jueves, 26 de octubre de 2023

Objetan entreguen aeropuertos a una empresa, sin licitación

 

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Miguel Surun Hernández 

SANTO DOMINGO. RD.

El Colegio de Abogados de la República Dominica (CARD) interpuso formal oposición a que sea aprobado un proyecto de ley de “Medidas Regulatorias a los Contratos de Concesión suscritos con anterioridad a la ley 340-06”.

La entidad profesional considera que esta pieza permitiría entregar por 30 años más, sin licitación ni transparencia, la operación y usufructo de al menos seis aeropuertos propiedad del Estado Dominicano.

Entre ellos, dijo, los internacionales Las Américas, de Santo Domingo; Presidente Dr. Joaquín Balaguer, de Santo Domingo Norte; Gregorio Luperón, de Puerto Plata; María Montés, Barahona; Presidente Juan Bosch, de Samaná y Arroyo Barril, Samaná.

FLEXIBILIZACIÓN DE CONDICIONES

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, dijo que, de aprobarse esta iniciativa, además se permitiría flexibilizar las condiciones originales del operador respecto a inversión y potestad de aumento de tarifas aeroportuarias, sin la posibilidad de un proceso abierto, transparente, en el que pueda ser seleccionada la mejor oferta económica y de mejor servicio para los pasajeros en los distintos aeropuertos en nuestro país.

“Autorizar por ley a funcionarios para entregar los bienes del Estado Dominicano, de grado a grado, sin transparencia, sin licitación y de manera discrecional en violación de los principios de transparencia consagrados por la Constitución, es un atentado contra el Pueblo Dominicano”, añadió.

HABRÍA ADELANTO DE US$800 MILLONES

El Colegio de Abogados dice tener informes de que hay “conversaciones avanzadas” entre funcionarios y ejecutivos de la empresa donde operan dichos aeropuertos para que luego de la aprobación de dicha ley, renegocien la entrega de los citados aeropuertos,

Alega que la intención en este sentido es flexibilizar las condiciones originales y autorizar a duplicar las tarifas aeroportuarias, a cambio de un adelanto de US$800 millones de dólares, en perjuicio del Estado dominicano”.

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