Varios empleados Intrant han sido suspendidos por caso semáforos

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SANTO DOMINGO. RD.

Al menos diez empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) han sido suspendidos por caso Transcore Latam.

Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas (DGCP), informó que los suspendidos son integrantes del comité de compras y peritos que actuó en la «irregular» contratación de un servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.

FALSIFICACION DOCUMENTOS

Entre las irregularidades detectadas en el contrato figuran “indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa” y “movimientos sospechosos de accionistas”.

Pimentel dijo haber depositado ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam y se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.

“Anulamos el pliego de condiciones, informe preliminar, definitivo y acta de adjudicación, toda la información que permite que suscite un contrato”, dijo.

INTRANT ESTRUCTURO TODO

Reveló que el INTRANT «estructuró todo» para que dicha empresa fuese adjudicada «y las cinco resoluciones demuestran esto».

«También se mantuvieron informados de las investigaciones que se realizaban todo el tiempo; sin embargo, no respondieron hasta que estaban finalizando la investigación y realizaron una reunión», declaró Pimental en el programa «El Día».

Agregó que «ejecutaron un rastreo de las compañías para conocer que el beneficiario final era Jochy Gómez y pagaron un 20% de anticipo, equivalente a 260 millones de pesos».

Dijo que la DGCP emitió dos resoluciones y un informe de cumplimiento que serán remitidos a las procuradurías General de la República y Especializada de la Persecución de la Corrupción “a fin de que se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”.