados sin son juzgadas. A veces son víctimas de violaciones.
Hasta 2022, se enjuició en El Salvador a al menos 181 mujeres que tuvieron emergencias obstétricas en las dos últimas décadas, según la organización sin fines de lucro Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, que busca la liberación de estas mujeres desde 2009. Al menos 65 mujeres fueron excarceladas con la ayuda de esta organización y sus aliados.
En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos humanos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos. El colectivo Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto afirma que a “Manuela” se le negó atención medica mientras estaba detenida.
ANÁLISIS DE CHILE
Centenares de mujeres, muchas con sus cuellos adornados por el tradicional pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal y seguro, se congregaron en un paseo frente al Palacio de gobierno para realizar un “pañuelazo” en defensa de la ley de aborto y para rechazar un intento de la ultraderecha y de la derecha tradicional por abolirla.
Agitaban banderas verdes y gritaban “esto sí, esto no, esto lo decido yo” y “alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista”.
El aborto está permitido en Chile en tres causales desde el 23 de septiembre de 2017, cuando se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que está en peligro la vida de la madre, por inviabilidad del feto y por violación.
La ley se aplicó por primera vez el 5 de octubre de 2017 en el hospital público San José de Santiago, cuando se interrumpió el embarazo de una niña de 12 años, producto de una violación. Según la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la mayoría de las personas que invocan la ley son niñas de 13 años. Desde la vigencia de la ley se han realizado unos 3.000 abortos, la mayoría —un 49%— por inviabilidad del feto, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.
Para la realización de un aborto por inviabilidad del feto o por el riesgo de muerte de la madre se necesitan al menos certificados de dos médicos.
La legislación establece penas que van desde tres a cinco años de cárcel para quienes practiquen un aborto al margen de la ley de tres causales, y la mujer que se realice una interrupción del embarazo o permita que un tercero lo haga, se arriesga a ir tres años a la cárcel.
El oficialismo de izquierda está preocupado por un artículo recientemente aprobado por el Consejo Constitucional, dominado por la oposición derechista, que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
El proyecto elaborado por el consejo será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre, y el gobierno teme que, de aprobarse la nueva Constitución, pueda afectar a la ley del aborto en tres causales. Además, el líder ultraderechista Arturo Squella anunció que si llegan a ser mayoría en el Congreso, “vamos a hacernos cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta (contra) la vida”.
Centenares de mujeres, muchas con sus cuellos adornados por el tradicional pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal y seguro, se congregaron en un paseo frente al Palacio de gobierno para realizar un “pañuelazo” en defensa de la ley de aborto y para rechazar un intento de la ultraderecha y de la derecha tradicional por abolirla.
Agitaban banderas verdes y gritaban “esto sí, esto no, esto lo decido yo” y “alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista”.
El aborto está permitido en Chile en tres causales desde el 23 de septiembre de 2017, cuando se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que está en peligro la vida de la madre, por inviabilidad del feto y por violación.
La ley se aplicó por primera vez el 5 de octubre de 2017 en el hospital público San José de Santiago, cuando se interrumpió el embarazo de una niña de 12 años, producto de una violación. Según la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la mayoría de las personas que invocan la ley son niñas de 13 años. Desde la vigencia de la ley se han realizado unos 3.000 abortos, la mayoría —un 49%— por inviabilidad del feto, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.
Para la realización de un aborto por inviabilidad del feto o por el riesgo de muerte de la madre se necesitan al menos certificados de dos médicos.
La legislación establece penas que van desde tres a cinco años de cárcel para quienes practiquen un aborto al margen de la ley de tres causales, y la mujer que se realice una interrupción del embarazo o permita que un tercero lo haga, se arriesga a ir tres años a la cárcel.
El oficialismo de izquierda está preocupado por un artículo recientemente aprobado por el Consejo Constitucional, dominado por la oposición derechista, que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
El proyecto elaborado por el consejo será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre, y el gobierno teme que, de aprobarse la nueva Constitución, pueda afectar a la ley del aborto en tres causales. Además, el líder ultraderechista Arturo Squella anunció que si llegan a ser mayoría en el Congreso, “vamos a hacernos cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta (contra) la vida”.
TENDENCIAS Y DESAFÍOS DE BRASIL
La legislación brasileña se ha mantenido virtualmente sin cambios desde 1940, permitiendo el aborto sólo en casos de violación y de peligro para la vida de la madre. Una orden de la Corte Suprema de 2012 amplió los supuestos a los casos en que el feto padece anencefalia.
Una de los magistrados del máximo tribunal de Brasil votó este mes a favor de despenalizar el aborto hasta la 12da semana de gestación, por considerar que su prohibición viola un derecho constitucional. La magistrada Rosa Weber emitió su voto una semana antes de jubilarse e, inmediatamente después, se aplazaron las deliberaciones hasta una fecha aún por determinar.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de extracción izquierdista, no se ha pronunciado sobre el caso.
El año pasado, durante la campaña electoral, afirmó que todo el mundo debería tener derecho al aborto, pero posteriormente matizó esa declaración al precisar que él personalmente se opone a la interrupción del embarazo y que corresponde al Poder Legislativo decidir al respecto, no al presidente.
Al asumir el cargo en enero, Lula retiró a Brasil de la Declaración del Consenso de Ginebra, una declaración internacional contra el aborto firmada por el gobierno de su predecesor, el derechista Jair Bolsonaro.
En 2018, un funcionario del Ministerio de Salud dijo que el gobierno calculaba que había alrededor de un millón de abortos inducidos anualmente, con procedimientos inseguros que causaban más de 250.000 hospitalizaciones y 200 muertes.
La legislación brasileña se ha mantenido virtualmente sin cambios desde 1940, permitiendo el aborto sólo en casos de violación y de peligro para la vida de la madre. Una orden de la Corte Suprema de 2012 amplió los supuestos a los casos en que el feto padece anencefalia.
Una de los magistrados del máximo tribunal de Brasil votó este mes a favor de despenalizar el aborto hasta la 12da semana de gestación, por considerar que su prohibición viola un derecho constitucional. La magistrada Rosa Weber emitió su voto una semana antes de jubilarse e, inmediatamente después, se aplazaron las deliberaciones hasta una fecha aún por determinar.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de extracción izquierdista, no se ha pronunciado sobre el caso.
El año pasado, durante la campaña electoral, afirmó que todo el mundo debería tener derecho al aborto, pero posteriormente matizó esa declaración al precisar que él personalmente se opone a la interrupción del embarazo y que corresponde al Poder Legislativo decidir al respecto, no al presidente.
Al asumir el cargo en enero, Lula retiró a Brasil de la Declaración del Consenso de Ginebra, una declaración internacional contra el aborto firmada por el gobierno de su predecesor, el derechista Jair Bolsonaro.
En 2018, un funcionario del Ministerio de Salud dijo que el gobierno calculaba que había alrededor de un millón de abortos inducidos anualmente, con procedimientos inseguros que causaban más de 250.000 hospitalizaciones y 200 muertes.
REALIDAD DE VENEZUELA
Cerca de un centenar mujeres, entre ellas representantes de grupos feministas y organizaciones de derechos humanos, se concentraron frente a la sede de la Asamblea Nacional, controlado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, para exigir que se eliminen varios artículos del Código Penal que castigan el aborto, un pedido que por años ha sido ignorado por los legisladores.
En Caracas, las manifestantes portaban carteles con lemas como “la penalización no elimina su práctica”, “ni muertas ni presas” y “aborto legal, seguro y gratuito”.
La organización feminista Tinta Violeta defendía que “volvemos a las calles para exigir el reconocimiento de nuestros derechos”.
En Venezuela el aborto está penalizado, con la excepción de que sea la única alternativa para “salvar la vida de la parturienta”. El Código Penal tipifica el aborto inducido como delito y penaliza a la mujer con seis meses a dos años de prisión. Esto no ha variado desde 1897, pese a que el Código Penal fue reformado en el 2000 y 2005.
Las autoridades, sin embargo, no son muy rigurosas a la hora de aplicar la ley.
Las leyes venezolanas también contemplan varias figuras delictivas del aborto, como el aborto procurado por la misma mujer embarazada (voluntario), el provocado por una tercera persona y el sufrido, el que se realice a una mujer sin su consentimiento, en contra de su voluntad.
En contraste, el Código Penal promueve reducciones en el caso de que "el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”.
Cerca de un centenar mujeres, entre ellas representantes de grupos feministas y organizaciones de derechos humanos, se concentraron frente a la sede de la Asamblea Nacional, controlado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, para exigir que se eliminen varios artículos del Código Penal que castigan el aborto, un pedido que por años ha sido ignorado por los legisladores.
En Caracas, las manifestantes portaban carteles con lemas como “la penalización no elimina su práctica”, “ni muertas ni presas” y “aborto legal, seguro y gratuito”.
La organización feminista Tinta Violeta defendía que “volvemos a las calles para exigir el reconocimiento de nuestros derechos”.
En Venezuela el aborto está penalizado, con la excepción de que sea la única alternativa para “salvar la vida de la parturienta”. El Código Penal tipifica el aborto inducido como delito y penaliza a la mujer con seis meses a dos años de prisión. Esto no ha variado desde 1897, pese a que el Código Penal fue reformado en el 2000 y 2005.
Las autoridades, sin embargo, no son muy rigurosas a la hora de aplicar la ley.
Las leyes venezolanas también contemplan varias figuras delictivas del aborto, como el aborto procurado por la misma mujer embarazada (voluntario), el provocado por una tercera persona y el sufrido, el que se realice a una mujer sin su consentimiento, en contra de su voluntad.
En contraste, el Código Penal promueve reducciones en el caso de que "el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”.
PERÚ: PERSPECTIVAS LEGALES Y SOCIALES
En Lima, cientos de mujeres, algunas vestidas con uniformes de escolares y otras con pañuelos verdes en el cuello, marcharon por las calles de una zona de clase media capitalina exigiendo un aborto seguro.
“Niñas sí, madres no” o “señor, señora no sea indiferente, se violan a las niñas en la cara de la gente” eran los cánticos que se escuchaban mientras otro grupo tocaba ritmos de batucada. Algunos letreros escritos con tinta verde decían “embarazo forzado es violación de Estado” o “abortar no es un debate, es un derecho”.
Perú tenía fresco el recuerdo de una noticia del día anterior cuando una adolescente violada de 13 años murió por complicaciones posteriores al parto antes de llegar a un hospital de la Amazonía.
En junio de 2023, la ONU declaró que Perú violó los derechos a la salud y vida de una niña embarazada por su propio padre a los 13 años en 2017 al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. Tras sufrir un aborto espontáneo la niña abandonó su pueblo, su escuela y la fiscalía le inició una investigación por “autoaborto” que duró tres años antes de archivar la indagación.
Pese a que desde 1924 Perú legalizó el aborto terapéutico, permitido en caso de peligro para la salud de la madre, existen enormes obstáculos que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres para interrumpir un embarazo. No hay estadísticas oficiales de cuántos abortos terapéuticos se han negado en los nosocomios. En casi 20 años los hospitales de Perú sólo realizaron dos abortos terapéuticos en niñas de 11 años o menos y otros 301 entre 2012 y 2022, según datos oficiales.
De acuerdo con cifras oficiales de 2022, cada día cuatro niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, y cada hora seis adolescentes de entre 15 y 19 años también dan a luz.
Entre enero y abril, los centros emergencia atendieron 2.388 casos de violación sexual hacia niñas y adolescentes. Un promedio de 20 niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual cada día. La ley peruana indica que la edad mínima de consentimiento sexual en Perú es de 14 años y, por debajo de ese rango, constituye delito de violación sexual.
En Lima, cientos de mujeres, algunas vestidas con uniformes de escolares y otras con pañuelos verdes en el cuello, marcharon por las calles de una zona de clase media capitalina exigiendo un aborto seguro.
“Niñas sí, madres no” o “señor, señora no sea indiferente, se violan a las niñas en la cara de la gente” eran los cánticos que se escuchaban mientras otro grupo tocaba ritmos de batucada. Algunos letreros escritos con tinta verde decían “embarazo forzado es violación de Estado” o “abortar no es un debate, es un derecho”.
Perú tenía fresco el recuerdo de una noticia del día anterior cuando una adolescente violada de 13 años murió por complicaciones posteriores al parto antes de llegar a un hospital de la Amazonía.
En junio de 2023, la ONU declaró que Perú violó los derechos a la salud y vida de una niña embarazada por su propio padre a los 13 años en 2017 al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. Tras sufrir un aborto espontáneo la niña abandonó su pueblo, su escuela y la fiscalía le inició una investigación por “autoaborto” que duró tres años antes de archivar la indagación.
Pese a que desde 1924 Perú legalizó el aborto terapéutico, permitido en caso de peligro para la salud de la madre, existen enormes obstáculos que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres para interrumpir un embarazo. No hay estadísticas oficiales de cuántos abortos terapéuticos se han negado en los nosocomios. En casi 20 años los hospitales de Perú sólo realizaron dos abortos terapéuticos en niñas de 11 años o menos y otros 301 entre 2012 y 2022, según datos oficiales.
De acuerdo con cifras oficiales de 2022, cada día cuatro niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, y cada hora seis adolescentes de entre 15 y 19 años también dan a luz.
Entre enero y abril, los centros emergencia atendieron 2.388 casos de violación sexual hacia niñas y adolescentes. Un promedio de 20 niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual cada día. La ley peruana indica que la edad mínima de consentimiento sexual en Perú es de 14 años y, por debajo de ese rango, constituye delito de violación sexual.
RADIOGRAFÍA DE ECUADOR
En una fría tarde quiteña, una 500 mujeres se reunieron y caminaron hacia el centro capitalino en una ruidosa marcha portando pañoletas verdes en el cuello, al ritmo de tambores y cornetas, con carteles como “aborto es un derecho”, “aborto legal” o “si el papa sería mujer, el aborto sería legal”.
En Ecuador la interrupción del embarazo está permitida en casos de violación o cuando represente un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y éste no pueda ser evitado por otros medios. Según la ley, podrá efectuarse hasta las 12 semanas de gestación.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso incluyó, tras aprobar el proyecto, el principio de objeción de conciencia de los médicos e instituciones privadas, que podrán derivar el caso a otro establecimiento.
Entre los requisitos que debe cumplir una víctima de violación está la presentación de una denuncia —excepto en casos de mujeres con discapacidad mental—, así como una declaración juramentada o la certificación médica que determine indicios de la violación.
La despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador se logró en 2021, cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal que penalizaban el aborto voluntario en casos de violación.
Antes de esto, el aborto era permitido únicamente en casos de discapacidad mental y por peligro de vida de la madre.
En una fría tarde quiteña, una 500 mujeres se reunieron y caminaron hacia el centro capitalino en una ruidosa marcha portando pañoletas verdes en el cuello, al ritmo de tambores y cornetas, con carteles como “aborto es un derecho”, “aborto legal” o “si el papa sería mujer, el aborto sería legal”.
En Ecuador la interrupción del embarazo está permitida en casos de violación o cuando represente un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y éste no pueda ser evitado por otros medios. Según la ley, podrá efectuarse hasta las 12 semanas de gestación.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso incluyó, tras aprobar el proyecto, el principio de objeción de conciencia de los médicos e instituciones privadas, que podrán derivar el caso a otro establecimiento.
Entre los requisitos que debe cumplir una víctima de violación está la presentación de una denuncia —excepto en casos de mujeres con discapacidad mental—, así como una declaración juramentada o la certificación médica que determine indicios de la violación.
La despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador se logró en 2021, cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal que penalizaban el aborto voluntario en casos de violación.
Antes de esto, el aborto era permitido únicamente en casos de discapacidad mental y por peligro de vida de la madre.
¿Y BOLIVIA?
El aborto en Bolivia no está permitido salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro.
En 2014 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que estableció que ya no se precisa autorización judicial y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico.
Según datos del Ministerio de Salud, entre enero y noviembre de este año se practicaron 825 interrupciones legales de embarazo, o abortos; el 45%, 343, fueron por violencia sexual.
El aborto en Bolivia no está permitido salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro.
En 2014 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que estableció que ya no se precisa autorización judicial y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico.
Según datos del Ministerio de Salud, entre enero y noviembre de este año se practicaron 825 interrupciones legales de embarazo, o abortos; el 45%, 343, fueron por violencia sexual.
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