SANTO DOMINGO. RD.
Participación Ciudadana (PC) rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de entregar a los partidos políticos fondos no consignados en el Presupuesto General de la nación.
Indicó que con esa medida se viola ley y se sienta un precedente que puede traer graves consecuencias al país.
La posición de la entidad no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, está contenida en un comunicado de prensa emitido este jueves cuyo texto es el siguiente:
«Después de someter esta decisión a un profundo análisis, Participación Ciudadana rechaza, tal y como lo hemos hecho en decenas de oportunidades, cualquier decisión que se apoye en violaciones a las leyes, mucho más cuando las mismas se toman para beneficio de los mismos que tienen potestad legal para crearlas y hacerlas cumplir.
Lo primero que el país debe tener claro es que el monto aprobado para financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es producto de un error u omisión de ninguna de las partes involucradas. La realidad es que esa reducción, al igual que la que se aplica a otras doce instituciones o sectores, se ha venido produciendo año tras año, debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que leyes especiales consignan para distintas instituciones.
Todos los gobiernos de las últimas décadas, en acuerdo con el Congreso Nacional, han tomado esa decisión porque no han tenido la voluntad ni de hacer una reforma fiscal para elevar considerablemente las recaudaciones, ni tampoco para buscar el consenso necesario para reformar las leyes especiales que consignan porcentajes fijos del presupuesto.
En consecuencia, tal como lo ha hecho desde hace décadas en los presupuestos de cada año, el artículo 51 de la Ley No.80-23 que aprobó el presupuesto del 2024 establece: “Ajustes a recursos asignados por leyes especiales. Con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley núm. 423-06, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden, según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes”.
Entre las que reciben recortes presupuestarios, no solo está la JCE, incluyendo las asignaciones a los partidos, sino también instituciones tan necesitadas de recursos como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la UASD, la Cámara de Cuentas, entre un total de trece.
De manera que, aunque debemos aspirar a corregir irregularidades como ésta, al menos tenemos que admitir que es un recurso transparente y aceptado por todas las partes, cosa que no pasa con la decisión que acaba de tomar el Gobierno para complacer a los partidos políticos.
El párrafo del artículo 234 de la Constitución señala que, una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley. Adicionalmente el artículo 236 dispone que ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviese autorizada por la ley. La decisión en cuestión también viola el principio de especialidad cualitativa, que se refiere a que los recursos deben ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto, como lo señala el artículo 11, literal g de la Ley Orgánica de Presupuesto.
A la luz de estos preceptos constitucionales y legales, sólo el Congrego Nacional, el mismo que aprobó el presupuesto del 2024 con las partidas que hoy se reclaman, está facultado para modificarlo, previa presentación de un presupuesto complementario por parte del Gobierno central.
El uso de recursos que se habían consignado para otros fines en el presupuesto de la JCE es ilegal y aún más ilegal es hacerlo bajo un compromiso del Poder Ejecutivo de que reestablecerá esos recursos, porque eso es pasarle por encima al Congreso Nacional, una violación inaceptable por la separación de poderes. Si este organismo no protesta esa decisión es porque todos los partidos se beneficiarán de la misma.
El “bajadero” autorizado por el Gobierno para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley, que sienta un precedente que puede traer graves problemas en el futuro. El país deberá abocarse a resolver de manera institucional todos los asuntos que conllevan a estas violaciones anuales en el presupuesto.
Participación Ciudadana aspira a que, en una próxima revisión constitucional se revisen las condiciones y montos de financiamiento que se consignaron en las leyes electoral y de partidos, a la luz de los pobres resultados que hemos tenido.
Pero hasta que eso se produzca, no podemos pasar por alto, ni apoyar violaciones a las leyes como la que se ha anunciado, ni mucho menos que se hagan en beneficio del sector que toma las decisiones, en detrimento de las demás instituciones y sectores que todos los años reciben un presupuesto muy por debajo de sus necesidades.
Indicó que con esa medida se viola ley y se sienta un precedente que puede traer graves consecuencias al país.
La posición de la entidad no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, está contenida en un comunicado de prensa emitido este jueves cuyo texto es el siguiente:
«Después de someter esta decisión a un profundo análisis, Participación Ciudadana rechaza, tal y como lo hemos hecho en decenas de oportunidades, cualquier decisión que se apoye en violaciones a las leyes, mucho más cuando las mismas se toman para beneficio de los mismos que tienen potestad legal para crearlas y hacerlas cumplir.
Lo primero que el país debe tener claro es que el monto aprobado para financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es producto de un error u omisión de ninguna de las partes involucradas. La realidad es que esa reducción, al igual que la que se aplica a otras doce instituciones o sectores, se ha venido produciendo año tras año, debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que leyes especiales consignan para distintas instituciones.
Todos los gobiernos de las últimas décadas, en acuerdo con el Congreso Nacional, han tomado esa decisión porque no han tenido la voluntad ni de hacer una reforma fiscal para elevar considerablemente las recaudaciones, ni tampoco para buscar el consenso necesario para reformar las leyes especiales que consignan porcentajes fijos del presupuesto.
En consecuencia, tal como lo ha hecho desde hace décadas en los presupuestos de cada año, el artículo 51 de la Ley No.80-23 que aprobó el presupuesto del 2024 establece: “Ajustes a recursos asignados por leyes especiales. Con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley núm. 423-06, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden, según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes”.
Entre las que reciben recortes presupuestarios, no solo está la JCE, incluyendo las asignaciones a los partidos, sino también instituciones tan necesitadas de recursos como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la UASD, la Cámara de Cuentas, entre un total de trece.
De manera que, aunque debemos aspirar a corregir irregularidades como ésta, al menos tenemos que admitir que es un recurso transparente y aceptado por todas las partes, cosa que no pasa con la decisión que acaba de tomar el Gobierno para complacer a los partidos políticos.
El párrafo del artículo 234 de la Constitución señala que, una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley. Adicionalmente el artículo 236 dispone que ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviese autorizada por la ley. La decisión en cuestión también viola el principio de especialidad cualitativa, que se refiere a que los recursos deben ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto, como lo señala el artículo 11, literal g de la Ley Orgánica de Presupuesto.
A la luz de estos preceptos constitucionales y legales, sólo el Congrego Nacional, el mismo que aprobó el presupuesto del 2024 con las partidas que hoy se reclaman, está facultado para modificarlo, previa presentación de un presupuesto complementario por parte del Gobierno central.
El uso de recursos que se habían consignado para otros fines en el presupuesto de la JCE es ilegal y aún más ilegal es hacerlo bajo un compromiso del Poder Ejecutivo de que reestablecerá esos recursos, porque eso es pasarle por encima al Congreso Nacional, una violación inaceptable por la separación de poderes. Si este organismo no protesta esa decisión es porque todos los partidos se beneficiarán de la misma.
El “bajadero” autorizado por el Gobierno para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley, que sienta un precedente que puede traer graves problemas en el futuro. El país deberá abocarse a resolver de manera institucional todos los asuntos que conllevan a estas violaciones anuales en el presupuesto.
Participación Ciudadana aspira a que, en una próxima revisión constitucional se revisen las condiciones y montos de financiamiento que se consignaron en las leyes electoral y de partidos, a la luz de los pobres resultados que hemos tenido.
Pero hasta que eso se produzca, no podemos pasar por alto, ni apoyar violaciones a las leyes como la que se ha anunciado, ni mucho menos que se hagan en beneficio del sector que toma las decisiones, en detrimento de las demás instituciones y sectores que todos los años reciben un presupuesto muy por debajo de sus necesidades.
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