Luis Abinader
Santo Domingo, RD.
El presidente dominicano, Luis Abinader, asumirá el próximo viernes su segundo y último periodo de Gobierno tras lograr la reelección en mayo pasado, y lo hará con la vista puesta en una reforma constitucional, criticada por muchos, y una reforma fiscal, postergada durante años.
A solo horas de conocerse los resultados de las elecciones de mayo, Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, liberal y progresista), anunció su intención de cambiar la Constitución, la cual sería la cuarta reforma de este siglo, y todo indica que lo hará.
Confiando en que esta «sea la última» reforma, Abinader, un economista de 57 años de edad, no debería tener mayores inconvenientes en llevar a buen puerto esta propuesta de cambios en la Carta Magna, si se tiene en cuenta que el PRM controlará mayoritariamente el Congreso Nacional (bicameral) a partir del viernes, tras alzarse en los comicios con 29 de los 32 senadores y 146 de los 190 diputados.
La iniciativa, que será presentada al Congreso coincidiendo con la investidura, tiene entre sus principales objetivos impedir modificaciones a las reglas de elección presidencial (limitada a dos mandatos consecutivos), consolidar la independencia del Ministerio Público (Fiscalía), reducir el número de diputados y unificar la celebración de elecciones, de acuerdo con la propuesta presentada por Abinader hace unos días ante la prensa.
No se trata, dijo entonces, de «una reforma coyuntural impulsada por necesidades político partidarias o aspiraciones individuales», sino que está «pensada para el beneficio de la colectividad» y para consolidar los principios de democracia, transparencia e institucionalidad, como «un blindaje a la democracia».
Pero, al mismo tiempo que desde el Gobierno y el PRM se defiende la eventual reforma, también crecen las críticas de la oposición, que considera inoportuno un cambio de la Carta Magna.
Entre los críticos se encuentra el expresidente dominicano Leonel Fernández, quien se enfrentó a Abinader en los comicios y que considera que la mejor forma de proteger la Constitución es no tocarla, aunque él ya lo hizo en 2010.
A cambio, el tres veces presidente dominicano, cuyo partido, la Fuerza del Pueblo, es la segunda formación en el Congreso Nacional, propone que se apruebe la ley de referéndum, contemplado en la Constitución de 2010, pero aún sin legislación al respecto.
A los cuestionamientos también se han sumado los fiscales, quienes temen que, mediante la reforma, se elimine el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que Abinader niega.
Junto al cambio constitucional, Abinader también tiene en la mira una reforma fiscal.
República Dominicana -con una tasa media anual de crecimiento de aproximadamente el 5 % por décadas y que, según informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encabezará este 2024 el crecimiento de la región con un 5,2 %- tiene pendiente desde hace años una reforma fiscal, una promesa ya de la campaña de Abinader para los comicios de 2020.
De hecho, a solos dos meses de asumir el poder por primera vez y en medio de la pandemia por la covid-19, el gobernante presentó un plan con nuevos impuestos para afrontar la crisis, pero terminó retirándolo por las críticas.
Representantes del sector público, del privado e incluso de organismo internacionales entienden que la reforma es impostergable.
De acuerdo con un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma fiscal puede ayudar a la República Dominicana a captar más inversión.
Sin embargo, «más allá del muy necesario aumento de los ingresos tributarios», la reforma fiscal integral «debería incluir la adopción de una regla fiscal que establezca límites sobre la deuda pública a largo plazo, los cuales aumentarían la certidumbre y ayudarían a salvaguardar la sostenibilidad fiscal», señala el FMI.
Otra reforma «de importancia crítica», de acuerdo con el organismo crediticio, es abordar las ineficiencias del sector eléctrico, las cuales vienen de lejos y han provocado cuantiosas pérdidas, que promedian entre el 1 % y el 2 % del PIB anual en la última década.
Al margen de estos temas, Abinader también tendrá que afrontar en estos próximos cuatro años deudas sociales de larga data, junto con el deficiente sistema sanitario, la informalidad laboral o la inseguridad.
Y al mismo tiempo deberá hacer frente al cada vez más caótico tránsito, que cada año provoca entre 3.000 y 4.000 muertos, convirtiendo al país en uno de los primeros lugares del mundo en siniestros en carretera.
A solo horas de conocerse los resultados de las elecciones de mayo, Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, liberal y progresista), anunció su intención de cambiar la Constitución, la cual sería la cuarta reforma de este siglo, y todo indica que lo hará.
Confiando en que esta «sea la última» reforma, Abinader, un economista de 57 años de edad, no debería tener mayores inconvenientes en llevar a buen puerto esta propuesta de cambios en la Carta Magna, si se tiene en cuenta que el PRM controlará mayoritariamente el Congreso Nacional (bicameral) a partir del viernes, tras alzarse en los comicios con 29 de los 32 senadores y 146 de los 190 diputados.
La iniciativa, que será presentada al Congreso coincidiendo con la investidura, tiene entre sus principales objetivos impedir modificaciones a las reglas de elección presidencial (limitada a dos mandatos consecutivos), consolidar la independencia del Ministerio Público (Fiscalía), reducir el número de diputados y unificar la celebración de elecciones, de acuerdo con la propuesta presentada por Abinader hace unos días ante la prensa.
No se trata, dijo entonces, de «una reforma coyuntural impulsada por necesidades político partidarias o aspiraciones individuales», sino que está «pensada para el beneficio de la colectividad» y para consolidar los principios de democracia, transparencia e institucionalidad, como «un blindaje a la democracia».
Pero, al mismo tiempo que desde el Gobierno y el PRM se defiende la eventual reforma, también crecen las críticas de la oposición, que considera inoportuno un cambio de la Carta Magna.
Entre los críticos se encuentra el expresidente dominicano Leonel Fernández, quien se enfrentó a Abinader en los comicios y que considera que la mejor forma de proteger la Constitución es no tocarla, aunque él ya lo hizo en 2010.
A cambio, el tres veces presidente dominicano, cuyo partido, la Fuerza del Pueblo, es la segunda formación en el Congreso Nacional, propone que se apruebe la ley de referéndum, contemplado en la Constitución de 2010, pero aún sin legislación al respecto.
A los cuestionamientos también se han sumado los fiscales, quienes temen que, mediante la reforma, se elimine el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que Abinader niega.
Junto al cambio constitucional, Abinader también tiene en la mira una reforma fiscal.
República Dominicana -con una tasa media anual de crecimiento de aproximadamente el 5 % por décadas y que, según informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encabezará este 2024 el crecimiento de la región con un 5,2 %- tiene pendiente desde hace años una reforma fiscal, una promesa ya de la campaña de Abinader para los comicios de 2020.
De hecho, a solos dos meses de asumir el poder por primera vez y en medio de la pandemia por la covid-19, el gobernante presentó un plan con nuevos impuestos para afrontar la crisis, pero terminó retirándolo por las críticas.
Representantes del sector público, del privado e incluso de organismo internacionales entienden que la reforma es impostergable.
De acuerdo con un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma fiscal puede ayudar a la República Dominicana a captar más inversión.
Sin embargo, «más allá del muy necesario aumento de los ingresos tributarios», la reforma fiscal integral «debería incluir la adopción de una regla fiscal que establezca límites sobre la deuda pública a largo plazo, los cuales aumentarían la certidumbre y ayudarían a salvaguardar la sostenibilidad fiscal», señala el FMI.
Otra reforma «de importancia crítica», de acuerdo con el organismo crediticio, es abordar las ineficiencias del sector eléctrico, las cuales vienen de lejos y han provocado cuantiosas pérdidas, que promedian entre el 1 % y el 2 % del PIB anual en la última década.
Al margen de estos temas, Abinader también tendrá que afrontar en estos próximos cuatro años deudas sociales de larga data, junto con el deficiente sistema sanitario, la informalidad laboral o la inseguridad.
Y al mismo tiempo deberá hacer frente al cada vez más caótico tránsito, que cada año provoca entre 3.000 y 4.000 muertos, convirtiendo al país en uno de los primeros lugares del mundo en siniestros en carretera.
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